REUNIÓN VALLADOLID ALTA VELOCIDAD
Se confirma la "ruptura ferroviaria" en Valladolid, que pagarán todos los castellanos y leoneses
Para admitir los nuevos pasos bajo las vías de Ariza, el alcalde pide la paralización de las obras de la estación de tren
Jesús Julio Carnero y Suárez-Quiñones, representando a Ayuntamiento y Junta, se han negado a votar, con la excusa de un defecto de forma en su convocatoria, al que solo aludieron al final de la reunión. Todo parece indicar que Valladolid Alta Velocidad acabará en los tribunales.
La crisis de la integración ferroviaria en Valladolid ha estallado este lunes con la ruptura formal del convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) en la reunión de la Comisión de Seguimiento de la SVAV. Adif y Renfe han decidido, finalmente, ante el "no" del Ayuntamiento, a denunciar el acuerdo vigente desde 2017, al considerar que los “incumplimientos”, “tácticas dilatorias” y la falta de “voluntad real de avanzar” por parte de Jesús Julio Carnero y su equipo hacen imposible continuar con el proyecto, en palabras de José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes.
"Por parte de Adif, se declara resuelto el convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid de 2017", así terminaba la secretaria general de Adif, Irene Tous, con las actuaciones que pretendían integrar las dos zonas divididas por las vías en Valladolid, con una evidente modernización de su entorno.
Así, el encuentro, celebrado en las instalaciones de Adif en la estación de tren de Valladolid, y que pretendía el acuerdo o la ruptura definitiva, tras meses de desencuentros, tal y como ya anunció Óscar Puente tras la anterior reunión del 6 de octubre, terminó de la peor manera: la negativa de Jesús Julio Carnero y Súarez-Quiñones, por parte de la Junta, a votar la disolución por un "defecto de forma en la convocatoria" que ya se traían preparado de casa como recurso final (no lo explicaron al comienzo de la reunión). Recordemos que el actual alcalde y senador por Valladolid hizo campaña prometiendo el soterramiento de las vías, con tanto convencimiento que prometió irse si no conseguía el soterramiento.
La reunión de seguimiento del convenio comenzó con la lectura de los compromisos firmados, con una enumeración de los cumplimientos y ejecuciones y de todo lo frenado o a la espera, como el anteproyecto de la nueva estación de autobuses, que le corresponde a la Junta, o los estudios de tráfico, con datos de movilidad que tiene que proporcionar el Ayuntamiento.
Se recordó también la cuestión económica, muy importante cuando hablamos de dinero público: "la aportación de los socios del convenio fue de 299,08 millones de euros y, desde la firma del convenio, los socios han hecho todas las aportaciones anuales acordadas, con excepción del Ayuntamiento, que no ha abonado los 11,075 millones de euros correspondiente al año 2024".
El convenio suscrito en el año 2002 se redefinió en el año 2017, por la situación en la que había incurrido la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, al no poder devolver los préstamos que había contraído para financiar los proyectos y obras que se habían ejecutado hasta ese momento, por valor de 554,28 millones de euros, de los que la Sociedad había pagado 442,88 millones.
Dos años de bloqueo y un año de impago
El alcalde de Valladolid, al comienzo de su intervención, por primera vez y tras meses de agarrarse "al sentido común", entregó al secretario de Estado de Transportes un documento realizado por su Ayuntamiento sobre los problemas de tráfico que puede generar la confluencia de las obras de los pasos bajo la vía y las de la estación de tren. Habló de acuerdos, reuniones próximas, de seguir hablando de forma menos oficial y más distendida... en los próximos meses, años... dejando para cuando acaben las obras de la estación el resto de obras planteadas en la zona de Ciudad de Comunicación.
Ante una nueva dilatación del proceso, José Antonio Santano le recordó al alcalde que esas cuestiones ya se habían discutido en reuniones anteriores y que no era ese el motivo de esta, sino la disolución, ante la evidente paralización del proyecto de integración. "Entendemos que apuestan por el soterramiento, algo muy lícito y que vemos bien que defiendan, pero fuera de la sociedad".
