Una nueva Ley Electoral y de Partidos para acabar con la corrupción

Eugenio-Jesús de Ávila

Si nuestra provincia estuviera representada en el Congreso, Senado y Cortes de Castilla y León por diputados, senadores y procuradores elegidos por el pueblo, la preparación de los bosques durante el otoño e invierno, la gestión de los fuegos y su extinción acontecería de manera absolutamente distinta. Pero mientras los políticos de la Junta de Castilla y León, unos y otros; los diputados nacionales del PP y del PSOE, los senadores de ambas formaciones los designen, a dedo, las respectivas jerarquías de sus partidos, volverán a sucederse fuegos en nuestra provincia y en las vecinas.

No nos representan estos diputados, senadores y procuradores, que no son más que comerciales, vicarios, del PSOE y del PP, al servicio de sus jefes, léase Mañueco, al nivel autonómico, Sánchez y Feijóo en el ámbito nacional. Si nuestros políticos fuesen la voz del pueblo, se habrían escuchado fortísimas críticas contra todos estos politicastros que han tomado el poder, una manera vergonzosa de partitocracia, de absorber el Estado para su disfrute.

Insisto, por enésima vez, que, después de la desaparición del sanchismo, se hará necesario abrir un periodo constituyente, para alumbrar una nueva Carta Magna que contemple una nueva Ley Electoral que acabe con los privilegios de los separatistas vascos y catalanes; una nueva Ley de Partidos, donde diputados y senadores sean elegidos por las gentes, la división tajante de los tres poderes e incluso dar paso a un referéndum sobre Monarquía o República. Por supuesto, ni sindicatos, ni patronales, ni partidos se financiarán por el Estado. Acabar con el actual estado de las autonomías, que se ha demostrado no funciona, salvo para los mediocres que se han apoderado de los ejecutivos regionales y sus parlamentos. No es admisible una autonomía como Castilla y León, formada por nueve provincias, mientras Cantabria y La Rioja son uniprovinciales, habiendo sido fundamentales en la constitución de Castilla desde el Medioevo. Y debería contemplarse una nueva administración provincial, porque la actual, con casi dos siglos de vida, merece una nueva conformación. Y desaparición de la Cámara Alta.

Los presidentes del Congreso de los Diputados y Senado nunca podrán ser de los partidos que ganen las legislativas. Ni una sola institución u organismo del Estado, desde el CIS, al Constitucional, pasando por Renfe o Adif, presididos por militantes del partido que gobierne la nación. Las jubilaciones de diputados y senadores no podrán ser las máximas que conceda el Estado, sino como correspondan a cualquier ciudadano. Sin privilegios.

Mientras se mantenga vigente la actual Ley Electoral, un estado autonómico heterogéneo, discriminatorio, ahistórico; un intento descarado de que el Poder Judicial dependa del Ejecutivo, unos partidos leninistas, donde una minoría elabora las listas electorales, la democracia de 1978 se pudrirá víctima de la corrupción, el nepotismo y la mediocridad.

Queda demostrado que esta generación de políticos se han convertido en los verdaderos enemigos del pueblo.