UGT, CCOO y CSIF convocarán huelga en diciembre si no se negocia la subida salarial

Las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF han anunciado el inicio de un calendario de movilizaciones en todo el país en protesta por el bloqueo de la negociación colectiva en el Ministerio de Función Pública, al que acusan de mantener congeladas las nóminas del personal público en 2025 e impedir un nuevo acuerdo salarial, así como de frenar otras mejoras en las condiciones laborales.

Según informaron los sindicatos, las movilizaciones se desarrollarán bajo el lema “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos” y comenzarán el próximo 30 de octubre con concentraciones frente a las subdelegaciones del Gobierno de Castilla y León y del resto de comunidades autónomas, además de una concentración ante el Ministerio de Función Pública en Madrid.

Si el departamento dirigido por Óscar López mantiene el bloqueo a la negociación, los sindicatos prevén una gran concentración en noviembre en la capital y no descartan la convocatoria de una jornada de huelga nacional en diciembre.

Las tres organizaciones, que aseguran representar a más del 80% del personal público, recuerdan que ya en septiembre advirtieron de la posibilidad de adoptar medidas de presión si no se retomaban las negociaciones.

Entre sus principales demandas destacan la subida salarial correspondiente a este año, la recuperación del poder adquisitivo perdido en ejercicios anteriores, la mejora de las condiciones laborales y la puesta en marcha de un plan de empleo público que refuerce los servicios esenciales prestados a la ciudadanía.

Los sindicatos denuncian además que la inacción del Ministerio de Función Pública está agravando los problemas de las trabajadoras y trabajadores del sector público, así como la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.

Las organizaciones sindicales también han criticado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025, aprobada sin su apoyo, por considerar que reduce la creación de empleo neto, disminuye la promoción interna y mantiene la tasa de reposición.

Según sus cálculos, en los últimos 20 años se han perdido más de 42.000 efectivos en las administraciones públicas, mientras que la nueva OEP solo prevé la creación de 4.500 plazas netas.

Otro de los puntos de conflicto es la elevada temporalidad en el empleo público, que los sindicatos sitúan cerca del 30%. En este sentido, recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha instado a España a aumentar las indemnizaciones para las personas afectadas por abuso de temporalidad y a imponer sanciones efectivas a las administraciones incumplidoras.

Finalmente, UGT, CCOO y CSIF reclaman la reapertura inmediata de la Mesa General de Negociación de la Función Pública para alcanzar un nuevo acuerdo que contemple la subida salarial pendiente, la recuperación del poder adquisitivo, la mejora de las condiciones laborales y la consolidación del empleo público con el objetivo de reforzar los servicios públicos.