Avícola Galocha responde a los sindicatos por su información "sesgada" e "incierta"

"La empresa Avícola Galocha se ha visto obligada a realizar unos cambios debido a los requerimientos cada vez más exigentes de nuestros clientes", así comienza la respuesta a los sindicatos de Oficios Varios de la CGT de Zamora y la Federación de Industria Construcción y Agro de UGT Zamora, que acusan a la empresa de San Cristóbal de Entreviñas de vulnerar los derechos de sus trabajadores.

Maite Galocha explica que "dichos cambios nos hacen ser más competitivos, para poder garantizar la continuidad del proyecto empresarial, además, traen consigo puestos de trabajo menos exigentes físicamente, lo que entendemos un gran avance para el bienestar y motivación de las personas trabajadoras de nuestra organización, la cual ha ido creciendo a lo largo de los años, gracias al esfuerzo de los recursos humanos, tanto técnicos como del área productiva".

"El pasado mes de diciembre comenzamos un periodo de negociación colectiva con los representantes de las personas trabajadoras, en el que se dieron a conocer dichos cambios organizativos y productivos, que mejorarían la productividad a través de la implementación de maquinaria más moderna que unificara y facilitara los procesos y el trabajo de nuestras empleadas y nuestros empleados".

"Por las razones que, siguiendo los trámites dispuestos en la Ley, se han expuesto en las distintas sesiones de negociación, desde la empresa se ha trasladado en todo momento, la importancia que dichos cambios tenían para mejorar el trabajo de todos", afirma. Entre esas medidas, "se encuentra la necesidad de modificar los horarios de trabajo de diferentes secciones, pasando de jornadas nocturnas, especialmente duras, que se iniciaban a las 3:30 de la madrugada, a jornadas diurnas, de mañana, a partir de las 6:00 o 7:00 de la mañana, según los casos".

"Dichos cambios están totalmente justificados con el nuevo sistema de producción y, en ningún caso, van en contra de los derechos de las personas trabajadoras, por el contrario, la empresa considera que la realización de una actividad laboral en horario de mañana, en lugar de madrugada, beneficia a las personas trabajadoras, y a su salud, sin que, en ningún caso, dichos cambios lleven consigo la limitación de derechos a la conciliación familiar y laboral de las personas trabajadoras, derechos que éstas pueden ejercitar al amparo de la normativa vigente tal y como estimen conveniente; legalidad que resulta guía en la actuación empresarial".

Consideramos que la postura que han adoptado los sindicatos vertiendo información sesgada, incierta y malintencionada en los medios de comunicación afirmando que ha existido mala fe negocial o que se ha intimidado a las personas trabajadoras es totalmente falsa y carente de fundamento, intentando presionar a la empresa para que no efectúe los cambios anunciados.

Maite Galocha acusa a los sindicatos de "confundir a las personas, mezclando cuestiones y poniendo en boca de la empresa afirmaciones que no se han dicho. Tratan de hacer creer a las personas trabajadoras que la empresa va a impedir que estas ejerciten sus derechos, cuestión totalmente alejada de la realidad. Es más, Avícola Galocha no elude ninguna responsabilidad respecto a sus trabajadoras y trabajadores y la incidencia que los cambios tengan en su vida tanto profesional como personal, desde el primer momento, ese es el mensaje que se ha transmitido tanto a los representantes de los trabajadores durante el proceso negociador como después de manera individual a cada una de las personas trabajadoras, trasladando, con total transparencia, las condiciones de dichos cambios y sus posibilidades de resolución contractual, en sintonía con los criterios legales y jurisprudenciales actualmente vigentes".   

Esto hace que, desde la empresa avícola, denuncien "cada afirmación que se efectúa sobre este particular", negando, "taxativamente, que se estén vulnerando los derechos de las personas trabajadoras, siendo la modificación sustancial de condiciones de trabajo ajustada a Derecho. La postura adoptada por los sindicatos UGT y CGT denota un ánimo de desprestigio de la empresa, que ésta estudiará, por si fuera constitutiva de infracción, reservándose el derecho a ejercitar cuantas acciones judiciales pudieran corresponderle desde el punto de vista reputacional".