UGTCyL reclama un plan de empleo para 2026 con "etiqueta de calidad"

Los datos relativos a la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al cuarto trimestre de 2025, reflejan en Castilla y León un descenso del número de parados (-4.500) respecto al trimestre anterior, lo que sitúa la cifra total en 96.100. Sin embargo, ha habido un aumento (+2.600) en comparación con los datos de hace un año. Este dato, según ha manifestado la vicesecretaria general de Políticas Públicas de UGTCyL, Antonia Isabel
Guerrero, reafirma la postura del sindicato en cuanto a la “ralentización en la creación de empleo en la comunidad”.

Por lo tanto, y ante la situación de incertidumbre geopolítica a nivel mundial que está erosionando la economía y el empleo en la comunidad, ha reclamado “de forma urgente” la negociación de un plan de empleo para 2026 en la comunidad dentro de los órganos del Diálogo Social, con el objetivo de “marcar las líneas presupuestarias acordes con las necesidades del mercado laboral”.

Además, para el sindicato es fundamental que este avance en las políticas de empleo vaya acompasado con unos salarios dignos y una subida del SMI que alcance el 60% del salario medio nacional, situado en 1.444 euros en 14 pagas. Sin olvidar que esta subida debe llegar a todas las personas trabajadoras a través de la regulación de la no absorción o compensación de la subida salarial por complementos del trabajador, según ha manifestado Guerrero.

En este sentido, se ha referido al inicio de las negociaciones de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectivo, con la patronal a nivel nacional, como “una gran oportunidad de sentar las bases para incrementos salariales acordes con el coste de la vida y para establecer una jornada laboral del siglo XXI”. Cabe recordar que en Castilla y León “se trabaja más y se cobra menos”, concretamente un 10% menos que la media nacional y, además, el incremento salarial pactado en convenios colectivos es 0,75% menos en el año 2025.

Desde UGTCyL reclaman la creación de “empleo con la etiqueta de calidad”, que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras y que resulte atractiva “para que los jóvenes no se den a la fuga”, en cuanto terminan sus estudios, “en busca de oportunidades laborales con las que poder desarrollar su proyecto vital fuera de Castilla y León”, ha concluido su vicesecretaria general de Políticas Públicas.