NOTAS DEL PENSAMIENTO
Restricciones de la iniciativa legislativa popular
José Antonio Ávila López
![[Img #101570]](https://eldiadezamora.es/upload/images/09_2025/2643_7370_9394_8226_9948_1018_2907_7198_8176_2402_7201_6632_9597_7602_jose-antonio-avila-lopez.jpg)
La difusión de información veraz sobre causas y consecuencias que pueden acarrear decisiones trascendentales puestas a consulta “es una forma de educar políticamente a las masas”. Los sujetos no están dispuestos a la participación en todo momento, ni mucho menos conocen todos los elementos para tomar una decisión gubernamental. Pero una continua exposición al debate público los haría más informados y probablemente más interesados para actuar. Asimismo, no habría que descartar la posibilidad de que los individuos ganaran confianza en sí mismos y en las instituciones, y en adelante “cuestionen, propongan o participen” de algún modo en distintos espacios y momentos del ejercicio de gobierno. De ese modo, también habría una contribución a la cohesión social, al sentido de pertenencia de los integrantes de una comunidad española, hoy puesta en entredicho por las fuerzas progresistas de izquierda y por los nacionalistas. Vale resaltar que ciudadanos bien informados y comprometidos con su comunidad serían condición indispensable para aquellos procedimientos mediante los cuales se vota la permanencia o sustitución de los gobernantes carentes de vínculos fuertes con la sociedad, incapaces de continuar al frente del Gobierno o irresponsables políticamente frente a la mayoría de los ciudadanos. A las consultas populares se suma otro mecanismo parecido como la iniciativa legislativa popular. Mediante la iniciativa legislativa, cualquier ciudadano interesado en una ley tiene la atribución al menos de hacer propuestas, de participar en su debate y finalmente de pugnar o no por su aprobación. Ciertamente, el trámite legal le impone restricciones, pero no le impide intervenir en la deliberación, contribuyendo a transparentarlo y a evitar decisiones que pasen por encima del interés nacional, y cuando son de capital importancia, incluso se utiliza otro recurso participativo, el del referéndum, para que puedan ser aprobadas, de modo que siempre deben ser discutidas y aprobadas por diversas instancias. En resumen, es un “mecanismo que no evade las leyes, sino que las asume” para generar otras.
La difusión de información veraz sobre causas y consecuencias que pueden acarrear decisiones trascendentales puestas a consulta “es una forma de educar políticamente a las masas”. Los sujetos no están dispuestos a la participación en todo momento, ni mucho menos conocen todos los elementos para tomar una decisión gubernamental. Pero una continua exposición al debate público los haría más informados y probablemente más interesados para actuar. Asimismo, no habría que descartar la posibilidad de que los individuos ganaran confianza en sí mismos y en las instituciones, y en adelante “cuestionen, propongan o participen” de algún modo en distintos espacios y momentos del ejercicio de gobierno. De ese modo, también habría una contribución a la cohesión social, al sentido de pertenencia de los integrantes de una comunidad española, hoy puesta en entredicho por las fuerzas progresistas de izquierda y por los nacionalistas. Vale resaltar que ciudadanos bien informados y comprometidos con su comunidad serían condición indispensable para aquellos procedimientos mediante los cuales se vota la permanencia o sustitución de los gobernantes carentes de vínculos fuertes con la sociedad, incapaces de continuar al frente del Gobierno o irresponsables políticamente frente a la mayoría de los ciudadanos. A las consultas populares se suma otro mecanismo parecido como la iniciativa legislativa popular. Mediante la iniciativa legislativa, cualquier ciudadano interesado en una ley tiene la atribución al menos de hacer propuestas, de participar en su debate y finalmente de pugnar o no por su aprobación. Ciertamente, el trámite legal le impone restricciones, pero no le impide intervenir en la deliberación, contribuyendo a transparentarlo y a evitar decisiones que pasen por encima del interés nacional, y cuando son de capital importancia, incluso se utiliza otro recurso participativo, el del referéndum, para que puedan ser aprobadas, de modo que siempre deben ser discutidas y aprobadas por diversas instancias. En resumen, es un “mecanismo que no evade las leyes, sino que las asume” para generar otras.
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