UGT denuncia que las bajas en periodo de prueba se han quintuplicado desde la Reforma Laboral

En el 2025 se produjeron 2.000 bajas laborales de personas trabajadoras con contrato indefinido en Castilla y León por no superar el periodo de prueba, frente a un total de 375 que se contabilizaron en 2019, es decir, 5,3 veces menos.

Según UGT, “con esta práctica los empresarios evitan pagar indemnizaciones y tienen contratos temporales a coste cero”. Por eso exigen actuar a la Inspección de Trabajo y sancionar “esta práctica habitual entre las empresas que supone un fraude de Ley”. De hecho, Europa ya se ha pronunciado en la limitación del periodo de prueba en España que puede ser de hasta 6 meses. Y, por eso, desde la organización sindical se preguntan cuándo se va a realizar en España una reforma del Estatuto de los Trabajadores en materia de periodo de prueba con el fin de evitar esta situación.

Cabe recordar que la actual regulación del Estatuto de los Trabajadores determina en el artículo 14 que “la duración del periodo de prueba con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos y si no es así no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores”. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores, no excede de 3 meses.

Y es que, en Castilla y León, hemos pasado de una tasa de temporalidad en el año 2019 del 25,5% al 15,3% en el año 2025, gracias a los efectos de la reforma laboral del año 2022 que obliga a las empresas a limitar y tener que justificar las contrataciones temporales.

Pero, tal y como denuncia el sindicato, las empresas parecen haber encontrado un filón con esta circunstancia ya que contratan de forma indefinida, al tener limitada la contratación temporal, y dan de baja a la persona trabajadora antes de finalizar el periodo de prueba. Con esto consiguen dos objetivos, se ahorran la indemnización por despido de contrato indefinido y no pagan la indemnización si el contrato fuera temporal.

Ante este abuso de las empresas, UGT de Castilla y León demanda a la Inspección de Trabajo que actúe de oficio ante lo que consideran “una lacra laboral” y que sea lo más contundente en cuanto a las sanciones a las empresas.