Cultura de la violación: una polémica irreal

La “Cultura de la violación es un concepto feminista que describe la violación como un problema social y cultural que es aceptado y normalizado debido a actitudes sociales sobre el género, el sexo y la sexualidad”. Un término utilizado desde los años 70 y aplicado, entonces a la sociedad americana en su conjunto, adoptado finalmente por la ONU.

El revuelo que provocó que, la ministra de Igualdad, nombrara dicho concepto, dirigiéndose al Partido Popular, fue resultado de la evidente ignorancia de dicho grupo que, desconociendo el concepto, pensó que se les acusaba de promover la violación con sus campañas y armó, una vez más, la marimorena. De haber sabido de qué se hablaba, no se hubieran exaltado como lo hicieron, conocedores de que dicho concepto va dirigido a quienes, en violencia sexual contra la mujer, ponen más el foco en que sea ésta quien la evite, que contra el agresor, el único y verdadero culpable.

Un concepto, por otra parte, el de Cultura de la Violación, en el que, se pongan como se pongan sus señorías de la derecha, la campaña gallega que flotaba en el ambiente, encaja a la perfección.

La “Ley del sólo sí es sí” es una ley que, como es habitual, la derecha irracional de este país no analiza ni valora, positiva o negativamente, en sí misma, sino que utiliza como arma de ataque e insulto, en este caso, a la ministra de igualdad, Irene Montero, sin importar que ya se haya realizado su tramitación o que en la sesión, “barriobajera” más que parlamentaria, se estuvieran debatiendo unos presupuestos generales que parecían no interesarles lo más mínimo a los dolidos diputados de la derecha.

Una ley que, a pesar de todas las críticas que está recibiendo por alguna rebaja de penas a algún condenado, ni está llenando, como dicen los discursos, siempre hiperbólicos del PP, las calles de violadores, ni está prevista para endurecer las penas. Su objetivo fundamental es una protección, mejor y más completa de la mujer en cuanto a su libertad sexual. Esta ley evitará la hasta ahora demasiado común escapatoria de los agresores por la vía del abuso, unificados ya ambos delitos, ni se pondrá en duda el no consentimiento de la víctima, habitual herramienta de defensa de abogados “listillos” para intentar conseguir la absolución de sus clientes o, como mínimo, evitar condenas mayores. La ley establece que, toda relación sexual ha de contar con el consentimiento expreso.

Ya no cabrá, en modo alguno, que alguna jueza haga preguntas tan indecentes, a la víctima, como si cerró, o no, bien las piernas. También se evitará que algún obseso juez sea tan miserable como para ver “jolgorio y regocijo” en el rostro de una mujer mientras está sufriendo, en un portal, una violación en grupo.

La libertad sexual de la mujer, y con ello una Sociedad mejor, está mas garantizada ahora que antes, y si la única objeción es algún posible defecto de redacción, no porque lo diga el PP, sino porque sea la conclusión argumentada a la que lleguen juristas profesionales, entonces corríjase lo antes posible.

Igualmente, ha de modificarse, también con urgencia, la pésima redacción de nuestra Constitución que, a todas luces, tiene algún “grave resquicio” cuando, por una parte, señala una obligación, pero, por otra, no marca la forma de que se haga cumplir. Error de redacción u omisión que permite, al Partido Popular y su escasa cultura democrática, incumplirla descaradamente y mantener, ya por cuatro años, bloqueado y sin renovar el CGPJ. Aunque de ese tremendo fallo no se queja, sino que se aprovecha para gozar, más tiempo, de jueces afines en la Cúpula Judicial.

Marino Carazo Martín