El cambio de la Ley Electoral, clave para la regeneración de la democracia

Eugenio-Jesús de Ávila

Algo huele a podrido en España. Hamlet. Ser o no ser una democracia profunda, seria, popular, digna. La corrupción exhala un hedor que repugna. La mentira, definitivamente, derrotó a la verdad. Nadie alcanzará ya el poder si no hace del embuste su caballo de batalla. Las gentes digieren mejor los bulos que las certezas. Se castiga la honradez. Se persigue al librepensador. Se premia la felonía. El partido que gane las elecciones en 2027, o quizá antes, si se producen cataclismos políticos, no deberá limitarse a gobernar, sino a ejecutar un verbo necesario: regenerar. Por dónde empezar, pues, sin duda, por la Ley Electoral. Mientras el pueblo rubrique la elección que realizan las jerarquías de las distintas formaciones políticas, diputados, senadores y procuradores obedecerán siempre a quienes los han colocado en las listas, nunca al pueblo llano, una excusa. Porque, como bien dijo Guerra cuando el PSOE tomó el poder en octubre de 1982, el que se mueve no sale en la fotografía.

Pongamos ejemplos de fidelidad al partido. Todos los diputados, senadores y procuradores del PSOE y PP que ocuparon escaños en las dos cámaras y Cortes de Castilla y León. Todos ellos y ellas asumieron y asumen, porque es así, que, para permanecer en las respectivas poltronas, no deben contrariar a sus líderes. Si nuestra provincia necesita, desde hace décadas, que la N-122 entre la capital y la frontera lusa se transforme en autovía, nadie, ni senadores ni diputados, cuando gobernaba su partido, reclamaron, en el nombre de sus votantes, la ejecución de esa infraestructura. Eso sí, si su formación no ocupaba La Moncloa, críticas durísimas al ejecutivo. Ahora, cuando el asunto del AVE y sus paradas en Sanabria, los del PP critican al ministro de la cosa, el ínclito castellano Óscar Puente; pero Fagúndez y el sanabrés Fernández Blanco susurran palabras, de esas que no causan daño, de aquellas que aman el silencio.

Todos estos senadores y diputados nacionales, que perciben salario y reciben prebendas muy superiores a sus respectivas profesiones, jamás defenderán a sus paisanos si sus reclamaciones ofenden al poder de su partido. Son esclavos de sus poltronas, porque saben que cantarles las cuarenta a sus jefes conllevaría destituciones de los cargos que venían ocupando. Y, cuando se deja de ocupar un escaño en la cámara alta o la baja, la economía doméstica se resiente profundamente.

Ahora bien, si el pueblo eligiera directamente a sus políticos y pudiera destituirlos en virtud del cumplimiento de sus programas electorales, solo respetarían a sus votantes y se liberarían de las presiones de sus líderes políticos para exigir a los gobiernos que cumpliera sus promesas.

Además, un cambio en la Ley Electoral acabaría con los chantajes de los partidos de ultraderecha antiespañoles, como PNV y Junts, con los filo etarras y golpistas de ERC, creados para acabar con la nación más vieja de Europa, que vienen obteniendo desde 1977 rendimientos colosales a sus escasos votos. Verbigracia: PNV, con poco más de 275.000 votos, obtuvo cinco diputados; Junts, con casi 400.000, siete. Es decir, el partido de Puigdemont, con ese ridículo número de votantes viene chantajeando a Sánchez desde el 23 de julio de 2023. Y todavía restan otros dos años para seguir ordeñando la ubre de la vaca española. Con otra Ley Electoral el partido que representa al empresariado de extrema derecha catalana, formación racista, apenas tendría poderío para desafiar a los dos grandes partidos catalanes. Los siete diputados de Junts, el mismo número de ERC, los seis de Bildu y los cinco de PNV, cerca del 6% de los votos emitidos, gobiernan a la nación que odian: España.

Por lo tanto, el cambio de la Ley Electoral transformaría el sistema político español, potenciaría la democracia y la regeneraría. Si el PP o el PSOE mantienen el actual modelo, la democracia degenerará hasta oler a podrido, como la Dinamarca de Hamlet.

Anécdota que elevo a categoría: siendo diputado por Zamora del PSOE, ministro con Zapatero y abogado de la señora de Pedro Sánchez, convocó una rueda de prensa un lunes, al día siguiente de la jornada electoral. Un servidor le formuló la siguiente pregunta: ¿Le parece justo que UPyD que ha sacado más de un millón de votos solo haya obtenido dos diputados, mientras el PNV con 300.000 tenga cinco militantes en la cámara baja? Respuesta de Camacho, en esencia: “No sé si será justo o injusto, pero se cumple la Ley Electoral como refleja la Constitución”.

Y poco más que añadir.