El Procurador del Común da la razón a UGT

Dicha resolución recoge, en primer lugar, que la tramitación debería haberse formalizado mediante procedimiento ordinario aduciendo que “(…) en manera alguna resulta jurídicamente admisible que la Administración, conocedora de todas las circunstancias de lo que tiene proyectado contratar, retrase la tramitación del expediente de contratación para obviar la utilización del procedimiento ordinario”

Además, considera “del todo injustificado” que se utilicen contratos de emergencia, amparados en el art. 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, estando iniciado un procedimiento de urgencia en el mes de julio de 2022 no resuelto porque “la excepcional situación de carencia generalizada del personal necesario para tramitar tales procedimientos en las diferentes Direcciones Provinciales de Educación derivada de la resolución, a inicios del presente año (2022) del concurso de traslados del personal funcionario…”

Y es que, diversas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo establecen que la contratación de urgencia debe ser acordada por el órgano de contratación debidamente motivada en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa pero “no deberán en ningún caso ser imputables a los poderes adjudicatarios”, y, según UGT, justo así han procedido en la Consejería de Educación encargada del trámite

Por eso, el Procurador ha resuelto que “los contratos de emergencia no pueden ser utilizados más que ante la necesidad de actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, lo que conlleva que la

Administración deba adoptar las medidas necesarias que impidan llegar a dicha necesidad de actuación inmediata a causa de sus propias disfunciones, tales como la carencia de personal para la tramitación de los procedimientos de contratación de servicios como el de comedor escolar”.

En consecuencia, desde la organización sindical aseveran que “es grave que la Administración Educativa, después de 8 años sin licitar los comedores escolares con los plazos legales más que caducados, haya procedido a las licitaciones tan tarde (en el mes de junio), tal y como denunciamos en su momento, mediante procedimientos de urgencia ya de por sí cuestionables y que, encima, por incompetencia y mala gestión se recurra a contratos de emergencia fuera de justificación”.

También, desde UGT han querido recordarle a la Administración “la importancia de cumplir la normativa” y que “la transparencia debe ser una constante en el ámbito de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en el desarrollo de las funciones que tienen encomendadas conforme al reconocimiento que de las mismas se hace en el artículo 7 de la Constitución Española, debiendo facilitarse la información que soliciten en unos plazos razonables” según palabras de la propia Institución , en unas licitaciones que van en algunas de las provincias hasta los 10.000.000 de euros y emplea a cerca de 2500 personas trabajadoras.

Ahora, una vez iniciadas todas las nuevas concesiones en el sindicato aseguran trabajar para que la Administración active sus mecanismos de control como responsable último del servicio con el fin de que se cumpla todo lo recogido en los contratos de concesión y no se vulneren los derechos de las personas trabajadoras del sector.