Denuncian ante la Fiscalía General del Estado al alcalde de Valladolid y al consejero Suárez-Quiñones por la gestión de la integración ferroviaria

La situación de la integración ferroviaria de Valladolid ha llegado hasta la Fiscalía General del Estado tras la denuncia presentada por tres colectivos ciudadanos contra el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y otros cuatro miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), por un presunto delito de administración desleal, tipificado en el artículo 252 del Código Penal.

La denuncia ha sido interpuesta por la Asociación Cultural Ciudad Sostenible (ACCS), la Asamblea Ciclista de Valladolid (ASCIVA) y el Ateneo Republicano de Valladolid, y fue registrada en Madrid ante la Fiscalía General del Estado. Además de Carnero y Suárez-Quiñones, el escrito se dirige también contra los concejales del Ayuntamiento de Valladolid Alberto Gutiérrez Alberca, responsable de Movilidad, y José Ignacio Zarandona Fernández, concejal de Urbanismo; así como contra el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Ángel Marinero, y la directora general de Vivienda y Urbanismo, María Pardo.

Paralización de proyectos clave

Según exponen las asociaciones denunciantes, los representantes municipales y autonómicos habrían utilizado su posición en el Consejo de Administración de la SVAV para bloquear de manera intencionada la licitación y ejecución de diversas obras ya proyectadas, entre ellas los pasos de Ariza, Arco de Ladrillo y San Isidro, así como la nueva estación intermodal de autobuses del barrio de las Delicias.

Los colectivos consideran que esta paralización carece de respaldo técnico y responde exclusivamente a criterios de oposición política, lo que, a su juicio, ha supuesto la inactividad deliberada de la sociedad y una desviación de su objeto social, fijado en el convenio de integración ferroviaria firmado en 2017.

En este sentido, la denuncia subraya que los fondos públicos destinados a la ejecución de estas infraestructuras no han cumplido su finalidad legal, vulnerando el principio de buena administración y el deber de diligencia que corresponde a los gestores del patrimonio público.

“Estrategia de bloqueo”

Las entidades firmantes sostienen que la reiterada negativa a impulsar estas actuaciones no obedece a causas técnicas, jurídicas ni presupuestarias, sino a una voluntad contraria al interés general, basada en la reivindicación del soterramiento ferroviario, una opción que, recuerdan, fue descartada de forma unánime en el convenio suscrito por las distintas administraciones implicadas.

A su juicio, esta postura ha derivado en una “estrategia de bloqueo” sintetizada en el lema “soterramiento o nada”, con graves consecuencias para la movilidad urbana y el desarrollo de infraestructuras clave para la ciudad.

Solicitud de investigación

En el escrito presentado ante la Fiscalía, las tres asociaciones solicitan la apertura de diligencias de investigación, la recopilación de la documentación societaria y administrativa necesaria para esclarecer los hechos, así como el análisis del impacto económico y social de las decisiones adoptadas.

Asimismo, piden la declaración como testigos del resto de consejeros de la SVAV y, de manera especial, de su presidente, la secretaria del Consejo de Administración y el director general de la sociedad.

Apoyo de la Plataforma por la Integración Ferroviaria

A la denuncia, se ha sumado también el respaldo expreso de la Plataforma por la Integración Ferroviaria de Valladolid, que en un comunicado difundido este miércoles manifiesta su “apoyo firme y sin fisuras” a la iniciativa judicial impulsada por Ciudad Sostenible, ASCIVA y el Ateneo Republicano, al considerar que existen indicios claros de administración desleal en la gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) y que la denuncia constituye “un paso necesario de higiene democrática”.

La Plataforma subraya la gravedad de la situación generada tras el bloqueo del Plan de Integración Ferroviaria aprobado en 2017, un convenio firmado por todas las administraciones y fuerzas políticas, con financiación asegurada y obras en marcha para mejorar la permeabilidad urbana, la movilidad y la modernización del entorno ferroviario. Según denuncian, la paralización de este plan ha supuesto la pérdida de inversiones ya aprobadas, la cancelación de proyectos estratégicos y la generación de una deuda millonaria que recaerá sobre la ciudadanía.

En su comunicado, el colectivo vecinal insiste en que la denuncia no entra en el debate sobre el soterramiento, sino que busca exigir responsabilidades por la gestión del interés público y por el bloqueo injustificado de proyectos viables, como los pasos de Ariza, cuya ejecución consideran prioritaria y técnicamente posible. A su juicio, la liquidación del convenio no ha sido un hecho accidental, sino el resultado de una estrategia política irresponsable que ha conducido a la ciudad a un “callejón sin salida”.

La Plataforma alerta además del perjuicio económico y social derivado de estas decisiones, que se traduce, según afirman, en el reparto de una deuda millonaria “a cambio de nada” y en el abandono de barrios que esperaban mejoras urgentes en accesibilidad, movilidad y urbanización.

Finalmente, el colectivo plantea tres exigencias inmediatas a los responsables políticos: el fin de las “excusas basadas en informes alarmistas sin base”, la firma urgente de un nuevo convenio de integración ferroviaria que sustituya al anterior y el blindaje de la ejecución inmediata de los tres pasos de Ariza. En este contexto, califican la denuncia como “un acto de resistencia ciudadana” frente al uso político de la integración ferroviaria, reclamando una vuelta inmediata a la gestión del interés general.

Fotografía: Reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV)