ATENEO
¿A dónde va la humanidad?
Rosa María Arteaga Cerrada
Celebrado el tradicional, mediático, animado e indiscutido “Día de la mujer 2023”, es momento de reflexionarlo en relación con tantas otras manipulaciones de las que la Humanidad en su conjunto está siendo objeto. Soy consciente de que es una afirmación demasiado rotunda cuando no hay muestras generalizadas de que sea una percepción notoriamente compartida, pero profundizar en los relatos que reducen la realidad a eslóganes de pancarta es una exigencia irrenunciable en el ejercicio de la libertad. Libertad que se circunscribe a la posibilidad de elegir según las circunstancias personales de cada uno en una sociedad claramente desigualitaria, donde la igualdad de oportunidades son también eslóganes electoralistas inalcanzados porque ninguna efectiva acción política para conseguirlo se ha puesto nunca en marcha. Lo más lejos que se llega es a elaborar leyes que, cuando no profundizan más la brecha, que también las hay que lo hacen, cumplen con el refrán de que “del dicho al hecho hay mucho trecho”.
Estamos en la época de “implementar” la Agenda 2030, que fue aprobada en septiembre de 2015, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Se marcaban 17 objetivos de lo que denominaron “Desarrollo Sostenible” para un mundo más verde, más justo y mejor; expresiones inatacables si no fuera porque ante la práctica permanente de “neolengua”, levantar el velo de los significados es también un ejercicio intelectual necesario aunque solo es posible con la perspectiva que da el tiempo. Esos objetivos fueron recogidos y potenciados por la Cumbre del Clima de París dos meses después y seguidamente por el Foro de Davos. El quinto de esos objetivos es el de la “Igualdad de sexo y empoderar a todas las mujeres y niñas”. En su cumplimiento aparece la Ley Orgánica 10/2022 bajo el título de “La libertad integral de la libertad sexual”, coloquialmente conocida como la “Ley del si es si”. Su Preámbulo dirá que “en el marco internacional de promoción y protección de los derechos humanos, incluida la lucha contra toda clase de discriminación y violencia que sufren las mujeres y las niñas, encontró un nuevo impulso con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas… Mecanismos de la ONU como el Comité para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW)…, han recomendado a España la ampliación del marco normativo para incluir un abordaje integral frente a esta violencia”. Una violencia que se sustenta dentro del mismo preámbulo, en una macroencuesta sobre violencia contra la mujer del año 2019 según la cual afectó a lo largo de sus vidas, por violencia sexual al 6’5% de mujeres y por violación al 2’2%; por violencia sexual al 0’5% de mujeres en ese año.
España, obediente a sus acreedores, puso manos a la obra dando unos contenidos a esta Ley que de manera trasversal estaban ya en toda la producción legal derivada de la Ley 1/2004 de “Medidas de Protección Integral contra la violencia de género”. Pero algo que no podía faltar, dado el signo de los tiempos, está en su Título I: normas sobre “Investigación y datos” para que “todos los estudios, encuestas, trabajos de investigación e informes resultantes sean de libre acceso y publicados de forma periódica en las plataformas digitales de las administraciones públicas que los hayan realizado”. Es previsible que se cumpla lo mandado en este Título. Lo dispuesto en los demás viene a ser pura retórica que, como hasta el momento ha sucedido, no seguirán el mismo camino. Pero lo que ha dado notoriedad y denominación a la reciente LO. 10/2022 ha sido la modificación de los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal, cuyas consecuencias forman parte de una complejidad técnico-jurídica merecedora en ese ámbito de un monográfico que supera el objeto de este artículo.
