Cuadros eléctricos abiertos, una amenaza a plena luz del día

Después de permanecer abierto durante un tiempo, semanas, el cuadro eléctrico incrustado en la valla del colegio San José de Calasanz fue cerrado de manera improvisada, primero con una rama colocada por algún vecino con buen criterio, y más tarde con una simple brida de plástico. Un gesto doméstico para resolver temporalmente un problema que no debería existir. Nuestras calles, parques y fachadas esconden una amenaza que pasa desapercibida para muchos. Los cuadros eléctricos y de telecomunicaciones que encontramos a pie de calle no son simples elementos del paisaje urbano: cuando sus puertas permanecen abiertas, forzadas o mal cerradas, se transforman en trampas latentes, en riesgos cotidianos que todos ignoramos hasta que ocurre una desgracia. No se trata de casos aislados, sino de una práctica demasiado común en nuestras ciudades, un cúmulo de negligencias normalizadas que convierten la seguridad pública en una cuestión de suerte.

Lo que para un transeúnte distraído es solo una caja metálica más, para un técnico o un experto en seguridad representa una grave infracción de la normativa. El reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y las normas de prevención de riesgos laborales son claros,toda instalación eléctrica debe contar con envolventes o barreras que impidan el contacto directo con partes activas. Un cuadro abierto incumple este principio básico y pone en juego la seguridad.

El peligro no es teórico. El contacto con cables o componentes en tensión puede causar lesiones graves, quemaduras. Y los más vulnerables son los niños, que pueden ver en una puerta entreabierta una curiosa invitación al juego. Lo que comienza como una travesura puede convertirse en una tragedia irreparable. Además del riesgo de electrocución, la exposición de los componentes al agua, la suciedad o el vandalismo incrementa la posibilidad de cortocircuitos e incendios con consecuencias imprevisibles.

La responsabilidad se reparte entre varios actores. Por un lado, las compañías suministradoras y operadoras, propietarias de la mayoría de estos cuadros, deben inspeccionar, mantener y garantizar el cierre seguro de sus instalaciones. Por otro, nuestro ayuntamiento, galante de la seguridad en la vía pública, tiene la obligación de supervisar, exigir y sancionar a quienes incumplen. La inacción de unos y otros convierte el peligro en rutina. No podemos esperar a que una tragedia acapare los titulares para reaccionar. Es necesaria una actuación inmediata y coordinada: realizar un censo exhaustivo de los cuadros instalados en la vía pública, reparar o sustituir los que estén dañados, asegurar su cierre con mecanismos adecuados y establecer un canal ciudadano de avisos rápidos, con respuesta garantizada en menos de 24 horas ante cualquier riesgo detectado.