LDHH
Total, se iba a saber
Alfonso J. Vázquez Vahamonde
El montaje de la justicia, aun en los países donde es una ostentosa burla su existencia, reside en ilegalizar el derecho primigenio su ejercicio por la víctima. Fue un pacto pleno de sentido común. Si la familia del “ajusticiado” aplicaba su propia justicia en defensa del honor familiar del asesinado aquello no tenía fin. La solución práctica de exterminio de toda la familia para que ningún pariente lejano estuviera obligado a esa defensa del honor no parecía una solución sensata. En esas condiciones la ley de Talión: ”ojo por ojo, diente por diente” fue un inmenso progreso. Hoy nos parece una salvajada que aún rige en varios países, p. ej., los EEUU donde está “legalizada la pena de muerte”. ¿siguen siendo unos salvajes.
Cada país tiene su propio Código Penal al que se le llama la Constitución del Delincuente. En toda la sanción al agresor es siempre inferior al beneficio logrado. Eso es un incentivo a la delincuencia. Los delitos de corrupción lo prueban. Todos se enriquecen. La víctima es inindemnizable en el caso de cualquier delito, aún el mínimo, No digamos si son delitos de violación, homicidio y aún asesinato. Asesinar legalmente al asesino no indemniza a la víctima ni a sus familiares del daño sufrido. Sólo recupera la ley de Talión: una salvajada.
Todos los Códigos, incluida la Ley de Procedimiento para aplicarlos, o son “el sentido común escrito” o son “el atropello legalizado”. Cada país selecciona a los jueces fruto de su historia y de sus valores sociales. La Ley de Procedimiento es la gatera que, dolosamente o no, legaliza el fraude de ley de las sentencias si la aplican al pie de la letra en vez de “atender fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas” como exige el art. 3.1 CC que es el fundamento de mi postulado, salvo prueba en contra: “la justicia es el sentido común escrito”. Cuando un fallo falta al sentido común legalizando las “trapacerías” no hay justicia.
La “trapacerïa” es una opinión moral personalísima de las actuaciones que algunos jueces “legitiman” violando el art. 3 CC. Los abogados, “trapaceros” que las emplean para defender a su cliente dicen que ellos no son jueces y que su contrato es demostrar que su cliente hiciera lo que hiciera era inocente o que sólo merece una pena mínima. Hay muy buenos y notorios abogados trapaceros.
Soportamos ese “juego” porque tenemos fe en que los jueces no son trapaceros y ven en ello el fraude de ley (art. 6.4 CC) al pasarlas por el tamiz del art. 3.1 CC que exige aplicar las leyes respetando “al máximo, no al mínimo, “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas” tanto en defensa del acusado como en la del acusador. Esta sociedad acepta que “es mejor que un asesino esté en la calle antes que un inocente en la cárcel”. Recuerdo el caso de la Srª Wanninkof y el de todos los encarcelados por Franco por defender los derechos fundamentales que sí respetaba la II República.
Se difundió un secreto por docenas de personas, pero se ha condenado al Fiscal General que fue al único que se investigó. Fue víctima de una calumnia publicada con “temerario desprecio a la verdad” por un periodista que lo reconoció en sede judicial y cuyo contrato es de asesor de la novia del presunto defraudador a Hacienda, pero no de éste. Oímos las declaraciones veraces de distintos periodistas. Todos exoneraron al Fiscal General de filtrado del “secreto inexistente”. Lo conocían más de medio millar de personas y mucho antes.
Quizá los imputen por decir la verdad. De momento el presidente acuso a uno de amenazarle por decir que era inocente pues “ese inexistente secreto” se lo dijera a él mucho antes una persona a la que no identificará conforme la ley. Ver ahí una amenaza es prueba indiciaria de falta de sentido común.
El Fiscal General publicó un desmentido a la calumnia contra la Fiscalía; decía que “de arriba” se ordenara los fiscales revocar su inexistente propuesta de pacto. Fue el novio quien propuso reconocer los delitos si no le metían en la cárcel. Su novia mintió 1º.- cuando dijo que Hacienda le debía 600.000 a su novio; 2º.- al decir: “le persigue por ser mi novio”. Ser su novio no es un delito.
Con nulo sentido común, ¿hay justicia sin él?, El tribunal difunde un secreto, “la condena” y dice: “publicamos la condena porque total se iba a saber”
La novia también dijera: “los dejamos morir porque total se iban a morir”.
¿Debió mentir el Fiscal: “sí difundí el “no secreto” porque total ya se sabía”
Seguro que leer la sentencia me hará reír. Es mi truco para no indignarme.
