Zamora reclama la reversión justa de sus saltos hidroeléctricos

El pasado 4 de marzo de 2026, distintas asociaciones y representantes de la sociedad civil comparecieron en Zamora para informar del estado actual del proceso de reversión de las concesiones hidroeléctricas de los saltos de Villalcampo y Castro, dos infraestructuras clave dentro del sistema de los Saltos del Duero. La rueda de prensa sirvió para exponer avances judiciales, denunciar inacciones administrativas y, sobre todo, reivindicar que los beneficios generados por estas instalaciones reviertan, por fin, en el territorio que las soporta.

Las concesiones hidroeléctricas del Duero se remontan a 1926, durante el reinado de Alfonso XIII, cuando se otorgaron a la entonces Sociedad Hispano-Portuguesa de Transporte de Energía Eléctrica. A lo largo de cien años —República, dictadura, transición y democracia— estas concesiones han pasado por diversas empresas hasta quedar en manos de Iberdrola, sin que se haya producido una reversión efectiva al dominio público.

La concesión original era de 75 años, con la posibilidad de ampliarse hasta 99 únicamente si se construían embalses reguladores para evitar inundaciones aguas arriba del Duero. Esa condición nunca se cumplió. De hecho, en 1972 el Estado denegó expresamente la prórroga, salvo que se ejecutara un gran embalse en la zona de San Esteban de Gormaz, que jamás llegó a materializarse.

Las consecuencias de aquella omisión son hoy evidentes. La Confederación Hidrográfica del Duero tiene documentadas numerosas inundaciones a lo largo del último siglo, con graves daños materiales y, en algunos casos, pérdidas humanas. Los recientes episodios en localidades como San Esteban de Gormaz o Laguna de Duero han vuelto a poner el foco en una gestión hidráulica incompleta.

Pese a ello, algunas concesiones fueron prorrogadas de forma controvertida. El caso más paradigmático es el del embalse de Ricobayo, cuya concesión fue ampliada en los años noventa durante el Gobierno de Felipe González, tras autorizarse una segunda turbina. Para los colectivos comparecientes, se trata de una prórroga “alegal” que sentó un precedente peligroso.

La concesión de Villalcampo caducó formalmente en 2024. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ordenó entonces a Iberdrola abandonar las instalaciones. La empresa recurrió alegando una supuesta prórroga hasta los 99 años y llevó el caso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde el procedimiento está actualmente visto para sentencia.

En paralelo, asociaciones y particulares se personaron en la causa para oponerse a la demanda. Denuncian que Iberdrola amplió el recurso fuera de plazo y que, procesalmente, el procedimiento debería haberse archivado. Además, en Zamora se tramita una causa por posible prevaricación administrativa al haberse dejado caducar el expediente de reversión.

El proceso ha sido impulsado por un amplio tejido asociativo: Viriatos Zamora, Terra Sostenible, Agrigalza, la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente y del Medio Rural de Villalcampo, así como colectivos agrarios y ciudadanos a título individual. Todos coinciden en una idea central: la energía producida en Zamora debe beneficiar a Zamora.

Entre las alegaciones presentadas destacan varias reivindicaciones clave:

• Que la futura concesionaria tenga sede social y fiscal en Zamora, o cree una sociedad instrumental en la provincia.

• Una compensación mínima de 5.000 euros por megavatio instalado para los municipios con embalses.

• Luz gratuita para los pueblos situados aguas arriba y abajo de las presas, como medida contra la despoblación.

• La reversión de los poblados hidroeléctricos, expropiados en su día por utilidad pública y hoy abandonados o vendidos sin beneficio local.

• Infraestructuras estratégicas, como una carretera sobre la coronación de la presa de Castro, que conecte Sayago y Aliste, ahorrando hasta 50 kilómetros de recorrido.

Uno de los puntos más contundentes de la intervención fue la denuncia del desequilibrio fiscal. Al tener Iberdrola su sede en el País Vasco, los impuestos derivados de la producción eléctrica —IVA, impuesto a la producción eléctrica o transporte— se ingresan mayoritariamente en la Hacienda vasca, en virtud del concierto económico. Según los datos expuestos, la empresa aporta alrededor de 4.000 millones de euros anuales a esa hacienda, pese a que solo un 10 % de su producción se genera allí.

Mientras tanto, los municipios zamoranos apenas reciben el Impuesto de Actividades Económicas, una compensación considerada claramente insuficiente frente al impacto territorial y ambiental de los embalses.

Las concesiones de Villalcampo y Castro son las primeras que caducan y sentarán precedente para el resto de saltos del Duero y del conjunto de España. Por eso, los colectivos insisten en que este es el momento de actuar. Reclaman mayor implicación de los ayuntamientos, de la Diputación y de la Junta de Castilla y León, y llaman a la unidad institucional y social para no perder una oportunidad que no se repetirá en décadas.

Como se afirmó en la rueda de prensa, no se trata de confrontar, sino de defender el derecho del territorio a participar de la riqueza que genera. Después de cien años, Zamora reclama algo tan sencillo como justo: que el Duero también fluya en beneficio de su gente.