UGT FICA exige que las ayudas públicas a la industria garanticen empleo y arraigo territorial

a Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) defiende que las ayudas públicas destinadas al sector industrial deben estar vinculadas de manera estricta a compromisos de empleo estable y arraigo territorial, así como a la implantación de un “peaje” o mecanismo de retorno para aquellas empresas que, tras recibir subvenciones, decidan deslocalizar su actividad. Así lo ha manifestado UGT-FICA Castilla y León tras analizar los últimos datos económicos y laborales de la comunidad.

El sindicato ha valorado con cautela el incremento del 12,8 % del Índice de Producción Industrial (IPI) registrado en noviembre de 2025 en Castilla y León, el mayor aumento del conjunto del Estado y once puntos por encima de la media nacional. Este dato confirma, según la organización sindical, el peso estratégico de la industria en la economía autonómica. Sin embargo, UGT-FICA advierte de que este crecimiento, por sí solo, no puede considerarse un éxito completo.

Para el sindicato, aunque el aumento del IPI es una buena noticia, no basta con producir más. “El crecimiento industrial no puede analizarse únicamente desde una perspectiva productiva, sino desde su capacidad real para generar empleo estable y mejorar la cohesión social y territorial. Sin eso, el crecimiento se queda en una cifra y no en un proyecto de futuro”, subrayan desde la federación.

Los datos de empleo refuerzan esta preocupación. El paro total en Castilla y León se situó en noviembre de 2025 en 101.603 personas, frente a las 106.728 registradas en noviembre de 2024. No obstante, en el sector industrial el descenso ha sido mínimo: 8.159 personas desempleadas, apenas 118 menos que hace un año, lo que supone una caída interanual del 1,4 %, muy alejada del fuerte crecimiento productivo. Para UGT-FICA, esta evolución demuestra que “el aumento de la producción industrial no se está traduciendo en una mejora equivalente del empleo”.

Según el sindicato, esta desconexión apunta a procesos de automatización, reorganización productiva o externalización, que incrementan la actividad sin generar suficientes puestos de trabajo ni de calidad. Una tendencia que, advierten, puede debilitar a medio plazo el papel social de la industria como motor de empleo.

El análisis territorial tampoco ofrece un panorama más alentador. El paro industrial desciende ligeramente en provincias como Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia o Zamora, pero lo hace de forma muy limitada. En cambio, aumenta en Valladolid y permanece prácticamente estancado en Palencia. Para el sindicato, estos datos confirman que “el crecimiento industrial no está teniendo un efecto vertebrador ni está contribuyendo a corregir los desequilibrios territoriales de la comunidad”.

A esta situación se suma la persistencia de la temporalidad y la precariedad laboral. En noviembre de 2025 se firmaron 31.780 contratos temporales, frente a 18.815 indefinidos en el conjunto de los sectores. Aunque la contratación temporal desciende respecto a noviembre de 2024, cuando se registraron 34.055 contratos, la indefinida apenas crece. Para UGT, esto confirma que “el crecimiento económico no se está utilizando para consolidar empleo estable, tampoco en la industria”.

En un contexto marcado por la transformación digital, la electrificación industrial y un escenario internacional complejo, UGT insiste en la necesidad de que el poder político impulse un Gran Pacto de Estado por la Industria. “La industria es la actividad que más riqueza genera, la que crea empleo estable y de calidad y la que fija población”, recuerdan.

Por último, el sindicato reclama mayor responsabilidad en el uso de los recursos públicos. UGT-FICA Castilla y León considera que la Junta de Castilla y León debe proteger especialmente a las empresas con una implantación histórica en la comunidad y califica de inaceptable que compañías que reciben subvenciones públicas puedan deslocalizarse sin consecuencias. Por ello, defiende que las ayudas públicas estén condicionadas a compromisos de empleo y arraigo territorial, y que exista un retorno económico si las empresas deciden marcharse.