Le recordó que, en dos años, han mantenido más reuniones que con ninguna otra ciudad, diez, para solo encontrar el rechazo a la integración. "Y creo, sinceramente, que apostar por el soterramiento y esta ruptura es malo para Valladolid, pero yo no soy su alcalde".
Paralización y un año de impagos
Los informes sobre el soterramiento de las vías vallisoletanas, realizados de los técnicos de Adif y presentados en febrero de 2024, concluían que la obra supondría un coste de 1.570 millones y 19 años de obras (a los que se suman los años de gestión administrativa, estudios y licitación); datos concluyentes, además del peligro para los edificios próximos a la vía.
A pesar de la evidencia técnica y económica, desde el Ayuntamiento se ha seguido apostando por el soterramiento, esta vez con muro pantallla (también desaconsejado por los técnicos, entre otros motivos, por las corrientes de agua subterránea de la zona). Aunque hoy se ha mostrado más abierto a la integración, el propio Carnero, en unas declaraciones recientes, afirmó que ahora no puede realizarse el soterramiento, pero luchará para que, en el futuro, los avances técnicos permitan que sus nietos disfruten de una Valladolid con las vías soterradas.
Sin pasos de Ariza, vecinos encerrados y sin servicios públicos
Uno de los mayores focos de tensión ha sido el proyecto de los pasos de Ariza, que lleva dos años sin aprobarse por la oposición constante del Ayuntamiento. Santano leyó actas donde se recoge que el alcalde justificó su rechazo por el supuesto “caos circulatorio” que generarían las obras, llegando a afirmar que no necesitaba estudios de movilidad, porque se lo dictaba "el sentido común", algo que hoy ha repetido.
La decisión supone un giro de enorme impacto no solo para Valladolid, sino para el conjunto de Castilla y León. La SVAV -participada por el Ministerio de Transportes, Adif, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León- arrastra una compleja situación financiera y su disolución en los juzgados podría trasladar cientos de millones de euros de coste a las arcas autonómicas y, por extensión, a los ciudadanos de toda la comunidad.
Un riesgo económico que pagaremos todos
La paralización del proyecto y la posible disolución de la SVAV conllevan un enorme impacto financiero para la Junta de Castilla y León, que participa con un 25 % del capital. Esto significa que, si la sociedad se liquida, todos los castellanos y leoneses deberán asumir la factura final, sin contar con las repercusiones judiciales.
Según las cifras confirmadas en reuniones previas y en el convenio de 2017, la SVAV presenta un déficit reconocido de 404 millones de euros. De disolverse, la Junta asumiría un 25 %, es decir, unos 101 millones adicionales. En 2025, Adif y Renfe adelantaron 62,5 millones para evitar la quiebra. La Junta también podría tener que responder en la liquidación de activos o responsabilidades.
Un coste potencial de 130 millones para Castilla y León
En total, la disolución de la sociedad podría suponer para la Junta cerca de 130 millones de euros, entre aportaciones pendientes y responsabilidad patrimonial. Un coste que no recaería solo sobre Valladolid, sino sobre toda la Comunidad Autónoma, incluidos territorios como Zamora, que ya han pagado sus propios sacrificios en materia ferroviaria -como la pérdida de paradas en Sanabria- para facilitar la llegada del AVE a Vigo.
Un futuro incierto
Con la ruptura del convenio, el futuro del urbanismo ferroviario de Valladolid queda en el aire. La insistencia del equipo de gobierno municipal en reabrir el debate del soterramiento, apoyado por una plataforma ciudadana nostálgica y minoritaria, coloca en riesgo el calendario de obras de la nueva estación, la permeabilidad urbana y la estabilidad financiera de un proyecto considerado estratégico por todas las administraciones hasta ahora.
