Mena Martins: “Si no se toman medidas, vendrá un nuevo tsunami de desahucios”

La PAH es un movimiento sociopolítico, apartidista, y asambleario que tiene su origen en el año 2009 a nivel nacional, pero que no llegó a Zamora hasta el año 2011. Una de sus activistas, Mena Martins, ha charlado con nosotros en nombre de todo el equipo de la PAH, sobre todo lo vivido, los logros obtenidos, las peticiones aún vigentes, y la actualidad de esta realidad social.

-La PAH a nivel nacional nace en el 2009 tras una gran crisis por la que muchas personas no pueden pagar sus hipotecas y además de sufrir el horror de un desahucio se enfrentan al pago de la deuda. ¿Cuál es el origen de la formación en Zamora?

En Zamora se organiza la PAH en el año 2011, que es cuando nos damos cuenta de que en nuestra ciudad había muchos desahucios encubiertos, de personas que por vergüenza, porque es un sitio pequeño, acababan por irse de noche de su casas sin hacer ruido, porque se culpabilizaban de estar en esa situación. Todas las personas que formamos la PAH estábamos en el 15M, y en un principio solo éramos activistas, pero cuando se empezó con la recogida de firmas por el derecho a la vivienda y pedir la dación en pago, la gente se empezó a enterar de la existencia de la PAH en Zamora y empezaron a aparecer las familias, que realmente es la gente que conforma la PAH (Plataforma de afectados por la hipoteca), no tenía sentido que solo fuéramos activistas. Entonces la mayor parte de la sociedad apoyaba mucho a la PAH porque se veía muy injusto que la gente que había pagado su hipoteca durante años y de repente se quedaba sin trabajo y no podía pagar se quedara sin la casa, y con deuda. En este sentido hay muchos mitos que desmontar en torno a los desahucios porque no solo han sido desahuciadas familias desestructuradas o en situación de vulnerabilidad, han sido desahuciadas de clase media que de repente se han visto en situación de desempleo y sin poder hacer frente a la hipoteca. Esa gente no es lo que ahora llamamos familias vulnerables. Hay una especie de “aporofobia”, rechazo, temor, y desprecio hacia las personas pobres y a la pobreza, cuando realmente le puede pasar a cualquier persona si se ve en una situación de quedarse sin trabajo.

-¿Qué queda de aquella época?

Quedamos todavía algunas personas de las que la formamos, y el espíritu sigue siendo el mismo, un movimiento social apartidista. Hay activistas y familias afectadas, lo único que ahora hay más desmovilización y a nivel de la ciudadanía no hay tanto apoyo. Pasa que en aquella época se defendía sobre todo el tema de las hipotecas, pero la crisis se ha extendido y ahora no solo son las hipotecas, sino también los alquileres. Esto toca otro problema, que es el propietario, y no un banco. Entonces la ciudadanía ya no entiende tan bien que se defienda esto, pero esto también se tiene que defender, no que el propietario se tenga que hacer cargo, porque para eso están las instituciones que tienen que dar respuesta. Por lo tanto, queda la “crisis habitacional”, que es un problema permanente por el que hay que seguir luchando, por el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución en el que se dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Queda un movimiento ejemplar, que ha aportado dignidad, saber hacer basado en una democracia directa, asamblearia, y queda la concienciación ciudadana sobre el problema de la vivienda en este país. Hemos demostrado que si se puede, parando desahucios, modificando leyes en favor de los de abajo, consiguiendo alquileres sociales. Aún perdura el espíritu de lucha, aunque se nota que estamos en un momento bajo para los movimientos sociales que luchan contra las injusticias.

-Hablábamos de la nueva situación con respecto a los alquileres con propietario particular, ¿hay algún tipo de ayuda o alternativa para el propietario?

