Casi una década de inacción en la ruina eterna del Muro de los Herreros

El Muro de los Herreros, situado en el entorno de la calle Alfonso XII y visible también desde la calle Zapatería, refleja desde hace casi una década una situación de abandono impropia de su ubicación en pleno casco histórico de Zamora. Los desprendimientos sufridos en su parte superior, registrados especialmente en los años 2016 y 2017, no han sido objeto de una reparación definitiva, limitándose la actuación municipal a la colocación de un cerramiento provisional mediante bloques de hormigón en la zona afectada.

Lejos de tratarse de un problema resuelto, el paso del tiempo ha acentuado el deterioro. La estructura presenta pérdida de material, erosión visible y presencia de vegetación en distintos puntos, signos inequívocos de falta de intervención y mantenimiento continuado. Desde su base, en la calle Zapatería, se aprecia con claridad el desgaste acumulado, evidenciando el progresivo deterioro de un elemento enclavado en un entorno urbano de especial valor histórico y patrimonial.

Resulta especialmente contradictorio observar cómo desde la actual gestión municipal se criticaba con dureza en el pasado, cuando se ocupaban los bancos de la oposición, la tardanza en reparar desprendimientos en este mismo lugar, que se prolongó seis años. Sin embargo, tras los nuevos episodios registrados posteriormente, el actual consistorio parece haber caído en la misma parálisis que antaño denunciaba, manteniendo el muro sin una solución definitiva y prolongando una situación que se acerca ya a la década.

Durante este tiempo, la administración local se ha escudado en la incertidumbre sobre la titularidad del muro para justificar su falta de actuación. Mientras la propiedad privada alegaba que la estructura se asentaba sobre la muralla medieval —trasladando así la responsabilidad al Estado—, el Ayuntamiento prolongaba una investigación que el Procurador del Común calificó expresamente de injustificada. En su resolución, la institución fue clara al señalar que, para exigir el deber de conservación, basta con la "apariencia de titularidad".La jurisprudencia del Tribunal Supremo refuerza esta obligación, estableciendo que la Administración no necesita resolver previamente la propiedad del inmueble para actuar de oficio cuando existe un riesgo potencial para la seguridad pública. La protección de los ciudadanos debe prevalecer sobre cualquier conflicto civil, y retrasar la intervención a la espera de una resolución judicial no solo constituye un error administrativo, sino una dejación de responsabilidades que ya ha derivado en condenas por responsabilidad patrimonial en otras ciudades.

Además, informes técnicos de la administración autonómica y del Instituto de Patrimonio Cultural de España descartaron ya en 2019 que el muro formara parte de la muralla medieval, eliminando así el principal argumento utilizado para retrasar una intervención directa. A pesar de que el Ayuntamiento anunció entonces que actuaría de forma inmediata exigiendo la reparación o ejecutándola subsidiariamente, la realidad es que, años después, el muro continúa simplemente cercado con bloques de hormigón. Esta prolongada falta de actuación no solo degrada el entorno urbano y la imagen del casco histórico, sino que también refleja una preocupante falta de diligencia en la gestión de un problema conocido por todos. Zamora no necesita más informes, ni más anuncios que nunca llegan a materializarse. Necesita decisiones, responsabilidad institucional y una intervención definitiva que garantice la adecuada conservación de su patrimonio y la seguridad en uno de los entornos más emblemáticos de la ciudad.