No puedo como mujer negar la realidad histórica de que como tal en una sociedad industrial habría quedado relegada a cumplir, sin poder elegir otra cosa, con una función dentro de o fuera del hogar familiar en tareas vinculadas a la maternidad, los cuidados o los usos sociales según la clase de pertenencia. Seguramente en una sociedad agraria la división de tareas necesarias prestigiaban de igual manera a todos los ejecutantes, fueran hombres o mujeres, cuando su valor no lo fijaba el mercado sino la cobertura efectiva de necesidades reconocibles. En todo caso es un hecho que la diferenciación de funciones distinguió siempre a ambos sexos. La reflexión que me hago a la vista de la deriva de las relaciones familiares ya en mi tercera edad, habiendo compartido el control de la natalidad de mi tiempo, compatibilizado con convicción una vida profesional y familiar desde muy joven, incluyendo los oportunos divorcios, es en qué medida habré contribuido a la realización de un Plan sociopolítico que de cara al futuro me parece diabólico. Alarmada, hago un seguimiento de diversos instrumentos de derecho internacional que se me habían pasado por alto en otras épocas y compruebo que ya en 1968 hubo un Memorándum de Kissinger-Macnamara en base al que se convirtió en prioridad de la ONU el control de la población expandiendo entre las mujeres la conveniencia liberadora como programa de anticoncepción mundial. Se crea la Agencia para las Poblaciones de Naciones Unidas que promueve primero conseguir el objetivo dentro de los roles tradicionales de la mujer y seguidamente decide cambiar esos roles con el mismo fin. El proceso se consolida en la Cumbre sobre la Población celebrada de 1994 celebrada en El Cairo, se reafirma en la de la Mujer que tuvo lugar en Beijing en 1995 y se va ejecutando por poderosas fundaciones y ONGs hasta llegar al momento actual. Es cumpliendo con dicha Agenda por lo que en España se promulga la comentada LO. 10/2022 y la reciente 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI con la que se espera rediseñar las relaciones humanas del futuro.
Todo conduce en este terreno y otros que queramos indagar a que el poder sobre los ciudadanos del mundo no se ejerce en su proximidad sino por élites alejadas territorial y estructuralmente a través de nuestros gobernantes. En esta realidad, quizás sea clamar en el desierto decir que todas las personas, cualquiera que sea la inclinación sexual o constitución fisiológica que la determine, tienen los mismos derechos humanos en el siglo XXI que los proclamados como tales cuando tras el horror de la destrucción de la segunda guerra mundial se definieron en el XX. Lo que sí parece claro ya, es que para el futuro, cuando la Agenda 2030 se ejecute, aquellos derechos no existirán cualquiera que sea la clasificación de nuestro “género”. Cada uno de nosotros estaremos desvinculados de los demás desprovistos de lo que hasta ahora nos identificaba como humanos. Seguramente no será ningún sufrimiento para los se vayan adaptando sin darse cuenta pero, por si acaso, yo advierto con mi humilde opinión a los que no les gustaría esa forma de vida.
14 de marzo de 2024
RMAC, Exmagistrada de la Audiencia Nacional, Jurista de la Liga Española Pro Derechos Humanos y Federación Internacional Pro Derechos Humanos.
Celebrado el tradicional, mediático, animado e indiscutido “Día de la mujer 2023”, es momento de reflexionarlo en relación con tantas otras manipulaciones de las que la Humanidad en su conjunto está siendo objeto. Soy consciente de que es una afirmación demasiado rotunda cuando no hay muestras generalizadas de que sea una percepción notoriamente compartida, pero profundizar en los relatos que reducen la realidad a eslóganes de pancarta es una exigencia irrenunciable en el ejercicio de la libertad. Libertad que se circunscribe a la posibilidad de elegir según las circunstancias personales de cada uno en una sociedad claramente desigualitaria, donde la igualdad de oportunidades son también eslóganes electoralistas inalcanzados porque ninguna efectiva acción política para conseguirlo se ha puesto nunca en marcha. Lo más lejos que se llega es a elaborar leyes que, cuando no profundizan más la brecha, que también las hay que lo hacen, cumplen con el refrán de que “del dicho al hecho hay mucho trecho”.
Estamos en la época de “implementar” la Agenda 2030, que fue aprobada en septiembre de 2015, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Se marcaban 17 objetivos de lo que denominaron “Desarrollo Sostenible” para un mundo más verde, más justo y mejor; expresiones inatacables si no fuera porque ante la práctica permanente de “neolengua”, levantar el velo de los significados es también un ejercicio intelectual necesario aunque solo es posible con la perspectiva que da el tiempo. Esos objetivos fueron recogidos y potenciados por la Cumbre del Clima de París dos meses después y seguidamente por el Foro de Davos. El quinto de esos objetivos es el de la “Igualdad de sexo y empoderar a todas las mujeres y niñas”. En su cumplimiento aparece la Ley Orgánica 10/2022 bajo el título de “La libertad integral de la libertad sexual”, coloquialmente conocida como la “Ley del si es si”. Su Preámbulo dirá que “en el marco internacional de promoción y protección de los derechos humanos, incluida la lucha contra toda clase de discriminación y violencia que sufren las mujeres y las niñas, encontró un nuevo impulso con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas… Mecanismos de la ONU como el Comité para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW)…, han recomendado a España la ampliación del marco normativo para incluir un abordaje integral frente a esta violencia”. Una violencia que se sustenta dentro del mismo preámbulo, en una macroencuesta sobre violencia contra la mujer del año 2019 según la cual afectó a lo largo de sus vidas, por violencia sexual al 6’5% de mujeres y por violación al 2’2%; por violencia sexual al 0’5% de mujeres en ese año.