Los próximos meses, con las elecciones autonómicas en un cercano horizonte, serán decisivos para saber si Valladolid continúa con la integración en superficie -ya planificada y financiada- o si se encamina hacia una alternativa que podría costar millones a todos los contribuyentes de Castilla y León.
Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid
La crisis de la integración ferroviaria en Valladolid ha estallado este lunes con la ruptura formal del convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) en la reunión de la Comisión de Seguimiento de la SVAV. Adif y Renfe han decidido, finalmente, ante el "no" del Ayuntamiento, a denunciar el acuerdo vigente desde 2017, al considerar que los “incumplimientos”, “tácticas dilatorias” y la falta de “voluntad real de avanzar” por parte de Jesús Julio Carnero y su equipo hacen imposible continuar con el proyecto, en palabras de José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes.
"Por parte de Adif, se declara resuelto el convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid de 2017", así terminaba la secretaria general de Adif, Irene Tous, con las actuaciones que pretendían integrar las dos zonas divididas por las vías en Valladolid, con una evidente modernización de su entorno.
Así, el encuentro, celebrado en las instalaciones de Adif en la estación de tren de Valladolid, y que pretendía el acuerdo o la ruptura definitiva, tras meses de desencuentros, tal y como ya anunció Óscar Puente tras la anterior reunión del 6 de octubre, terminó de la peor manera: la negativa de Jesús Julio Carnero y Súarez-Quiñones, por parte de la Junta, a votar la disolución por un "defecto de forma en la convocatoria" que ya se traían preparado de casa como recurso final (no lo explicaron al comienzo de la reunión). Recordemos que el actual alcalde y senador por Valladolid hizo campaña prometiendo el soterramiento de las vías, con tanto convencimiento que prometió irse si no conseguía el soterramiento.
La reunión de seguimiento del convenio comenzó con la lectura de los compromisos firmados, con una enumeración de los cumplimientos y ejecuciones y de todo lo frenado o a la espera, como el anteproyecto de la nueva estación de autobuses, que le corresponde a la Junta, o los estudios de tráfico, con datos de movilidad que tiene que proporcionar el Ayuntamiento.
Se recordó también la cuestión económica, muy importante cuando hablamos de dinero público: "la aportación de los socios del convenio fue de 299,08 millones de euros y, desde la firma del convenio, los socios han hecho todas las aportaciones anuales acordadas, con excepción del Ayuntamiento, que no ha abonado los 11,075 millones de euros correspondiente al año 2024".
El convenio suscrito en el año 2002 se redefinió en el año 2017, por la situación en la que había incurrido la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, al no poder devolver los préstamos que había contraído para financiar los proyectos y obras que se habían ejecutado hasta ese momento, por valor de 554,28 millones de euros, de los que la Sociedad había pagado 442,88 millones.
Dos años de bloqueo y un año de impago
El alcalde de Valladolid, al comienzo de su intervención, por primera vez y tras meses de agarrarse "al sentido común", entregó al secretario de Estado de Transportes un documento realizado por su Ayuntamiento sobre los problemas de tráfico que puede generar la confluencia de las obras de los pasos bajo la vía y las de la estación de tren. Habló de acuerdos, reuniones próximas, de seguir hablando de forma menos oficial y más distendida... en los próximos meses, años... dejando para cuando acaben las obras de la estación el resto de obras planteadas en la zona de Ciudad de Comunicación.
Ante una nueva dilatación del proceso, José Antonio Santano le recordó al alcalde que esas cuestiones ya se habían discutido en reuniones anteriores y que no era ese el motivo de esta, sino la disolución, ante la evidente paralización del proyecto de integración. "Entendemos que apuestan por el soterramiento, algo muy lícito y que vemos bien que defiendan, pero fuera de la sociedad".
