JCYL
Los medios que han recurrido la ley de Publicidad Institucional de Castilla y León desmienten un acuerdo con el PSOE para su modificación
Las empresas editoras señalan que no ha existido ningún acuerdo con ningún partido político sobre la reforma de la Ley de Publicidad Institucional ni antes de su fórmula actual y confían en la resolución judicial a la inseguridad jurídica creada
Foto: El equipo de dirección del PSOE de Castilla y León, con Carlos Martínez (izda) al frente
Los 33 medios de comunicación que han elevado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León su desacuerdo con la última reforma de Ley de Publicidad Institucional, entre ellos este medio, han mostrado su estupor conjunto por un supuesto acuerdo anunciado por el PSOE de Castilla y León sobre reformas en la norma y ratifican su confianza en que el proceso judicial anule los preceptos contrarios al ordenamiento jurídico superior.
Las 29 empresas editoras de las 9 provincias de Castilla y León expresan su estupor ante el comunicado de prensa publicado este viernes por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León.
La totalidad de Medios implicados niegan las afirmaciones de dicho comunicado, cuando exponen que secretario general del PSOE-CyL, Carlos Martínez, “cumple su compromiso de registrar el acuerdo alcanzado con los medios de comunicación, especialmente los más pequeños, con los que el PSOE ha venido trabajado en esta propuesta legislativa”.
Los medios de comunicación niegan que se haya producido reunión de trabajo alguna, siquiera contacto sectorial formal alguno, y por supuesto acuerdo durante los meses transcurridos desde la aprobación de la Ley en julio, que ya rechazaron a los partidos que la apoyaron en una reunión previa a la votación.
La nueva modificación de esta Ley, que además no tendría garantizados los apoyos necesarios para salir adelante, mantiene los preceptos que llevan a las sociedades editoras a recurrir a la vía judicial para su anulación. Y es que expone a las empresas informativas a una indefensión jurídica y que, además, contraviene la legislación estatal en materia de contratos con la administración pública, al establecer un porcentaje máximo de publicidad institucional.
Es por ello que las empresas editoras reafirman la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León imponga medidas cautelares a la aplicación de la norma mientras avanza la demanda por inconstitucionalidad que resuelva la situación de inseguridad jurídicica
Foto: El equipo de dirección del PSOE de Castilla y León, con Carlos Martínez (izda) al frente
Los 33 medios de comunicación que han elevado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León su desacuerdo con la última reforma de Ley de Publicidad Institucional, entre ellos este medio, han mostrado su estupor conjunto por un supuesto acuerdo anunciado por el PSOE de Castilla y León sobre reformas en la norma y ratifican su confianza en que el proceso judicial anule los preceptos contrarios al ordenamiento jurídico superior.
Las 29 empresas editoras de las 9 provincias de Castilla y León expresan su estupor ante el comunicado de prensa publicado este viernes por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León.
La totalidad de Medios implicados niegan las afirmaciones de dicho comunicado, cuando exponen que secretario general del PSOE-CyL, Carlos Martínez, “cumple su compromiso de registrar el acuerdo alcanzado con los medios de comunicación, especialmente los más pequeños, con los que el PSOE ha venido trabajado en esta propuesta legislativa”.
Los medios de comunicación niegan que se haya producido reunión de trabajo alguna, siquiera contacto sectorial formal alguno, y por supuesto acuerdo durante los meses transcurridos desde la aprobación de la Ley en julio, que ya rechazaron a los partidos que la apoyaron en una reunión previa a la votación.
La nueva modificación de esta Ley, que además no tendría garantizados los apoyos necesarios para salir adelante, mantiene los preceptos que llevan a las sociedades editoras a recurrir a la vía judicial para su anulación. Y es que expone a las empresas informativas a una indefensión jurídica y que, además, contraviene la legislación estatal en materia de contratos con la administración pública, al establecer un porcentaje máximo de publicidad institucional.
Es por ello que las empresas editoras reafirman la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León imponga medidas cautelares a la aplicación de la norma mientras avanza la demanda por inconstitucionalidad que resuelva la situación de inseguridad jurídicica
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