La hay si la decisión de parar el desahucio es judicial. Los propietarios pueden solicitar una compensación económica por el impago. Ante la suspensión de un desahucio las instituciones no solo tienen que buscar una solución habitacional para la familia, sino que esas mismas instituciones tienen que hacerse cargo del pago al propietario. Lo que pasa es que no es automático, y es el propietario el que tiene que solicitar ese pago, y no siempre lo conocen porque las mismas instituciones no lo divulgan. Además, también en la actualidad se cuenta en muchas ocasiones con los seguros de alquiler que protegen a los propietarios, que por cierto, muchos propietarios e inmobiliarias lo hacen de forma ilegal obligándolos a pagar a los inquilinos mientras son ellos los que lo deben pagar por ley.

-¿En qué hemos avanzado desde que se inició de la PAH?

Desde el punto de vista legislativo hemos avanzado poco. La Ley de Vivienda aprobada al final de la anterior legislatura fue una decepción para la PAH. Apenas recoge alguna de nuestras reivindicaciones. Y lo fundamental, la vivienda sigue siendo considerada una mercancía con la que lucrarse y no un derecho básico. Pero dejando a un lado el aspecto legislativo, hemos demostrado que, cuando la gente se organiza, toma conciencia, es solidaria, la ayuda mutua crea una fuerte resistencia social y emocional contra las agresiones e injusticias de los poderosos. Y así, se puede conseguir cambiar el estado de cosas en un sentido de más derechos, de mayor justicia, creando comunidad y fraternidad.

-Este año se aprobó y entró en vigor la nueva Ley de Vivienda, ¿qué ha supuesto esta nueva Ley?

La ley, ahora en vigor, es un paso, leve, pero un paso en la dirección de anteponer el Derecho Humano a la vivienda a la especulación depredadora vigente. No obstante, y aunque tengamos un gobierno que se pretende progresista, la ley no se aplicaría en las CCAA gobernadas por las derechas, por lo que medidas como la declaración de zonas tensionadas para limitar las subidas de los alquileres, que no van a ser reguladas y quedarán muy lejos del disfrute de la inmensa mayoría de la población, o como los procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto deben establecer las Administraciones Públicas. En concreto, no se contempla un derecho mínimo exigible para toda la población en relación al alquiler, al margen de su lugar de residencia. La propia Constitución, en su artículo 47, mandata a todos los poderes públicos sin excepción, a facilitar ese ejercicio e impedir la especulación. No se ha incluido la obligación a los grandes tenedores de ofrecer alquiler social antes de instar un proceso judicial de desahucio a personas o familias vulnerables y al realojo por parte de las Administraciones Públicas cuando se inste por pequeños propietarios; de hecho, prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. No se contempla limitar los precios de los alquileres y sus subidas a un máximo del 30% de los ingresos, incluyendo alquiler o hipoteca y suministros. Tampoco se ha incorporado un Plan de Choque de ampliación del Parque Público ni se han introducido mecanismos para que los ayuntamientos o la ciudadanía puedan promover la declaración de zonas tensionadas.

-También este año, a final de diciembre, finalizará la moratoria desahucios de alquiler para familias vulnerables, ¿qué pasará después?

Ya sabemos que nos han escuchado y se ha prorrogado 6 meses más. Después, si no se han tomado medidas para dar respuesta a las familias desahuciadas mediante una alternativa que pasa por la creación de un Parque Público de Viviendas de Alquiler Social, estaríamos en las mismas. Si no se no se toman medidas nos encontraremos con un nuevo tsunami de desahucios.

-¿Cuál es la situación actual de desahucios en Zamora?

Uno de los problemas más graves es la falta de alternativa habitacional a familias en situación de vulnerabilidad y que han sido desahuciadas.  Por lo que conocemos, la Junta en Zamora carece de viviendas, ya no solo para la ola de desahucios que se avecina, sino para cualquier familia en situación de vulnerabilidad que afronte un desahucio, como sucedió recientemente con una familia benaventana. No sabemos cuántas familias han solicitado a la Junta una vivienda de alquiler social desde la última fecha a finales de 2020. Entonces había más de 140 solicitudes para 4 viviendas. Ni cuantas han sido incluidas en la lista, ni los criterios que se aplican en su valoración, ni las decisiones tomadas, porque no se hacen públicas y no nos responde a la solicitud de participar como observadores con voz, pero sin voto.