España, obediente a sus acreedores, puso manos a la obra dando unos contenidos a esta Ley que de manera trasversal estaban ya en toda la producción legal derivada de la Ley 1/2004 de “Medidas de Protección Integral contra la violencia de género”. Pero algo que no podía faltar, dado el signo de los tiempos, está en su Título I: normas sobre “Investigación y datos” para que “todos los estudios, encuestas, trabajos de investigación e informes resultantes sean de libre acceso y publicados de forma periódica en las plataformas digitales de las administraciones públicas que los hayan realizado”. Es previsible que se cumpla lo mandado en este Título. Lo dispuesto en los demás viene a ser pura retórica que, como hasta el momento ha sucedido, no seguirán el mismo camino. Pero lo que ha dado notoriedad y denominación a la reciente LO. 10/2022 ha sido la modificación de los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal, cuyas consecuencias forman parte de una complejidad técnico-jurídica merecedora en ese ámbito de un monográfico que supera el objeto de este artículo.
No puedo como mujer negar la realidad histórica de que como tal en una sociedad industrial habría quedado relegada a cumplir, sin poder elegir otra cosa, con una función dentro de o fuera del hogar familiar en tareas vinculadas a la maternidad, los cuidados o los usos sociales según la clase de pertenencia. Seguramente en una sociedad agraria la división de tareas necesarias prestigiaban de igual manera a todos los ejecutantes, fueran hombres o mujeres, cuando su valor no lo fijaba el mercado sino la cobertura efectiva de necesidades reconocibles. En todo caso es un hecho que la diferenciación de funciones distinguió siempre a ambos sexos. La reflexión que me hago a la vista de la deriva de las relaciones familiares ya en mi tercera edad, habiendo compartido el control de la natalidad de mi tiempo, compatibilizado con convicción una vida profesional y familiar desde muy joven, incluyendo los oportunos divorcios, es en qué medida habré contribuido a la realización de un Plan sociopolítico que de cara al futuro me parece diabólico. Alarmada, hago un seguimiento de diversos instrumentos de derecho internacional que se me habían pasado por alto en otras épocas y compruebo que ya en 1968 hubo un Memorándum de Kissinger-Macnamara en base al que se convirtió en prioridad de la ONU el control de la población expandiendo entre las mujeres la conveniencia liberadora como programa de anticoncepción mundial. Se crea la Agencia para las Poblaciones de Naciones Unidas que promueve primero conseguir el objetivo dentro de los roles tradicionales de la mujer y seguidamente decide cambiar esos roles con el mismo fin. El proceso se consolida en la Cumbre sobre la Población celebrada de 1994 celebrada en El Cairo, se reafirma en la de la Mujer que tuvo lugar en Beijing en 1995 y se va ejecutando por poderosas fundaciones y ONGs hasta llegar al momento actual. Es cumpliendo con dicha Agenda por lo que en España se promulga la comentada LO. 10/2022 y la reciente 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI con la que se espera rediseñar las relaciones humanas del futuro.
Todo conduce en este terreno y otros que queramos indagar a que el poder sobre los ciudadanos del mundo no se ejerce en su proximidad sino por élites alejadas territorial y estructuralmente a través de nuestros gobernantes. En esta realidad, quizás sea clamar en el desierto decir que todas las personas, cualquiera que sea la inclinación sexual o constitución fisiológica que la determine, tienen los mismos derechos humanos en el siglo XXI que los proclamados como tales cuando tras el horror de la destrucción de la segunda guerra mundial se definieron en el XX. Lo que sí parece claro ya, es que para el futuro, cuando la Agenda 2030 se ejecute, aquellos derechos no existirán cualquiera que sea la clasificación de nuestro “género”. Cada uno de nosotros estaremos desvinculados de los demás desprovistos de lo que hasta ahora nos identificaba como humanos. Seguramente no será ningún sufrimiento para los se vayan adaptando sin darse cuenta pero, por si acaso, yo advierto con mi humilde opinión a los que no les gustaría esa forma de vida.
14 de marzo de 2024
RMAC, Exmagistrada de la Audiencia Nacional, Jurista de la Liga Española Pro Derechos Humanos y Federación Internacional Pro Derechos Humanos.
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