Caso Ferrovial

   No, no es el affaire Ferrovial, meritoria empresa con amplia presencia internacional, que debiera ser orgullo para todos por lo mucho conseguido. Marca España, al fin y al cabo. Se trata del alarde de un ejecutivo de demagogos irresponsables, grupúsculo arribista que okupa parlamento y gobernanza, montando artificialmente el caso Ferrovial a costa de una de nuestras empresas señeras y el prestigio nacional, ignorando el abecé de la normativa interna y comunitaria.

   Al margen de la explicable marcha de una gran compañía, lo decisivo es la actitud gubernamental, que en principio podría tomarse por rabieta del sanchismo y adláteres a lo Bolaños o Belarra, cuando frente a la prepotencia alguien hace valer la ley y sus derechos, particularmente los relativos a la autonomía y libertad que conlleva la propiedad privada.

   La inmensa gravedad de lo sucedido no puede pasar inadvertida. La actuación del gobierno socialcomunista, Sánchez y PSOE al mando, supone una amenaza directa contra la democracia en cuanto sistema de libertades. Nuestro país se enfrenta al proyecto en marcha de un régimen despótico, aun en la zafiedad bananera del comunismo de Puebla, abiertamente castrista, chavista y madurista. Incluso desde un mayor peligro, toda vez que el Estado y su poder burocrático se hallan aquí más perfeccionados respecto a arbitrariedad y control que en las atrasadas, también a su modo más libres e individualistas, sociedades iberoamericanas.

   El ciudadano común tiende a pensar que el rifirrafe sanchista podemita con Ferrovial no va con él, dada la distancia que lo separa de ricos y capitalistas, yendo a la demagogia instrumentada por una partitocracia de advenedizos convertidos gracias a los impuestos y el erario público en nueva casta dominante. Sin embargo, desde la modestia del trabajo del día a día, las clases activas y propietarias se equivocan de medio a medio. Lo de Ferrovial, como todo lo de este gobierno liberticida: PSOE y coaligados podemitas separatistas, tiene que ver con ellas según demuestra la Ley de Vivienda, con su ataque frontal a la propiedad inmobiliaria. Ahora no ya de capitalistas ni ricachos, sino del titular de dos o tres viviendas fruto del trabajo y ahorro de varias generaciones. Sí, ¡ciudadano!, el despotismo, la dictadura y a no tardar el gulag de seguir tan nefasto camino, comenzará siempre por el asalto a la propiedad privada. En lo cual estamos.

   Por lo alto, Ferrovial y grandes empresas, pero fundamentalmente por lo poco de la gente corriente. Tú mismo, ciudadano propietario y humilde arrendador. ¿Fondos buitre? Quizá la rapacidad tenga que ver con casoplones, chalets o áticos de alto standing, que nada afectan, como cualquiera puede suponer, a nuestra izquierda podemita comunista, solidaria y escasamente tenedora. ¡Vallecas, paraíso habitacional y obrero! En fin, expoliado ciudadano, a votar tocan en lo que actualmente es inútil farsa de las urnas, dentro de una democracia vejada y profundamente adulterada. Democracia ajena, en manos de una casta política, a preocupaciones e intereses de las clases activas y propietarias.