No puede esperar más “Un decreto ley sobre emigración”

Los acontecimientos habidos a lo largo de las últimas semanas y llevamos años sufriéndolos, hacen que nos reiteremos en una idea: la falta de solidaridad de las Comunicades Autonómicas con Canarias resulta tan aterradora como provocadora. Ni el Gobierno de España, ni el Congreso de los Diputados, ni el Senado, ni las comunidades autónomas, ni los partidos políticos quieren apoyar con determinación la modificación de la Ley de Extranjería, para que la distribución entre las autonomías de los menores no acompañados sea obligatoria. Y ampliable a los emigrantes ilegales.

La figura del “Decreto Ley” está consagrada en el ordenamiento jurídico español y frecuentemente se aplica en situaciones de crisis. La emigración es una de las preocupaciones de la sociedad española. Su solución no se puede realizar desde el buenismo. Hay que modificar la Ley para que se pueda devolver a los menores con sus padres, lo mismo que se realiza con los memores que abandonan los hogares en España y en los demás Países de Europa. En caso que no sean reclamados por ellos que sea el Estado de esos Países los que se hagan cargo de sus ciudadanos.” Todo ello sin el buenismo de algunos grupos ideológicos”.

Las reuniones que vienen celebrándose entre las Comunidades Autonómicas y el Gobierno Central sin acuerdos concretos, quiebra el principio de solidaridad interterritorial que preconiza la Constitución. Todo un decepcionante fracaso del Estado.

El compromiso de distribuir en otras autonomías   los casi 6.500 menores no acompañados que acoge el archipiélago canario y el continuo goteo que les llega día a día, demuestra una absoluta falta de compromiso y solidaridad, no solo con Canarias sino, lo que es peor, con los menores hacinados en los centros habilitados de manera improvisada. Se impone así la mala política sobre el compromiso social, y una clara violación de los Derechos Humanos.

Las imágenes de miles de personas que se dejan su vida en el mar, imágenes proyectadas a diario, con la llegada de pateras y cayucos con centenares de personas en condiciones inhumanas, conmueven al mundo. Nos enfrentamos a una crisis humanitaria colosal, que amenaza con prolongarse indefinidamente, en tanto existan diferencias sociales tan acusadas en territorios limítrofes.

El despliegue de reproches sobre la emigacion entre socialistas y populares, como los dos grandes partidos de Estado, está más encaminado en culparse entre ellos que en buscar una solución sensata a un problema que es de todos.

 El compromiso de las Fuerzas Armadas en los momentos difíciles ha sido siempre estar junto a la sociedad civil. No se puede entender la negativa de sus mandos Políticos, al uso de cuarteles infrautilizados para acoger, aunque sea provisionalmente, a los menores no acompañados.

 A pesar de la falta de compromiso de partidos, comunidades autónomas y las Cortes Generales, el Gobierno de España tiene que tomar decisiones drásticas, que eviten más situaciones dramáticas en el tema de la emigración. El Ejecutivo no puede seguir refugiándose en la falta de acuerdo entre partidos o la ausencia de compromisos reales entre comunidades autónomas y otras instituciones del Estado.

La figura del decreto ley está consagrada en el ordenamiento jurídico español y frecuentemente se aplica, en situaciones de crisis o catástrofes naturales. En ese sentido, resulta necesaria su empleo en una situación tan gravedad.

El drama que vivimos en torno a la llegada de migrantes incontrolados, la ausencia de acuerdo entre partidos y la falta de respuesta del resto de autonomías exigen que el Gobierno de España obligue a un reparto justo y equitativo entre todos los territorios del Estado, a través de la figura jurídica que estime oportuno todo ello alejado del buenismo que tanto daño esta haciendo y no soluciona el problema sino es que lo agranda.

Politólogo. - Sociólogo. - Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. - Centro de Estudios Ateneos.