DENUNCIA
Denuncian en el Juzgado para frenar la decisión de supresión de paradas del AVE
UPL, Terra SOStenible, Viriatos Zamora, Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora han denunciado al presidente de Renfe, el presidente de ADIF, secretario de Estado de Transportes, y el alcalde de Vigo
Esta mañana, UPL, Terra SOStenible, Viriatos Zamora, Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora, han denunciado esta mañana ante el juzgado de Zamora al presidente de Renfe, el presidente de ADIF, secretario de Estado de Transportes, y el alcalde de Vigo, este último como instigador, de un presunto delito de prevaricación, y otro delito por eliminar servicios públicos, penado con el código penal.
La abogada de los demandantes, Pilar Calvo, junto con representantes de las asociaciones y de UPL, han explicado esta mañana a las puertas del juzgado los motivos de dicha denuncia.
En primer lugar, han recordado que el AVE fue declarado como servicio público, y que en base a ello se expropiaron las tierras con precios muy bajos, que "más que expropiar fue quitarle a la gente las tierras", aseguran.
En octubre del año pasado si abrió el tramo Pedralba a Galicia y se redujeron los tiempos, por lo que no había motivo ninguno para esta nueva supresión de servicios en Sanabria.
Con esta decisión se deja prácticamente sin servicio médico y de educación la zona de Sanabria. "Este servicio lo utilizaba gente que vivía en Sanabria y trabajaba en Zamora o viceversa, además de mucha gente venía a consultas médicas o especialistas", afirman.
Según el presidente de Renfe se han cerrado las paradas del AVE por un motivo de interés público, pero eso "tiene que llevar unos trámites legales y entendemos que esos hechos y el cierre de paradas no han sido declarados", asegura la abogada.
El tren es un servicio público, y esto provoca una decisión injusta a sabiendas, lo cual se refiere al posible delito de prevaricación, explica la abogada. Además, "el Gobierno compensa a Renfe con unas cantidades por aquellos servicios que no son rentables". recuerda Pilar Calvo.
Por otro lado, se les denuncia también por otro posible delito marcado en el art 409 del código penal, que dicta lo siguiente: "A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses".
En base a estas denuncias se han pedido medidas cautelares para que se mantengan los servicios del AVE suprimidos y poder frenar esta decisión injusta e innecesaria, que previsiblemente se hará efectiva el próximo 9 de junio
Esta mañana, UPL, Terra SOStenible, Viriatos Zamora, Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora, han denunciado esta mañana ante el juzgado de Zamora al presidente de Renfe, el presidente de ADIF, secretario de Estado de Transportes, y el alcalde de Vigo, este último como instigador, de un presunto delito de prevaricación, y otro delito por eliminar servicios públicos, penado con el código penal.
La abogada de los demandantes, Pilar Calvo, junto con representantes de las asociaciones y de UPL, han explicado esta mañana a las puertas del juzgado los motivos de dicha denuncia.
En primer lugar, han recordado que el AVE fue declarado como servicio público, y que en base a ello se expropiaron las tierras con precios muy bajos, que "más que expropiar fue quitarle a la gente las tierras", aseguran.
En octubre del año pasado si abrió el tramo Pedralba a Galicia y se redujeron los tiempos, por lo que no había motivo ninguno para esta nueva supresión de servicios en Sanabria.
Con esta decisión se deja prácticamente sin servicio médico y de educación la zona de Sanabria. "Este servicio lo utilizaba gente que vivía en Sanabria y trabajaba en Zamora o viceversa, además de mucha gente venía a consultas médicas o especialistas", afirman.
Según el presidente de Renfe se han cerrado las paradas del AVE por un motivo de interés público, pero eso "tiene que llevar unos trámites legales y entendemos que esos hechos y el cierre de paradas no han sido declarados", asegura la abogada.
El tren es un servicio público, y esto provoca una decisión injusta a sabiendas, lo cual se refiere al posible delito de prevaricación, explica la abogada. Además, "el Gobierno compensa a Renfe con unas cantidades por aquellos servicios que no son rentables". recuerda Pilar Calvo.
Por otro lado, se les denuncia también por otro posible delito marcado en el art 409 del código penal, que dicta lo siguiente: "A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses".
En base a estas denuncias se han pedido medidas cautelares para que se mantengan los servicios del AVE suprimidos y poder frenar esta decisión injusta e innecesaria, que previsiblemente se hará efectiva el próximo 9 de junio
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