CGT denuncia el deterioro de la calidad en la Residencia Mixta de Benavente

Desde el Sindicato de Oficios Varios de la CGT de Zamora queremos transmitir que los profesionales de la Residencia Mixta de Benavente denuncian públicamente el grave deterioro de las condiciones asistenciales y laborales derivado de la falta estructural de personal, la no cobertura de bajas en todas las categorías profesionales y la insuficiencia de medios materiales adecuados. Esta situación está comprometiendo directamente la calidad del servicio público prestado y la seguridad tanto de las personas residentes como de los trabajadores.

Un ejemplo especialmente significativo es la situación del personal TAD en la tercera planta. En esta zona se están alojando, de manera provisional debido a las obras en el centro, usuarios con diferentes patologías y grados de dependencia, lo que implica una elevada carga asistencial y una atención especialmente compleja.

Este dispositivo se constituyó inicialmente mediante personal voluntario, bajo el compromiso expreso de que la plantilla estaría compuesta por un total de 17 profesionales, cifra que se consideró necesaria para garantizar una adecuada atención y unas condiciones de trabajo dignas y seguras. Sin embargo, en la actualidad esta plantilla se ha reducido a 14 trabajadores y trabajadoras, sin que se haya procedido a su reposición, lo que está generando una evidente sobrecarga laboral para el personal existente, agravada además por el carácter voluntario con el que asumieron inicialmente estas funciones, bajo unas condiciones organizativas que ya no se están respetando.

A esta situación se añade un aspecto de especial gravedad: existen profesionales TAD que cuentan con limitaciones y adaptaciones prescritas por el servicio de Salud Laboral, las cuales no se están cumpliendo de forma efectiva. Esta circunstancia supone un incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales y protección de la salud de las personas trabajadoras.

La escasez de profesionales no afecta únicamente a los Técnicos de Atención Directa (TAD), sino que se extiende al conjunto de categorías profesionales que sostienen el funcionamiento del centro. Esta falta de personal se ve agravada por la no cobertura sistemática de bajas, permisos y ausencias, consolidando un modelo asistencial sostenido sobre la sobrecarga permanente de quienes permanecen en sus puestos. No cubrir a un trabajador es sobrecargar a todos los demás. No contratar es recortar cuidados. Una atención cada vez más exigente con cada vez menos profesionales.

Las personas residentes presentan altos niveles de dependencia, deterioro cognitivo y necesidades complejas que requieren una atención continua, especializada y centrada en la persona. Sin embargo, la actual dotación de personal impide materialmente garantizar tiempos adecuados de atención, comprometiendo la calidad asistencial y vulnerando el derecho de los residentes a recibir cuidados dignos.

El personal se ve obligado a realizar movilizaciones, aseos, cambios posturales, traslados y acompañamientos en condiciones de presión constante, sin los recursos humanos suficientes y sin el tiempo necesario para prestar la atención que las personas merecen. La calidad asistencial no puede sostenerse sobre la sobrecarga del trabajador.

A esta situación se suma la existencia de entre 25 y 35 camas no ergonómicas en la Zona Anexo Asistida, lo que dificulta gravemente el trabajo diario y aumenta el riesgo de lesiones musculoesqueléticas entre los profesionales. No se puede garantizar la seguridad laboral sin medios ni personal suficiente.

Para acrecentar el problema: los actuales ratios de personal no han sido revisados conforme a la evolución del perfil de dependencia de los residentes ni a sus necesidades reales en las actividades básicas de la vida diaria. Este modelo organizativo ignora la realidad asistencial y traslada la presión directamente a los trabajadores, deteriorando progresivamente tanto sus condiciones laborales como la calidad del servicio.

Los residentes no son cifras. Son personas con necesidades reales que requieren atención real.

Los profesionales consideran que no puede convertirse en argumento permanente atribuir la falta de contrataciones exclusivamente a decisiones administrativas adoptadas por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. La dirección del centro tiene la obligación de defender activamente la calidad asistencial, reclamando los recursos humanos y materiales necesarios y exigiendo soluciones eficaces.

Asimismo, corresponde a la Junta de Castilla y León asegurar que los centros públicos dispongan de los medios suficientes para prestar una atención de calidad, especialmente en un contexto como el de Zamora, donde el envejecimiento de la población hace más necesario que nunca reforzar los servicios públicos El de atención residencial.

El funcionamiento del centro se mantiene gracias al compromiso, la profesionalidad y la responsabilidad del personal, que continúa prestando cuidados esenciales a pesar de las carencias estructurales existentes. Sin embargo, esta situación es insostenible y no puede seguir normalizándose. No se puede exigir vocación para suplir la falta de recursos.

No se puede hablar de calidad mientras se mantiene la precariedad estructural. No se puede sostener un servicio público sobre el desgaste de sus trabajadores.

Los profesionales exigen la adopción inmediata de medidas que garanticen:

• La cobertura efectiva de todas las bajas, permisos y ausencias en todas las categorías profesionales.

• El incremento real de las plantillas conforme a las necesidades asistenciales del centro.

• La renovación inmediata de las camas no ergonómicas existentes en la Zona Anexo Asistida.

• El cumplimiento efectivo de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

• La revisión de los ratios de personal para adaptarlos a la realidad asistencial.

• La dotación de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar una atención digna.

La población de Benavente y de la provincia de Zamora merece un servicio público de calidad. Garantizarlo no es una opción. Es una obligación.