Expectativas incumplidas dentro de las Fuerzas Armadas

Hace unos días leí que el pasado 17 de diciembre tuvo lugar en el Ministerio de Defensa una reunión extraordinaria del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas en el que las Asociaciones Profesionales representadas en el mismo esperaban recibir alguna buena noticia en los aspectos que más preocupan a los profesionales de las Fuerzas Armadas, como son las retribuciones, el acceso a la vivienda y el apoyo para la movilidad geográfica. Según han manifestado con posterioridad, sus expectativas se vieron frustradas, pues no se vieron satisfechas ninguna de las inquietudes con las que acudieron a esta convocatoria extraordinaria. El último informe anual del Observatorio de la Vida Militar, correspondiente al año 2024, ya había puesto de relieve los asuntos indicados como los más preocupantes para los profesionales de las Fuerzas Armadas. También en ese informe se había puesto de manifiesto que estas dificultades, en forma de progresiva reducción del poder adquisitivo como consecuencia de unas retribuciones que no se ven aumentadas de manera correspondiente al alza de los precios y las dificultades para la conciliación familiar derivadas de la dificultad de acceso a la vivienda y de apoyo a la movilidad geográfica, estaban teniendo un efecto negativo en la capacidad de atracción de las Fuerzas Armadas para los jóvenes, habiéndose alcanzado al comienzo del año 2025 la cifra más baja de efectivos de los últimos veinte años, con un total de 116.000 militares, cuando la ley permitiría alcanzar hasta los 140.000, lo cual se considera deseable por diferentes razones : por una parte, por el incremento del número de dominios de eventual actuación de las Fuerzas Armadas con las amenazas en el ciberespacio o en el espacio terrestre, así como por el incremento del número de sistemas de armas y de combate asignados a las Fuerzas Armadas; y por otra parte, por la necesidad de disponer de los suficientes recursos humanos que permitan que las crecientes medidas de conciliación familiar solicitadas por los profesionales en forma de reducción de jornada, permisos parentales u otras no representen una sobrecarga excesiva sobre los profesionales que no se acojan a ellas y sobre los que descansa el mantenimiento de la capacidad operativa plena.