Defender la transparencia sin matar el periodismo local

Hay leyes que nacen con vocación de limpieza y regeneración democrática. Y hay leyes que, aun persiguiendo un fin legítimo, pueden terminar llevándose por delante realidades valientes y de servicio público.

Mañana, el Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto de ley de publicidad institucional, una norma que se mueve en esa frontera delicada entre la intención y las consecuencias, y que ya tuvo una similiar en las Cortes de Castilla y Léon, aprobada la pasada primavera.

Que los medios estén obligados a hacer pública su propiedad es una buena noticia. La transparencia no debilita a la prensa: la fortalece. Saber quién está detrás de cada cabecera es una garantía para los lectores, una vacuna contra los conflictos de intereses y un ejercicio de honestidad. Sin duda, en tiempos de sospecha permanente y de desinformación, la claridad siempre es preferible a la oscuridad.

Pero es diferente fijar que ningún medio pueda recibir más de un 35 % de sus ingresos de las instituciones públicas, que evitar que determinadas administraciones sostengan medios comprados y que deforman la realidad, convertidos en altavoces complacientes. Nadie defiende eso. Ninguna democracia sana puede aceptar que el dinero público se utilice como herramienta de premio o castigo.

Sin embargo, no todas las realidades son iguales. No es lo mismo una gran cabecera nacional con un potente mercado publicitario detrás, que un periódico local que sobrevive en una provincia pequeña y con escaso sector empresarial, como la nuestra. De la misma forma, no es lo mismo un medio que depende casi en exclusiva de una única administración que otro que recibe campañas de distintas instituciones, gobernadas por partidos de ideologías diferentes. La concentración en una sola mano sí puede ser sospechosa; la diversidad de ingresos públicos puede ser, en cambio, síntoma de implantación, reconocimiento y utilidad social.

El problema es que la ley no distingue ni territorios ni tamaños ni contextos económicos, tampoco la historia o valor del medio. Y, en lugares como Zamora, esa falta de matices puede ser devastadora.

Zamora no es Madrid, no es Barcelona. Aquí, no abundan las grandes empresas que invierten en publicidad. Aquí, cada campaña privada cuenta, cada suscripción es casi un acto de compromiso, cada ejemplar tiene nombre y apellidos. Los medios locales no pueden tirar de grandes fortunas o de conglomerados internacionales; viven del esfuerzo cotidiano, de redacciones pequeñas, donde cada periodista hace de todo, y de la ilusión de quienes creen que contar lo que ocurre en su tierra merece la pena.

Aquí está el ejemplo de "El Día de Zamora", un medio que camina hacia los veinte años de vida. Dos décadas resistiendo, informando, acompañando a la provincia. Con una difusión gratuita en papel que permite que la información llegue a todos, también a quienes no pueden o no saben navegar por un entorno digital. Esa gratuidad no es un modelo de negocio cómodo; es, ante todo, una vocación de servicio. Es una labor social silenciosa, es una apuesta por los nuestros y eso supone una gran inversión en papel, en madrugadas de reparto y edición, pero que garantiza que la actualidad local esté al alcance de cualquier vecino, en un banco de la plaza, en un bar de barrio, en los hospitales, centros de salud, en oficinas o en un pequeño comercio.

Si se impone un límite rígido sin tener en cuenta esta realidad, Zamora puede quedarse sin medios de comunicación propios. Y, cuando un territorio pierde sus medios, no solo pierde empresas: pierde voz. Pierde memoria. Pierde la posibilidad de verse reflejado en un espejo cercano, ya solo será información cuando los medios nacionales vean aquí la actualidad. Y eso ¿cuántas veces ocurre?

Detrás de cada cabecera de los medios locales, hay nóminas modestas, autónomos que encadenan colaboraciones, fotógrafos que recorren kilómetros para cubrir una noticia local, jóvenes periodistas que decidieron no marcharse para intentar construir algo en su tierra. Hay vocaciones, hay proyectos vitales, hay familias que dependen de que ese equilibrio económico no se rompa.

La publicidad institucional, en estos contextos, no es necesariamente un mecanismo de control; muchas veces es el dique que da vida a los medios pequeños. No porque esos medios sean sumisos, sino porque el mercado privado no da para más. Penalizarlos por su entorno económico es castigarles por nacer en una provincia pequeña.

Regular es necesario. Evitar abusos, también. Pero regular sin sensibilidad territorial puede generar una injusticia profunda: la de exigir a los medios locales las mismas condiciones que a los gigantes nacionales, ignorando que compiten en ligas completamente distintas.

Una norma pensada para combatir los llamados “pseudomedios” podría terminar castigando a proyectos periodísticos honestos que cumplen una función social esencial. El riesgo es que, en lugar de fomentar el pluralismo, se reduzca la diversidad informativa en zonas rurales o poco pobladas, dejando a la ciudadanía con menos voces y menos cobertura de la realidad cercana.

Por ello, la regulación debería ser más fina y diferenciada. En vez de imponer un porcentaje uniforme para todos, podría establecer mecanismos que evalúen la concentración de la financiación pública en una sola institución, la audiencia real, la calidad informativa o la existencia de ingresos privados complementarios. También sería necesario contemplar excepciones o criterios adaptados a la realidad de los medios pequeños y de cercanía, igual que se intenta proteger el comercio local.

Regular para proteger la democracia es legítimo; hacerlo sin tener en cuenta la diversidad del ecosistema mediático puede resultar injusto. Transparencia, sí. Control de abusos, también. Pero siempre con proporcionalidad y sensibilidad hacia la realidad de los territorios más pequeños, donde el periodismo local no es un lujo, sino una necesidad.

Si Zamora se queda sin medios, no será solo una cuestión empresarial. Será un golpe silencioso a su tejido social. Será un paso más en esa sensación de abandono que tantas veces acompaña a las provincias pequeñas. Y será, sobre todo, la pérdida del trabajo y de las ilusiones de muchas personas que apostaron por informar desde la cercanía, por contar la vida de su gente, por dar voz a quienes no la tienen en los grandes focos nacionales.

La democracia no solo se sostiene en los grandes debates parlamentarios; también se construye en las páginas locales, en las emisoras de proximidad, en los digitales que cuentan lo que ocurre en el ayuntamiento, en el barrio, en el pueblo. Si una ley, aun con buena intención, termina asfixiando esa red frágil, convendría repensarla.

Porque, a veces, al intentar limpiar el ecosistema informativo, corremos el riesgo de arrasar también las raíces más pequeñas. Y sin raíces, ningún territorio -tampoco Zamora- puede seguir contando su propia historia.

Todos sabemos que los pseudomedios encontrarán la manera de seguir cobrando a cambio de su palabra, porque las trampas nunca se les han dado mal. ¿Qué pasará con los pequeños medios profesionales y decentes?