Cuba: Una prisión sin rejas donde pensar es delito

Eliezet Sesma Diago, preso político cubano condenado a nueve años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, ofreció un crudo testimonio al Observatorio de Derechos Humanos sobre las condiciones carcelarias en Cuba.

 Actualmente recluido en el campamento de trabajo forzado La Lima, tras haber pasado por la prisión de Valle Grande, Sesma denunció el hacinamiento, la corrupción, la violencia y la negligencia médica que imperan en los centros penitenciarios del país.

"Yo sé lo que es estar preso en Cuba-denunció- lo sentí en la piel y en el alma. Allí no solo encierran a delincuentes, allí meten a cualquiera que se atreva a pensar, a cuestionar, a levantar la voz. Los presos políticos no solo perdemos la libertad: nos quieren quitar la dignidad, la esperanza, las ganas de vivir.”

Agregó: “Yo vi el hacinamiento. Vi a hombres durmiendo en el piso, pegados unos a otros, respirando el mismo aire sucio. Vi la violencia que llega de todas partes: de otros presos, de los guardias, del propio sistema. Vi a otros morir esperando una pastilla, un médico, una mínima atención".

Afirmó que en Cuba se encarcela a quienes piensan diferente, cuestionan al régimen o se atreven a alzar la voz, convirtiendo la prisión en una herramienta de represión ideológica.

Denunció que la censura, el espionaje vecinal y el estigma del régimen convierten a toda Cuba en una prisión sin rejas, donde la libertad está prohibida y el miedo es constante. “La prisión de Cuba no se lleva solo en el cuerpo, también se lleva en la mente”, afirmó.

 Juzgados por protestar: 16 cubanos enfrentan hasta 7 años de cárcel por exigir comida y luz´

Esta semana comenzó en Cuba el juicio contra 16 ciudadanos que participaron en una protesta en marzo de 2024 en Bayamo, Granma, para denunciar los apagones y el hambre.

El régimen los acusa de delitos como desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, tenencia ilegal de armas e instigación a delinquir, aunque 13 de ellos llevan más de un año en prisión preventiva. La publicación oficialista Granma calificó la manifestación como “disturbios”, en una inusual estrategia de visibilización judicial.

Las peticiones fiscales, difundidas en junio, solicitan penas de hasta siete años de cárcel para los manifestantes —14 hombres y dos mujeres—, entre ellos Odalys Zamora Rondón (7 años), René Aguilera Aguilar (6 años), y Mario Luis Espinosa Cedeño (5 años).

Algunos, como Duaniel Carmona y Rangel Domínguez, enfrentan prisión domiciliaria. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que estas condenas responden a motivaciones políticas, castigando el ejercicio del derecho a la protesta.

Desde prisión, el activista Julio César Vega Santiesteban afirmó que los detenidos solo exigían una vida digna, libre de hambre y desesperación. Denunció que el régimen cubano, tras más de seis décadas en el poder, continúa promoviendo la represión y el encarcelamiento de quienes alzan la voz. Este juicio se convierte en un nuevo símbolo del control estatal sobre la disidencia social en la isla.