UGT anuncia manifestaciones contra la siniestralidad laboral

Sandra Vega Hernández, secretaria general de UGT FICA CyL, Gorka López Prieto, secretario de Acción Sindical y Coordinación Sectorial de UGT FICA CyL han ofrecido hoy una rueda de prensa para exigir, tanto a los empresarios como a la administración, la adopción de medidas contundentes para acabar con la persistencia de la siniestralidad laboral.

Para contextualizar el motivo de estas declaraciones a medios, López ha apelado a las cifras escandalosas de siniestralidad que hemos tenido en la comunidad a lo largo del pasado año, ya que se registraron 64.879 accidentes de trabajo, de los cuales 30.083 fueron con baja. Además, el año pasado fallecieron 49 personas durante el desempeño de su trabajo en Castilla y León. Esto se traduce en 177 accidentes de trabajo cada día. Por eso, el secretario de acción sindical de UGT FICA CyL no ha podido evitar aludir a “todas aquellas empresas tan preocupadas por el absentismo mienten” ya que, a su entender, “deberían preocuparse por la siniestralidad laboral en los entornos laborales” de los que son responsables “cumpliendo estrictamente la legislación en materia de seguridad y salud laboral”.

Desde la federación de industria, construcción y agro de UGT aseguran estar convencidos de que esto se puede y se debe solucionar y reducir durante este primer semestre del 2025 la siniestralidad laboral en Castilla y León. Sin embargo, el primer semestre de 2025 sigue los mismos derroteros que el año anterior, ya que se han producido, hasta el momento, 17.142 accidentes de trabajo con baja, 31 de ellos mortales. Dentro del ámbito estricto de la federación, 5 han sido en construcción, 7 en industria y 4 en el sector agrario. De hecho, en 2024, dentro de los sectores que afectan a esta federación, se produjeron 12.568 accidentes de trabajo con baja, 23 de ellos mortales, lo que significa que el 42% de los accidentes de toda la comunidad correspondieron a los sectores que engloba UGT FICA.

Además, el perfil de los trabajadores afectados principalmente por esta siniestralidad es el de peón (categoría laboral básica) y el operador de maquinaria con menos de un año de experiencia y en empresas con menos de 50 trabajadores con una representación sindical escasa o nula. Aquí, según Gorka López, se encuentra el “nudo gordiano” de la situación. De hecho, en nuestro país, las empresas con menos de 6 trabajadores no tienen la obligación de contar con representación sindical y, por eso, desde UGT FICA demandan la figura de delegado sectorial de prevención con capacidad de actuación en este tipo de empresas. Al respecto, los representantes sindicales han tenido unas palabras para los trabajadores afectados por el accidente ocurrido hace apenas unos días en Sotillo de la Adrada (Ávila), donde seis trabajadores han sufrido un accidente laboral en el ámbito de la construcción, que es un sector que representa el 6% del PIB autonómico y cuenta con 67.000 personas afiliadas a la Seguridad Social.

Al hilo de este accidente, el secretario de acción sindical de UGT FICA CyL ha recordado que más de la mitad de los accidentes registrados en este sector los han sufrido personas trabajadoras de la franja de edad entre los 50 y los 64 años y, lo que es más grave, el número de personas accidentadas en estos en este sector mayores de 60 años se ha incrementado en los últimos cinco años más de un 65 %. Por eso, desde la Federación han presentado el pasado julio una propuesta de coeficientes reductores para los trabajadores del sector de construcción, porque, según sus propias palabras, “es una medida que va a redundar directamente en la reducción de la siniestralidad en la construcción. Creemos que no es de recibo que las personas mayores de 60 años pues tengan que trabajar subiéndose a un andamio, utilizando maquinaria pesada o en trabajos a la intemperie”.

Por su parte, Sandra Vega, la secretaria general de UGT FICA en Castilla y León ha descrito estos datos como “escalofriantes” ya que “la siniestralidad laboral es uno de los graves problemas que tiene este país y la consecuencia más grave que puede tener un accidente de trabajo y no se nos puede olvidar es, por supuesto, la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento personal y familiar que conlleva”. 

Y es que, según Vega, “hay causas de estos accidentes que no podemos ignorar como la precariedad laboral, porque un trabajador o trabajadora precario tiene menos formación, menos derechos y más riesgos. En muchos casos, la temporalidad y la falta de formación a los trabajadores y trabajadoras al acceder a su puesto de trabajo matan”.

También ha tenido unas palabras para reprocharle a Junts, PP y Vox que tumbaran la propuesta para reducir la jornada laboral. “A partir de ese momento”, aseguraba la secretaria general de UGT FICA CyL, “para mí, son cómplices de los accidentes de trabajo que puedan suceder y que puedan estar relacionados con el estrés y el agotamiento por excesos de esta jornada, porque se producen y se seguirán produciendo”.

Tampoco hay que olvidar que muchas empresas siguen viendo la seguridad como un gasto y no como una inversión y, según el sindicato, “no se me puede olvidar el papel que juegan las mutuas que cada vez endurecen más las condiciones para conceder las bajas laborales, por no hablar del gran número de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales no reconocidos por las mutuas, donde, por no emitir un parte de baja por accidente de trabajo o enfermedad profesional, obligan al trabajador a acudir a su médico de atención primaria para que les den una baja como contingencia enfermedad común con el perjuicio económico que eso supone”.

En este sentido, para combatir la siniestralidad laboral, la federación considera fundamental que se modifique la ley de prevención de riesgos laborales: “Hoy en día existen riesgos psicosociales que la propia normativa ni contempla hay muchas patologías vinculadas a condiciones laborales insostenibles”. Asimismo, Sandra Vega ha exigido más recursos a la inspección de trabajo para poder vigilar, sancionar y garantizar que la ley de prevención de riesgos laborales se cumpla en todos los centros de trabajo, “pero, a pesar de nuestras exigencias, los recursos que llegan siguen siendo insuficientes”.

Por ello, Vega propone implicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o incluso a la propia policía local en la lucha contra los accidentes de trabajo: “se les debería formar en materias de seguridad y salud laboral, para que cualquier irregularidad o incumplimiento de las normativas que detecten se pueda sancionar y, si se demuestra que han existido negligencias por parte de los empresarios, a nadie debería temblarle el pulso a la hora de pedir que cumplan pena de cárcel. Así lo contempla el propio artículo 316 del código Penal, según el cual, quien cometa una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 12 meses”.

Sin embargo, tal y como ha reconocido la propia secretaria general, “hay sindicalistas en la cárcel por defender a una trabajadora embarazada acosada, como es el caso de las seis de Suiza, pero no conozco a ningún empresario en esta circunstancia por negligencias graves en materia de seguridad laboral”. Para finalizar y ante lo que consideran desde el sindicato “un grave problema”, la federación ha anunciado una gran movilización, a la que acudirán todas las CCAA, que se llevará a cabo el 16 de octubre en Madrid junto a CCOO para exigir medidas contundentes que acaben con la “insoportable siniestralidad laboral que se está produciendo en todo el país”.