"El Gobierno busca reforzar al Fiscal General del Estado en detrimento de los fiscales"

La asociación de Fiscales considera que el APLO de reforma del EOMF, aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, amparándose en la necesidad de dar cumplimiento a las exigencias de organismos europeos lo que en esencia persigue es reforzar la figura del Fiscal General del Estado en detrimento de los fiscales y del órgano democrático que los representa.

La carrera Fiscal se integra por profesionales de elevadas competencias jurídicas y una lealtad institucional indudable.

La publicación por el Ministerio de Justicia de un anteproyecto de reforma en profundidad de la ley que regula nuestra función parte de la duda de esta realidad y pretende afianzar un poder del Fiscal General del Estado en unas condiciones que los últimos dos Fiscales Generales del Estado han ido detalladamente estableciendo.

Es preciso que la ciudadanía recuerde las diferentes sentencias y resoluciones anulando nombramientos dudosos realizados por el Fiscal general García Ortiz en la cúpula de la Fiscalía General del Estado, que el sesgo ideológico y la adhesión personal están detrás de esos ascensos y que los ascendidos permanecerán en sus funciones hasta su jubilación como integrantes de la junta de fiscales de sala. Las consecuencias de esa política de nombramientos se encuentran en el informe de idoneidad efectuado sobre el FGE y en los resultados de las votaciones en temas que todos conocemos: ley de amnistía, dimisión del fiscal general por su imputación...

El Estado de Derecho implica necesariamente el funcionamiento de un sistema de pesos y balanzas que eviten el ejercicio abusivo del poder; sin embargo, el anteproyecto no responde a esas exigencias, pues tiene las siguientes líneas:

- El Consejo Fiscal, único órgano de carácter democrático, ve reducidas sus competencias y queda diluido y desdibujado como órgano de control interno del FGE y el sistema de elección, que limita la facultad de elección de candidatos, solo pretende potenciar la presencia de las asociaciones minoritarias como la que apoya al Fiscal General. Casi podía ahorrar el anteproyecto el propio proceso electoral.

- El único contrapeso es la junta de fiscales de sala, dominada por el FGE tras su reciente evolución.

- Se potencia la jerarquía y las funciones del FGE.

- La adjudicación de asuntos al fiscal investigador por la jefatura no prevé mecanismo alguno de discrepancia ni criterios rigurosos de adjudicación.

- La Disposición Transitoria Única permite la continuidad del actual FGE o, eventualmente, el nombramiento de un FGE con antelación a su entrada en vigor, de perfil similar a los dos últimos fiscales generales y una arquitectura interna de la carrera diseñada para mantener la colonización de la institución.

Reforzar la institución y garantizar su independencia exige dotarla de autonomía presupuestaria y de auténtica potestad reglamentaria y este texto no hace ninguna de las dos cosas.

No es este el momento de entrar en los muchos problemas técnicos que presenta el texto, pero sí lo es de alzar la voz para decir que el anteproyecto es inaceptable, reduce los contrapesos democráticos y no es respetuoso con los fiscales. En definitiva, para reforzar la Institución y garantizar su independencia  es preciso dotarla de autonomía presupuestaria y de auténtica autonomía  reglamentaria.