Abogado
El montaje de la justicia, aun en los países donde es una ostentosa burla su existencia, reside en ilegalizar el derecho primigenio su ejercicio por la víctima. Fue un pacto pleno de sentido común. Si la familia del “ajusticiado” aplicaba su propia justicia en defensa del honor familiar del asesinado aquello no tenía fin. La solución práctica de exterminio de toda la familia para que ningún pariente lejano estuviera obligado a esa defensa del honor no parecía una solución sensata. En esas condiciones la ley de Talión: ”ojo por ojo, diente por diente” fue un inmenso progreso. Hoy nos parece una salvajada que aún rige en varios países, p. ej., los EEUU donde está “legalizada la pena de muerte”. ¿siguen siendo unos salvajes.
Cada país tiene su propio Código Penal al que se le llama la Constitución del Delincuente. En toda la sanción al agresor es siempre inferior al beneficio logrado. Eso es un incentivo a la delincuencia. Los delitos de corrupción lo prueban. Todos se enriquecen. La víctima es inindemnizable en el caso de cualquier delito, aún el mínimo, No digamos si son delitos de violación, homicidio y aún asesinato. Asesinar legalmente al asesino no indemniza a la víctima ni a sus familiares del daño sufrido. Sólo recupera la ley de Talión: una salvajada.
Todos los Códigos, incluida la Ley de Procedimiento para aplicarlos, o son “el sentido común escrito” o son “el atropello legalizado”. Cada país selecciona a los jueces fruto de su historia y de sus valores sociales. La Ley de Procedimiento es la gatera que, dolosamente o no, legaliza el fraude de ley de las sentencias si la aplican al pie de la letra en vez de “atender fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas” como exige el art. 3.1 CC que es el fundamento de mi postulado, salvo prueba en contra: “la justicia es el sentido común escrito”. Cuando un fallo falta al sentido común legalizando las “trapacerías” no hay justicia.
La “trapacerïa” es una opinión moral personalísima de las actuaciones que algunos jueces “legitiman” violando el art. 3 CC. Los abogados, “trapaceros” que las emplean para defender a su cliente dicen que ellos no son jueces y que su contrato es demostrar que su cliente hiciera lo que hiciera era inocente o que sólo merece una pena mínima. Hay muy buenos y notorios abogados trapaceros.
Soportamos ese “juego” porque tenemos fe en que los jueces no son trapaceros y ven en ello el fraude de ley (art. 6.4 CC) al pasarlas por el tamiz del art. 3.1 CC que exige aplicar las leyes respetando “al máximo, no al mínimo, “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas” tanto en defensa del acusado como en la del acusador. Esta sociedad acepta que “es mejor que un asesino esté en la calle antes que un inocente en la cárcel”. Recuerdo el caso de la Srª Wanninkof y el de todos los encarcelados por Franco por defender los derechos fundamentales que sí respetaba la II República.
Se difundió un secreto por docenas de personas, pero se ha condenado al Fiscal General que fue al único que se investigó. Fue víctima de una calumnia publicada con “temerario desprecio a la verdad” por un periodista que lo reconoció en sede judicial y cuyo contrato es de asesor de la novia del presunto defraudador a Hacienda, pero no de éste. Oímos las declaraciones veraces de distintos periodistas. Todos exoneraron al Fiscal General de filtrado del “secreto inexistente”. Lo conocían más de medio millar de personas y mucho antes.
Quizá los imputen por decir la verdad. De momento el presidente acuso a uno de amenazarle por decir que era inocente pues “ese inexistente secreto” se lo dijera a él mucho antes una persona a la que no identificará conforme la ley. Ver ahí una amenaza es prueba indiciaria de falta de sentido común.
El Fiscal General publicó un desmentido a la calumnia contra la Fiscalía; decía que “de arriba” se ordenara los fiscales revocar su inexistente propuesta de pacto. Fue el novio quien propuso reconocer los delitos si no le metían en la cárcel. Su novia mintió 1º.- cuando dijo que Hacienda le debía 600.000 a su novio; 2º.- al decir: “le persigue por ser mi novio”. Ser su novio no es un delito.
Con nulo sentido común, ¿hay justicia sin él?, El tribunal difunde un secreto, “la condena” y dice: “publicamos la condena porque total se iba a saber”
La novia también dijera: “los dejamos morir porque total se iban a morir”.
¿Debió mentir el Fiscal: “sí difundí el “no secreto” porque total ya se sabía”
Seguro que leer la sentencia me hará reír. Es mi truco para no indignarme.
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