ZAMORA
Tensión en el Ayuntamiento por las condiciones laborales del funcionariado
Sindicatos y trabajadores acusan a la concejala Laura Rivera de falta de diálogo, mientras el equipo de gobierno defiende avances y mejoras
El conflicto entre distintos colectivos funcionariales del Ayuntamiento de Zamora y la concejalía de Diálogo Social y Recursos Humanos continúa escalando. Representantes sindicales denuncian retrasos, falta de transparencia y ausencia de avances, mientras la concejala Laura Rivera rechaza las acusaciones y asegura que se han impulsado múltiples mejoras desde su llegada al gobierno municipal.
Según explicó Lorenzo Amaya, en representación de la Junta de Personal y de sindicatos como Comisiones Obreras o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la situación es insostenible.
Los trabajadores acusan a la concejalía de incumplir compromisos reiteradamente:
- Retrasos en la implantación de la carrera profesional.
- Paralización de la valoración de puestos de trabajo, reclamada desde 1999.
- Falta de actas oficiales de las mesas de negociación.
“Lo que dice en una mesa, en la siguiente lo niega”, denuncian, insistiendo en que no existen documentos firmes que respalden los acuerdos alcanzados. Esta ausencia de actas, señalan, impide acreditar compromisos y genera desconfianza.
Además, subrayan que otros empleados públicos de instituciones como la Junta de Castilla y León o diputaciones ya cuentan con carrera profesional, mientras que en Zamora el proceso sigue bloqueado.
Los sindicatos consideran que el problema radica en la falta de impulso político: “No somos una prioridad”, afirman. Ante esta situación, anuncian movilizaciones continuadas en los plenos municipales hasta lograr una negociación efectiva.
Por su parte, Laura Rivera rechaza tajantemente las acusaciones. Desde una posición que define como “imperativo ético”, asegura respetar las movilizaciones, pero critica lo que considera afirmaciones falsas, como los supuestos retrasos de cinco meses en pagos.
Rivera defiende que:
- Las nóminas se abonan regularmente.
- Se han impulsado ofertas públicas de empleo y procesos de estabilización.
- Se han mejorado condiciones laborales en varios colectivos.
Destaca especialmente acuerdos recientes con la policía municipal sobre jornada laboral y la extensión de complementos salariales a distintos trabajadores.
La concejala sostiene que proyectos clave están en proceso, entre ellos:
- Nueva relación de puestos de trabajo.
- Implantación de la carrera profesional.
- Equiparación de condiciones entre bomberos y policía.
En relación con la carrera profesional, explica que su aplicación supone un coste superior al millón de euros anual, lo que obliga a contar con informes técnicos y disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, niega que Zamora esté retrasada respecto a otras administraciones, señalando que solo casos puntuales han implantado completamente este sistema.
Otro de los puntos de fricción son las horas extraordinarias. Rivera reconoce retrasos en su pago, pero los atribuye al volumen elevado de horas realizadas y a la carga de trabajo del servicio de personal.
Además, introduce una crítica hacia las movilizaciones, sugiriendo que algunos trabajadores participaron en ellas durante su horario laboral, en un contexto donde aún no existe un control horario efectivo.
El enfrentamiento refleja dos visiones opuestas:
- Los sindicatos denuncian inacción, opacidad y falta de voluntad política.
- El equipo de gobierno, liderado por Izquierda Unida, defiende avances progresivos y condicionados por la legalidad y el presupuesto.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y amenaza con intensificarse en las próximas semanas a través de nuevas movilizaciones y presión sindical.
El conflicto entre distintos colectivos funcionariales del Ayuntamiento de Zamora y la concejalía de Diálogo Social y Recursos Humanos continúa escalando. Representantes sindicales denuncian retrasos, falta de transparencia y ausencia de avances, mientras la concejala Laura Rivera rechaza las acusaciones y asegura que se han impulsado múltiples mejoras desde su llegada al gobierno municipal.
Según explicó Lorenzo Amaya, en representación de la Junta de Personal y de sindicatos como Comisiones Obreras o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la situación es insostenible.
Los trabajadores acusan a la concejalía de incumplir compromisos reiteradamente:
- Retrasos en la implantación de la carrera profesional.
- Paralización de la valoración de puestos de trabajo, reclamada desde 1999.
- Falta de actas oficiales de las mesas de negociación.
“Lo que dice en una mesa, en la siguiente lo niega”, denuncian, insistiendo en que no existen documentos firmes que respalden los acuerdos alcanzados. Esta ausencia de actas, señalan, impide acreditar compromisos y genera desconfianza.
Además, subrayan que otros empleados públicos de instituciones como la Junta de Castilla y León o diputaciones ya cuentan con carrera profesional, mientras que en Zamora el proceso sigue bloqueado.
Los sindicatos consideran que el problema radica en la falta de impulso político: “No somos una prioridad”, afirman. Ante esta situación, anuncian movilizaciones continuadas en los plenos municipales hasta lograr una negociación efectiva.
Por su parte, Laura Rivera rechaza tajantemente las acusaciones. Desde una posición que define como “imperativo ético”, asegura respetar las movilizaciones, pero critica lo que considera afirmaciones falsas, como los supuestos retrasos de cinco meses en pagos.
Rivera defiende que:
- Las nóminas se abonan regularmente.
- Se han impulsado ofertas públicas de empleo y procesos de estabilización.
- Se han mejorado condiciones laborales en varios colectivos.
Destaca especialmente acuerdos recientes con la policía municipal sobre jornada laboral y la extensión de complementos salariales a distintos trabajadores.
La concejala sostiene que proyectos clave están en proceso, entre ellos:
- Nueva relación de puestos de trabajo.
- Implantación de la carrera profesional.
- Equiparación de condiciones entre bomberos y policía.
En relación con la carrera profesional, explica que su aplicación supone un coste superior al millón de euros anual, lo que obliga a contar con informes técnicos y disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, niega que Zamora esté retrasada respecto a otras administraciones, señalando que solo casos puntuales han implantado completamente este sistema.
Otro de los puntos de fricción son las horas extraordinarias. Rivera reconoce retrasos en su pago, pero los atribuye al volumen elevado de horas realizadas y a la carga de trabajo del servicio de personal.
Además, introduce una crítica hacia las movilizaciones, sugiriendo que algunos trabajadores participaron en ellas durante su horario laboral, en un contexto donde aún no existe un control horario efectivo.
El enfrentamiento refleja dos visiones opuestas:
- Los sindicatos denuncian inacción, opacidad y falta de voluntad política.
- El equipo de gobierno, liderado por Izquierda Unida, defiende avances progresivos y condicionados por la legalidad y el presupuesto.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y amenaza con intensificarse en las próximas semanas a través de nuevas movilizaciones y presión sindical.

















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