El miedo al ciudadano: II. Corregir sólo el exceso

Siguiendo sobre el asunto de la acusación popular decía el Prof. Tajadura que “el uso abusivo lo han llevado a cabo tanto los diferentes partidos políticos como las organizaciones vinculadas a ellos”. Corregir los excesos para mantener los aciertos es lo sensato. Tras ello cita que “en la sentencia del procés, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sugirió la conveniencia de prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular.” y añade que “la acusación popular ejercida por los partidos contamina inevitablemente cualquier proceso penal”. ¿No contamina más la politización de algunos jueces? El caso de Garzón – un alarde de ignorancia gramatical - y el de Bárcenas – condenado al PP sólo por “beneficio indirecto” -   han sido paradigmáticos.  Y en cuanto al del procés, ¿puede el Gobierno cesar a quien no ha nombrado?

La actuación judicial cotidiana afecta a “varias personas del entorno del presidente del Gobierno están siendo investigadas como consecuencia del ejercicio de diversas acusaciones populares”. Bien está si los indicios son válidos; menos si es prospectiva y lenta para mantener los titulares compitiendo con el presunto falso testimonios del asesor de la Presidente de Madrid y con que el juez no la llama para que testifique en el caso de su novio, mientras se ha hecho con el Presidente del Gobierno respecto a su esposa. Al juez sólo le falto la banda de música.

La reforma propuesta por el Partido Socialista creo que es un error. Lo que procede evitar es el abuso, p. ej. aumentando las sanciones por litigiosidad temeraria que es de máximo de 600 € (art. 183 LEC) que casi invita a cometerlo. Un gran incremento, sobre todo por reincidencia, sería más disuasorio y salvaría la “soberanía del ciudadano” que debería ampliarse incluyendo todos los casos penales; eso sólo exige modificar una ley, y ampliarlo a todas las jurisdicciones lo que ya exigiría modificar el art 125 CE78.

Concuerdo con el Prof. Tajadura en el disparate que es modificar el artículo 104 LECriminal para limitar la acción popular con carácter general sólo a quienes “en virtud de un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente”, porque vacía la esencia de la acción popular que reside precisamente en la ausencia de una vinculación “directa”. Recordemos la frase del otro día de Publio Terencio el Africano: “Homo sum, humanum nihil a me alienum est puto”: “soy hombre (varón o mujer) y nada humano me parece ajeno a mí”.

Pero sigo considero “nada razonable” modificar el art. 102 de la LE Criminal excluyendo de la acción popular a “los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos” y “a las personas jurídicas o entes públicos de cualquier clase”, que me recuerda el comentario de Cristo “si la sal se vuelve insípida ¿quién la salara?; ya solo sirve para tirarla al patio y que la pateen la cabalgadura “(Mat. 5, 13)

Eso es lo que amenaza la soberanía ciudadana, ya hecha sal insípida con la Ley mordaza y el “cuento” de que se iba a eliminar. Parece que se ha convertido “en el cuento de la buena pipa” con el que me tomaba el pelo mi padre cuando era un niño pequeño.

Lo interesante sería modificar el art. 1.3 LO 1/2002 de asociaciones que excluye de la exigencia de una estructura democrática “a los partidos políticos; los sindicatos y las organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades religiosas; las federaciones deportivas; las asociaciones de consumidores y usuarios; así como cualesquiera otras reguladas por leyes especiales”.

¿No dice el art. 14 que “todos los españoles son iguales ante la ley   sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social?  Lo que dice es que esas asociaciones NO DEMOCRATICAS se pueden financiar con los presupuestos Generales del Estado.  ¿Se han vuelto locos? ¿Por qué se lo permitimos?