Una vivienda digna

Todos sabemos que la vivienda en España es un problema de primer nivel al que el gobierno hasta el momento no ha puesto remedio; los precios, tanto de compra, como de alquiler, están por las nubes y subiendo. Pedro Sánchez lleva haciendo anuncios sistemáticamente desde el año 2019 en que se comprometió a incrementar la oferta de alquiler, así como de construir 250.000 viviendas de titularidad pública.

En mayo de 2022, la Sareb (o el “banco malo” donde fueron a parar los activos de las cajas quebradas durante la crisis financiera), recibía la orden del Gobierno de poner en alquiler 10.000 viviendas para familias vulnerables en situación de exclusión. En abril de 2023, Sánchez anuncia en el Congreso de los Diputados otras 43.000 viviendas que se sumaban a las 50.000 que había prometido 24 horas antes bajo el comodín de la Sareb; y en el Pleno del Senado del día 25 de abril de ese mismo año, el presidente anunciaba que su Gobierno iba a “habilitar unos 183.000 inmuebles para el alquiler asequibles”.

Si estos proyectos se hubieran cumplido, algo se habría paliado de la nefasta situación que tienen por delante miles de jóvenes que no pueden permitirse planes de futuro, ni hacer frente a la compra o alquiler de una casa. Sin embargo, muchos de estos anuncios se han quedado en nada, en vacuas intenciones –en algunos casos formando parte de promesas electorales-, humo que algunos inocentes incluso creyeron. A fecha de hoy, la realidad es que el problema se ha agravado sin que el gobierno haya puesto ningún remedio eficaz ni definitivo.

El hecho de no disponer de viviendas no solo interfiere en el futuro de los jóvenes, que han de hacinarse compartiendo espacio con otras personas en una misma casa, o vuelven al domicilio familiar para vivir con sus padres porque no pueden permitirse unos alquileres o una hipoteca que les resta gran parte de su salario. A esto se suma el problema de los okupas que asaltan e invaden casas ajenas con los consiguientes perjuicios para sus propietarios, y este no es un hecho menor; según el Ministerio de Interior, en el año 2023 se registraron un total de 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles.

Las agencias inmobiliarias venden todo, porque la demanda es tan grande y la desesperación a veces tan devastadora, que muchas personas son capaces de pagar por una infravivienda lo que se les pida. Y a todo esto la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se permitió pedir en una comparecencia solidaridad a los caseros para que no subieran el precio del alquiler; es decir, el gobierno no tiene ideas que resuelvan el problema de la vivienda, no sabe o no quiere ponerlas en práctica, y pide a los ciudadanos que trabajen por ellos facilitándoles la tarea. Es la España del revés, las promesas en vacío, la grandilocuencia de las grandes declaraciones que se quedan en palabras; el jugar con las necesidades de la gente, impedir la emancipación de los jóvenes, la privacidad de un espacio personal, la imposibilidad de emprender un proyecto de futuro y la vulneración flagrante del artículo 47 de la Constitución Española que declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. (copia textual).

¡Qué se puede añadir! Esta es otra rémora más que demuestra la incapacidad de un gobierno débil y sin un plan concreto que acabe con el grave problema de la falta de vivienda.