La paralización de la integración ferroviaria de Valladolid generará una deuda que pagarán los castellanos y leoneses

La decisión del Ayuntamiento de Valladolid de frenar el proyecto de integración ferroviaria -acordado y cofinanciado por las administraciones local, autonómica y estatal- podría acarrear importantes costes económicos, no solo para la ciudad, sino para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, incluidos los ciudadanos de Zamora.

El alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero, ha insistido en defender la opción del soterramiento, una alternativa que ya fue descartada por su elevado coste y complejidad técnica. Frente al proyecto de integración en superficie, ya en marcha, Carnero ha promovido un cambio de rumbo, que pone en cuestión la continuidad de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), el organismo público encargado del desarrollo urbanístico asociado a la llegada de la alta velocidad. Para Carnero, "hay una interrupción para la reflexión", a la espera de un proyecto mejor en el futuro. 

Esta paralización no solo ralentiza la modernización ferroviaria de la ciudad, sino que también podría suponer la devolución de "cientos de millones" de la deuda que asumió la sociedad, una cantidad que también repercutirá en la Junta de Castilla y León. Es decir, repercutirá en todos los contribuyentes de la comunidad, también en provincias como Zamora, donde hemos realizado grandes esfuerzos para adaptarnos a la llegada del AVE, esfuerzos pagados con la supresión de paradas en Sanabria. 

El riesgo de disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad -con participación del Ministerio de Transportes, Adif, la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento- supondría un revés institucional de gran alcance y podría frenar el desarrollo urbanístico y ferroviario de la ciudad durante años.

La insistencia del actual equipo de gobierno vallisoletano, apoyado por una Plataforma pro Soterramiento que no tiene mucha repercusión y aúna a vecinos del otro lado de la vía que sueñan con el soterramiento desde hace 30 años, muy alejados de la intención de los habitantes de los nuevos edificios de la zona de Ciudad de la Comunicación y Farnesio, que prefieren tener ya una solución de integración, con pasos que les permitan moverse o circular hacia el centro en menos tiempo. 

Mantener el debate sobre el soterramiento pone en peligro no solo el calendario de obras de la nueva estación de ferrocarril, sino también el equilibrio financiero de un proyecto compartido por todas las administraciones implicadas.

A falta de una decisión definitiva, los próximos meses serán clave para conocer si Valladolid opta por continuar con una integración asumible y en ejecución o si, por el contrario, se aventura por una vía que podría costar millones a los ciudadanos de Castilla y León.

¿Qué costaría la disolución para la Junta?

1. Aportaciones pendientes según convenio de integración ferroviaria de 2017

• La Junta participa con un 25 % del capital de SVAV, igual que el Ayuntamiento.
   

• Hasta 2033 tiene el compromiso de aportar un total de 74,76 millones de euros, de los cuales ya ha abonado aproximadamente 45 millones: los 37 millones iniciales más 8,2 millones abonados en 2024 y, para 2025, tiene comprometidos unos 5,56 millones.
   

• Por lo tanto, restarían aún por pagar unos 29,76 millones de euros en los próximos años, si la sociedad continúa activa. 
   

2. Responsabilidad sobre la deuda patrimonial
 

• La sociedad tiene un agujero patrimonial estimado en unos 404 millones de euros, confirmado en junta extraordinaria de 2017. Esa deuda correspondería a los socios en proporción a su participación: el 25 % a cargo de la Junta, es decir, unos 101 millones de euros adicionales.

3. Deudas bancarias y garantías
 

• En 2025, Adif y Renfe adelantaron 62,5 millones de euros para evitar la quiebra, recuperando parte de los préstamos paralizados. La Junta podría verse implicada si se licitan inversiones o se liquidan activos para hacer frente a esa deuda.

Conclusión

Si SVAV se disolviera, la Junta de Castilla y León podría enfrentar un coste potencial cercano a los 130 millones de euros, sumando los pagos pendientes, más su participación en el déficit patrimonial. Esta cifra representaría una carga adicional significativa en las cuentas públicas de la comunidad.

Fotografía: Reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV)