Comunicado del FJI sobre las declaraciones de la ministra de igualdad en el congreso de los diputados

En el día de ayer tuvimos conocimiento de las siguientes palabras pronunciadas por la Sra. Ministra de Igualdad, Dª. Irene Montero, en el Congreso de los Diputados:

“Quiero recordarle, Señoría, que la mayoría de jueces y juezas de este país están aplicando bien la Ley, y que sólo una minoría de jueces están tomando decisiones contrarias a la Ley y al Derecho Transitorio, y rebajando condenas a agresores sexuales. Con eso lo que quiero decir es que la Ley está bien para la mayoría, que lo aplica bien, y mal para la minoría, que la aplica mal” (sic),

Estas declaraciones están siendo repetidas diariamente por diversos cargos de su equipo ministerial en todo tipo de ámbitos.

El art. 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados”.

En la misma línea, la Recomendación (2010)12, del Comité de Ministros del CoE, sobre “Jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades”, indicaba en su apartado 18 que “si se comentan las decisiones de los jueces, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar críticas que puedan socavar la independencia o la confianza pública en el poder judicial”.

No es admisible que una ministra del gobierno decida cuál es la interpretación correcta de las normas y divida a los miembros de la carrera judicial entre buenos y malos, en función del criterio de interpretación que sostengan.

Sin duda, las personas que integramos la carrera judicial habríamos agradecido que la Ley de reforma del Código Penal para la modificación de los delitos contra la libertad sexual se hubiese podido realizar de manera sencilla, ordenada y carente de controversia. No hemos deseado vernos abocados a un minucioso ejercicio de examen de expedientes para revisión de condenas. No es desde luego una tarea grata.

Y lo que ya resulta inaceptable es afirmar que algunos “jueces” -esta vez renunciando a la utilización del lenguaje inclusivo para introducir una velada acusación de machismo- estén tomando decisiones “contrarias a la Ley”, aprovechando su posición pública para trasladar a la carrera judicial la responsabilidad de las consecuencias de su aplicación. Nos parece muy grave.

Esta asociación ya emitió un Comunicado en fecha 17 de noviembre de 2022 en el que se solicitaba la dimisión de la Sra. Ministra de Igualdad, por las declaraciones vertidas sobre miembros de la carrera judicial, también con motivo de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Lamentablemente, no podemos sino ratificarnos en aquella petición.

Asimismo, lamentamos el silencio y la pasividad del Consejo General del Poder Judicial, ante manifestaciones de miembros de otros poderes del Estado que atentan gravemente contra el principio de independencia judicial y pretenden poner en duda la profesionalidad de los/as jueces/as y magistrados/as de este país, y minar la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Un Consejo que ha sido privado de funciones y que no ejerce las pocas que le quedan.