Le recordó que, en dos años, han mantenido más reuniones que con ninguna otra ciudad, diez, para solo encontrar el rechazo a la integración. "Y creo, sinceramente, que apostar por el soterramiento y esta ruptura es malo para Valladolid, pero yo no soy su alcalde".
Paralización y un año de impagos
Los informes sobre el soterramiento de las vías vallisoletanas, realizados de los técnicos de Adif y presentados en febrero de 2024, concluían que la obra supondría un coste de 1.570 millones y 19 años de obras (a los que se suman los años de gestión administrativa, estudios y licitación); datos concluyentes, además del peligro para los edificios próximos a la vía.
A pesar de la evidencia técnica y económica, desde el Ayuntamiento se ha seguido apostando por el soterramiento, esta vez con muro pantallla (también desaconsejado por los técnicos, entre otros motivos, por las corrientes de agua subterránea de la zona). Aunque hoy se ha mostrado más abierto a la integración, el propio Carnero, en unas declaraciones recientes, afirmó que ahora no puede realizarse el soterramiento, pero luchará para que, en el futuro, los avances técnicos permitan que sus nietos disfruten de una Valladolid con las vías soterradas.
Sin pasos de Ariza, vecinos encerrados y sin servicios públicos
Uno de los mayores focos de tensión ha sido el proyecto de los pasos de Ariza, que lleva dos años sin aprobarse por la oposición constante del Ayuntamiento. Santano leyó actas donde se recoge que el alcalde justificó su rechazo por el supuesto “caos circulatorio” que generarían las obras, llegando a afirmar que no necesitaba estudios de movilidad, porque se lo dictaba "el sentido común", algo que hoy ha repetido.
La decisión supone un giro de enorme impacto no solo para Valladolid, sino para el conjunto de Castilla y León. La SVAV -participada por el Ministerio de Transportes, Adif, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León- arrastra una compleja situación financiera y su disolución en los juzgados podría trasladar cientos de millones de euros de coste a las arcas autonómicas y, por extensión, a los ciudadanos de toda la comunidad.
Un riesgo económico que pagaremos todos
La paralización del proyecto y la posible disolución de la SVAV conllevan un enorme impacto financiero para la Junta de Castilla y León, que participa con un 25 % del capital. Esto significa que, si la sociedad se liquida, todos los castellanos y leoneses deberán asumir la factura final, sin contar con las repercusiones judiciales.
Según las cifras confirmadas en reuniones previas y en el convenio de 2017, la SVAV presenta un déficit reconocido de 404 millones de euros. De disolverse, la Junta asumiría un 25 %, es decir, unos 101 millones adicionales. En 2025, Adif y Renfe adelantaron 62,5 millones para evitar la quiebra. La Junta también podría tener que responder en la liquidación de activos o responsabilidades.
Un coste potencial de 130 millones para Castilla y León
En total, la disolución de la sociedad podría suponer para la Junta cerca de 130 millones de euros, entre aportaciones pendientes y responsabilidad patrimonial. Un coste que no recaería solo sobre Valladolid, sino sobre toda la Comunidad Autónoma, incluidos territorios como Zamora, que ya han pagado sus propios sacrificios en materia ferroviaria -como la pérdida de paradas en Sanabria- para facilitar la llegada del AVE a Vigo.
Un futuro incierto
Con la ruptura del convenio, el futuro del urbanismo ferroviario de Valladolid queda en el aire. La insistencia del equipo de gobierno municipal en reabrir el debate del soterramiento, apoyado por una plataforma ciudadana nostálgica y minoritaria, coloca en riesgo el calendario de obras de la nueva estación, la permeabilidad urbana y la estabilidad financiera de un proyecto considerado estratégico por todas las administraciones hasta ahora.
Los próximos meses, con las elecciones autonómicas en un cercano horizonte, serán decisivos para saber si Valladolid continúa con la integración en superficie -ya planificada y financiada- o si se encamina hacia una alternativa que podría costar millones a todos los contribuyentes de Castilla y León.
Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid
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