UGT denuncia la gestión de la Junta de Castilla y León en materia de incendios forestales

La gestión de la Junta de Castilla y León frente a los incendios forestales ha vuelto a quedar en entredicho tras las duras críticas vertidas por UGT Servicios Públicos de Castilla y León (UGT SP CyL). El sindicato ha señalado la falta de reconocimiento de la figura del bombero forestal, un problema que, según denuncian, pone en riesgo tanto a los profesionales que combaten los incendios como a la seguridad de los ciudadanos y el patrimonio natural de la comunidad.

En una rueda de prensa celebrada en Valladolid, el secretario general de UGT Servicios Públicos en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, subrayó que en la comunidad autónoma “hay mangueristas, brigadistas, chóferes, peones, pero no hay bomberos forestales”. Esta ausencia de reconocimiento oficial, señaló, acarrea consecuencias graves para los trabajadores del operativo de incendios, ya que en caso de accidente o enfermedad laboral no se les reconoce una baja vinculada a la peligrosidad de su trabajo.

“De esta situación, la única responsable es la Junta de Castilla y León, y solo ella”, afirmó Pérez Urueña, responsabilizando directamente al Gobierno autonómico de no haber desarrollado la Ley Estatal de Bomberos Forestales. Según el dirigente sindical, esta omisión deja en un limbo legal y laboral a cientos de profesionales que arriesgan su vida cada verano para sofocar los incendios que asolan la comunidad.

El secretario general explicó que el propio consejero de Medio Ambiente y el presidente de la Junta han definido el operativo antiincendios como un modelo mixto público-privado. En la parte pública se incluyen las torretas de vigilancia y equipos con categorías muy concretas, como los denominados charlys y romeos. En la parte privada destaca la presencia de la empresa Tragsa, de titularidad pública estatal pero que opera en Castilla y León mediante convenios con la Junta y subcontrataciones que se licitan cada año.

UGT denuncia que en este sistema nadie supervisa de manera real el cumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de las empresas adjudicatarias. Según Pérez Urueña, muchas de ellas no cumplen ni con el número de efectivos necesarios ni con los requisitos de formación adecuados.

El dirigente sindical remarcó la importancia de la formación continua, especialmente porque los profesionales deben enfrentarse a “fuegos de sexta generación”, mucho más peligrosos y complejos de apagar. “No vale con un curso de ocho horas teóricas y ocho prácticas”, advirtió.

Para UGT, la realidad actual refleja “el fracaso de un sistema que hay que cambiar radicalmente”. El sindicato insiste en que la extinción de incendios debe concebirse como un trabajo que se desarrolla los 365 días del año, y no como un operativo limitado al verano.

Por ello, la organización lleva años reclamando que el dispositivo de incendios sea completamente público, con categorías profesionales reconocidas, una formación continua obligatoria y contratos mantenidos durante todo el año. “No vamos a firmar ningún acuerdo en el que no se reconozca la categoría de bombero forestal, con la formación continua necesaria y un buen plan de codificación de mando para dirigir las operaciones”, sentenció Pérez Urueña.

A estas denuncias se sumó también la responsable de Administración Local y Autonómica Federal de UGT Servicios Públicos, Victoria Corbacho, quien acusó a la Junta de “menospreciar” los avisos lanzados desde el sindicato. “Ya advertimos de que esta situación podía ocurrir”, señaló, en referencia a las miles de hectáreas quemadas, la evacuación de vecinos de sus hogares y la insuficiencia de medios para proteger personas, viviendas y bosques.

Corbacho recordó que la Ley Básica de Bomberos Forestales 5/2024, que regula al colectivo a nivel estatal, establecía un periodo transitorio de un año antes de su plena aplicación. Sin embargo, a tres meses de su entrada en vigor, “queda mucho por hacer”. La dirigente sindical denunció el incumplimiento de jornadas laborales, que en ocasiones alcanzan las 16 y hasta 20 horas, sin los descansos que marca la ley. A ello se suman problemas con los avituallamientos, tardíos y escasos, que han provocado episodios de deshidratación y calambres entre los profesionales.

Para concluir, Corbacho enfatizó que la única solución pasa por apostar por un dispositivo plenamente público y profesionalizado: “Lo público es lo que salva al pueblo”. Con esta afirmación, UGT dejó clara su postura de rechazo a la privatización encubierta de un servicio esencial como es la extinción de incendios y reiteró su demanda de reconocimiento pleno de los bomberos forestales en Castilla y León.