Exclusión financiera sobre los mayores

Hace unos días leí una de esas encuestas que las empresas demoscópicas hacen de vez en cuando para tomarle la temperatura a la calle, y me llamó mucho la atención y no pude dejar de asombrarme y mostrar mi estupor al leer lo siguiente :  el 20% de los pocos mayores que han recibido formación por su banco no la considera «útil». La conclusión es que ahora es mejor que la gente mayor vuelva al colegio que potenciar el trato presencial en las oficinas bancarias. Por ejemplo, yo no veo a abuelos de 90 años delante de un ordenador intentando meter las claves de su banco para pagar la cuota mensual del Hogar del Pensionista. Me pregunto con ironía si a estos abuelos le valen estos cursillos de formación para el currículum. ¿Se pueden convertir en expertos en productos financieros? ¿Los ven ustedes, lectores, en Wall Street? Y lo más importante : ¡Ya no tendrán que ir a la gestoría para hacer la declaración de la renta, se la hacen ellos mismos! En fin, dejémonos de frivolidades, me pongo serio, busquemos mejorar la vida de las personas mayores. La exclusión financiera no se arregla mandando a la gente mayor a la escuela, sino potenciando la reapertura de oficinas bancarias, a la vez que implementando muchas más horas presenciales, y sobre todo con más atención personalizada en las sucursales, es decir, más ventanillas. Creo que la generación que nos sacó del «atasco» en el que se había convertido este país, se lo merece. Por otra parte, la exclusión financiera no sólo es de edad, también existe exclusión financiera geográfica y digital : si usted, lector, es mayor de 65 años, vive en un pueblo donde normalmente no hay bancos y encima tiene mala cobertura digital, se cumplen todos los factores para tener el dinero debajo de la baldosa. La falsa idea de democratización que supone la digitalización del acceso a los servicios, administración, servicios financieros privados..., es eso, falsa, ya que en muchas ocasiones no ha servido más que de coartada para reducir personal, despedir trabajadores, cerrar centros de trabajo o de atención al ciudadano y dejar de dar servicios tanto en el ámbito público como en el privado.