La Junta puede y debe destinar los recursos necesarios, como así le hizo llegar el Procurador del Común, para rehabilitar las viviendas inhabitables de su propiedad o las viviendas municipales que los Ayuntamientos han cedido a la Junta y que han estado dejadas de la mano de dios o de construir vivienda pública, si es necesario, para alquiler social. No sabemos cuál es la situación real a pesar de haberla pedido a la Delegación de Zamora. No tenemos ningún censo actualizado sobre las viviendas de la Junta en Zamora, ni sobre los planes para posibilitar el derecho constitucional por una vivienda digna.

Otro de los problemas pendientes y que le hemos presentado tiene que ver con las viviendas del antiguo “Matadero”. Le hemos pedido negociar, por parte de algunas familias, la deuda que se tiene con la Junta.

-El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, se comprometió en su primer mandato a declarar a Zamora “ciudad libre de desahucios”, ¿qué ha quedado de aquella promesa?

Desde la PAH pensamos que cuando hizo esa declaración no tenía suficiente conocimiento de lo que implicaba. Los Ayuntamientos pueden y deben reducir las dimensiones del problema de la vivienda en España a través del Plan de Urbanismo, cediendo terrenos para viviendas sociales, obligando a los grandes tenedores de viviendas vacías a cederlas para alquiler social mediante políticas fiscales, aportando las viviendas de su propiedad al Parque Público de Viviendas de Alquiler Social, y otras medidas. Su declaración fue un brindis al sol.

-De las diferentes instituciones, tanto Ayuntamientos, como la Junta de Castilla y León, depende la creación de un Parque Público de Viviendas de Alquiler Social. ¿Cuál es el compromiso de las instituciones con esta causa?

Por parte de la Junta no hemos visto voluntad ninguna de dar soluciones a dicho problema teniendo como tiene las competencias en vivienda. Por parte del Ayuntamiento, como ya hemos comentado, todo se quedó en una declaración de buenas intenciones, pero sin tomar medidas en consecuencia para afrontar el problema.

-En sus años de activismo con la PAH supongo que habrá habido casos especialmente dramáticos, ¿podemos recordar alguno de ellos?

Uno de los casos que recuerdo con más emoción es el caso de una madre, víctima de violencia de género, con dos hijos pequeños, de 2 y 7 años. Estuvimos 2 años con el caso y llegó a intervenir hasta la ONU. Fue un caso mediático y fue muy juzgada injustamente. Paralizamos el desahucio a la puerta 6 veces. La última vez que paramos el desahucio fuimos a dormir a su casa y cuando fue a llevar a sus hijos a la guardería y al colegio el niño mayor le preguntó “¿Cuándo salga del colegio a dónde voy?” Fue muy duro escuchar eso en palabras de un niño. Que un niño vaya a la escuela sin saber dónde va a volver, eso no se puede permitir. Finalmente se paralizó, pero fue un proceso muy duro.

-Si hoy la PAH se reuniera con Guarido, o con Mañueco, ¿qué le pedirían?

A Guarido, que sabemos de la dificultad de defender los derechos de los más necesitados y en contra de los intereses de los poderosos como son los bancos, los fondos buitres, las inmobiliarias, pero también hay que decir que en manos de los Ayuntamientos hay instrumentos para presionar a estos poderosos que cedan parte de sus privilegios para satisfacer los derechos de los más necesitados.

A Mañueco, que cumpla lo que dice la Constitución, que cumpla con las propias leyes de la Comunidad y dejen de ser papel mojado y que el Procurador del Común les ha recordado más de una vez, que deje de proteger los intereses de los poderosos.