Comunicado del FJI sobre el acuerdo Gobierno-ERC

Ante la información recientemente publicada sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la Nación y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sobre la creación de 90 nuevas plazas judiciales en el territorio de Cataluña para el año 2027, a cambio de la abstención en la votación en el Congreso para la aprobación del proyecto de reforma del Código Penal en materia de multirreincidencia, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE desea hacer las siguientes consideraciones:

1.-) Ante todo, siempre resulta una buena noticia la creación de plazas judiciales, con el objetivo de solventar las carencias actualmente existentes y de equiparar las ratios sobre plazas judiciales a niveles equiparables a los países de nuestro entorno.

2.-) Dicho ello, y como ya manifestamos tras el anuncio del Ministerio de Justicia sobre creación de plazas en 2026, es imprescindible complementar la creación de plazas judiciales con el incremento del número de jueces y juezas de carrera. Se prometen muchas plazas, pero cada vez hay menos jueces. Con las raquíticas convocatorias de oposiciones de turno libre publicadas en los últimos años, y la falta de oferta de plazas de cuarto turno por el CGPJ, el número de incorporaciones no llega a cubrir el de jubilaciones dentro de la carrera judicial.

En concreto, ante el reiterado discurso de prometer la creación de plazas judiciales, no podemos olvidar que el Gobierno incumplió el acuerdo firmado con tres asociaciones judiciales para la convocatoria de 100 plazas adicionales para las carreras judicial y fiscal en los años 2023 y 2024, justificando su omisión en la falta de una Ley de Presupuestos Generales del Estado. El argumento es cuestionable, y en ningún caso puede servir al Gobierno para eximirle de responsabilidad.

En cualquier caso, estas promesas de creación de plazas no han de servir para impulsar el proyecto de estabilización de jueces y juezas sustitutos, ante el que todas las asociaciones judiciales, sin excepción, hemos mostrado nuestra oposición.

3.-) Resulta sorprendente que el Gobierno anuncie la creación de plazas judiciales en el año 2027, cuando la creación de plazas en el año 2026 sólo ha sido anunciada, y no ha sido aún objeto de resolución definitiva.

4.-) No hay duda de la necesidad de creación de plazas judiciales en Cataluña. Sin embargo, no hay motivo para que se anuncie la creación de plazas en un territorio sin que se haya evaluado el conjunto de necesidades en todo el Estado para ese año 2027, ni se haya dicho cuál será el número de plazas que se creará ese año. No sabemos si en el resto de territorios se creará un número de plazas semejante, o menor, o mayor. Cabe deducir que será menor, puesto que los impulsores del acuerdo lo han justificado por la especial situación de Cataluña, pero no se ha anunciado nada al respecto.

Así, este acuerdo parece abrir la puerta a nuevos pactos sobre creación de plazas en lugares concretos, y para cualquier año futuro, en una suerte de mercadeo basado en concesiones específicas, en el que se elude un examen riguroso de las necesidades del conjunto de la ciudadanía.

5.-) Pero, con todo lo dicho hasta ahora, lo que produce especial rechazo es apreciar que la creación de plazas judiciales se utiliza por el Gobierno de la Nación como moneda de cambio en las negociaciones políticas para conseguir apoyos parlamentarios a determinadas iniciativas legislativas. Podemos presumir que, cuanto más se valore el apoyo parlamentario a una medida concreta, más plazas se crearán en un territorio y año concretos. Y que, si tales apoyos no se dan, la creación de plazas será escasa, o nula.

La existencia de una planta judicial debidamente diseñada, con las plazas necesarias para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, constituye un objetivo innegociable, que no puede someterse a este tipo de pactos. Incluso podría darse un escenario en que el Gobierno pretendiese condicionar la creación de plazas judiciales a la obtención de apoyos parlamentarios para sus iniciativas, en una suerte de chantaje del que sería víctima toda la ciudadanía.

El poder judicial se configura como el último garante de la defensa de los derechos de los ciudadanos, controlando y poniendo límite a los abusos en que incurran el resto de poderes. Para lograr ese fin, se hace imprescindible contar con un número suficiente de plazas judiciales, y jueces de carrera que las cubran. La existencia de pactos como el que acabamos de conocer entre el Gobierno de la Nación y ERC, con el inquietante mensaje que del mismo se traslada a la ciudadanía, supone una actuación inaceptable desde el punto de vista del Estado de Derecho y de la independencia judicial.

Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente