El FJI tomará medidas de conflicto colectivo si continúa adelante la Ley Bolaños

Conclusiones del XXI Congreso  del Foro Judicial Independiente, celebrado en Albacete

1) Se acuerda adoptar medidas de conflicto colectivo, incluida la huelga, en el caso de que continúe adelante la tramitación del proyecto de reforma de LOPJ para el acceso a las carrera judicial y fiscal y estabilización de los
jueces sustitutos y del anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Respecto de los jueces sustitutos, insistimos en nuestra oposición a que ingresen en la carrera judicial fuera de los cauces legalmente establecidos en la actualidad, que son la oposición por el sistema de turno libre completado con el cuarto turno.

2) Como ya hicimos en su día con Ruiz-Gallardón (PP), Rafael Catalá (PP), Juan Carlos Campo (PSOE) o Dolores Delgado (PSOE), pedimos públicamente la dimisión del ministro D. Félix Bolaños García, titular del
Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, FJI pide públicamente la dimisión del titular del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por las razones siguientes:

• Ser su ministerio responsable de la ley que ha implementado los tribunales de instancia como nuevo modo de organizar los juzgados unipersonales, sin contar para ello con la opinión de los jueces y sin dotación presupuestaria alguna, con el consiguiente colapso de una justicia ya maltrecha, todo ello bajo la equivocada premisa de que los problemas de la Justicia se deben a una defectuosa organización judicial y no al número insuficiente de jueces.

• Impulsar varios proyectos legislativos negativos: como el dirigido a darles la Instrucción de los delitos al Ministerio Fiscal, en las actuales condiciones; el dirigido a modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal a fin de facilitar aún más el control de los futuros fiscales instructores dependientes del Fiscal General del Estado; el que pretende limitar en exceso la acción popular y la libertad de expresión de los jueces; y el dirigido a modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal sacrificando el mérito y la capacidad por una pretensión de mayor afinidad ideológica, con el que, además, se pretende convertir en jueces y fiscales de carrera a más de mil jueces y
fiscales sustitutos.

• Ser responsable último de la huelga de jueces y fiscales de los días 1, 2 y 3 de julio, la primera en la historia de ambas carreras de varios días de duración, como reacción a algunos de dichos proyectos.

• Desinformar sobre los motivos reales de la referida huelga o sobre su seguimiento; o con relación al último informe de la Comisión de Venecia; o sobre la supuesta exigencia europea de convertir a los jueces sustitutos en
jueces de carrera.

• Incumplir parcialmente los pactos del 23 de mayo de 2023 con los que se desconvocó la huelga de jueces y fiscales entonces anunciada, pese a las reiteradas peticiones para ello.

• Poner en duda públicamente la imparcialidad e independencia de los jueces encargados de investigar asuntos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno.

3) Reclamamos la inmediata tramitación de una reforma de la LOPJ que recoja, para el nombramiento de los vocales judiciales del CGPJ, el modelo avalado por el último informe de la Comisión de Venecia del Consejo de
Europa, que no es otro que el de elección directa por los jueces, mediante un sistema de votación con las garantías de representatividad que, precisamente, venimos defendiendo conjuntamente con AJFV para evitar el
control político a través de las asociaciones judiciales.

4) Nos oponemos a que los juzgados de violencia sobre la mujer hayan asumido nuevas competencias sin aumentar sus medios personales y materiales y denunciamos las falaces declaraciones minimizadoras vertidas
desde el Ejecutivo sobre el impacto real que dicha sobrecarga de trabajo va a tener en la atención a las víctimas.

5) Rechazamos el modelo de Medios Adecuados para la Solución de Controversias (MASC) tal y como el mismo se ha implementado por la LO 1/2025, por la inseguridad jurídica que está produciendo, por el desacierto
que supone su exigencia en determinados pleitos y por resultar, en la práctica, un obstáculo más en el acceso a la Justicia por la ciudadanía.

6) Recordamos que, en el estado actual de cosas, estamos en contra de atribuir la instrucción de los delitos al Ministerio Fiscal, por el riesgo de que se produzcan injerencias políticas en los casos de corrupción.

7) FJI se ratifica en los comunicados y manifestaciones realizadas este año acerca de los nombramientos discrecionales efectuados por el CGPJ, lamentando que, como siempre ha venido sucediendo, las plazas se hayan negociado en bloque para un mejor reparto entre los dos grupos de vocales (atendiendo al modo de su elección).

Seguiremos luchando para que estos nombramientos se cubran mediante procedimientos de selección lo más objetivos posibles, tal y como ordena el Plan de Igualdad de la Carrera Judicial y exige Europa.

8) Renovamos nuestra oposición frontal a un modelo puramente productivista que nos pague más por poner más sentencias porque:

a) perjudica a la calidad de la justicia;

b) atenta gravemente contra la salud laboral del juez;

c) degrada la función judicial y la tutela de los derechos de los ciudadanos.

Exigimos al CGPJ que fije de una vez la carga de trabajo de los jueces a efectos de protección de la salud.

9) Mostramos nuevamente nuestro absoluto rechazo a todas aquellas manifestaciones de responsables políticos en las que se ataca la labor de los jueces que están conociendo de casos de corrupción y el mensaje de
deslegitimación del poder judicial que, interesadamente, están lanzando a la sociedad.

El poder judicial debe gozar de la confianza de la ciudadanía para poder ejercer su labor de contrapeso del resto de poderes, evitando los abusos y garantizando los derechos y libertades individuales, lo que es esencial para
el correcto funcionamiento de una democracia.

Por ello, es tremendamente irresponsable que, desde las instituciones, se lancen mensajes dirigidos a minar dicha confianza, y ello por un propósito meramente partidista y cortoplacista.

También rechazamos, por contribuir a minar a esa confianza, los reiterados intentos de judicializar los conflictos políticos.

10) Se nombra como nuevo presidente de la asociación, al terminar el mandato de Fernando Portillo Rodrigo sin posibilidad de renovación, a Roberto García Ceniceros y se nombran vocales a Carmen Cano (Gabinete
Técnico TS), María Celorrio (Juzgado de menores de Huesca), Amparo Salom ( Sección civil del Tribunal de Instancia de Torrent) y Álvaro Vacas ( Juzgados mercantil de Barcelona), continuando como vocales de la Gestora Alejandro Vega (social de de Sevilla) y Aarón Andueza Jiménez (mixto con violencia de Melilla), quedando así constituida la nueva Gestora