El Defensor del Pueblo pide al Gobierno soluciones ante el recorte de apoyos a personas con discapacidad intelectual

La Oficina del Defensor del Pueblo ha decidido elevar su actuación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para desbloquear el conflicto interministerial generado tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021, que está provocando la pérdida de apoyos sociales y fiscales a personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

La decisión llega tras la queja presentada en mayo de 2024 por Plena inclusión España y la asociación Liber, que denunciaron que la reforma legal, diseñada para reforzar la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad, ha tenido efectos colaterales que han reducido su nivel de protección económica.

Según Plena inclusión, la retirada de determinados beneficios y deducciones supone un grave perjuicio para muchas personas con grandes necesidades de apoyo y para sus familias, que deben asumir un sobrecoste económico significativo para garantizar su calidad de vida.

El origen del problema se encuentra en la reforma introducida por la Ley 8/2021, que sustituyó la tutela judicial por sistemas de apoyo basados en la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Este cambio ha llevado a que organismos como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social dejen de reconocer ciertos beneficios asociados a la antigua figura de la incapacitación judicial, lo que ha supuesto una merma de derechos respecto a la situación previa a 2021.

Ante esta situación, la Oficina del Defensor del Pueblo recomendó revisar con urgencia la Ley General de la Seguridad Social y la Ley del IRPF para garantizar una protección social y fiscal equivalente a la existente antes de la reforma. Sin embargo, las Secretarías de Estado de Hacienda y de Seguridad Social y Pensiones rechazaron estas recomendaciones en enero de 2025.

Frente a esta negativa, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha planteado recientemente ampliar la asimilación de beneficios no solo a las curatelas representativas, sino también a las curatelas ordinarias, como única vía para evitar la pérdida de derechos consolidados por parte de las personas con discapacidad que han actualizado su régimen de apoyos conforme a la nueva ley.

La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, ha advertido del riesgo de que la reforma legal “acabe convirtiéndose paradójicamente en una herramienta que recorte la protección económica y social de las personas con discapacidad y sus familias”, cuando su objetivo inicial era precisamente ampliar derechos.

Ante la falta de acuerdo entre los distintos departamentos ministeriales, el Defensor del Pueblo ha optado ahora por solicitar la mediación del Ministerio de la Presidencia y Justicia, con el fin de encontrar una solución que garantice la protección efectiva de este colectivo.

Fotografía: Plena Inclusión