UPL se compromete a trasladar las reivindicaciones de las TCAE a las Cortes

La sede provincial de Unión del Pueblo Leonés en Zamora acogió una reunión de trabajo entre representantes del partido y un grupo de técnicas en cuidados de enfermería (TCAE) integradas en la Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1, organización de ámbito nacional que agrupa a varios colectivos de trabajadores y sindicatos en la exigencia de la reclasificación profesional en la categoría C1, el respeto y valoración real de su labor profesional y el fin de la precariedad y la sobrecarga.

Al encuentro asistieron el presidente provincial de UPL, Carlos Javier Salgado; el secretario provincial, Manuel Herrero Alonso; y Javier Ramos Escalero, responsable de Política Social de UPL en Zamora.

Durante la reunión, las profesionales expusieron con detalle la situación de precariedad estructural que afecta a su colectivo, una problemática que se arrastra desde hace más de veinte años y que abarca varios frentes. El primero y más urgente es la clasificación profesional: los TCAE continúan clasificados en el subgrupo C2, correspondiente al Graduado Escolar o ESO, pese a que para ejercer su profesión es obligatorio contar con la titulación de Técnico de Grado Medio en Formación Profesional, titulación que, conforme al artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, sitúa al colectivo directamente en el subgrupo C1. Esta clasificación incorrecta se traduce en una merma retributiva de entre 200 y 300 euros mensuales respecto a lo que legalmente les corresponde.

El propio Ministerio de Hacienda y Función Pública, junto con los sindicatos CCOO y UGT, firmó en 2022 el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que desbloqueaba expresamente la Disposición Transitoria Tercera del EBEP permitiendo adaptar los grupos profesionales a la titulación real exigida, lo que en el caso de los TCAE significa el C1. Sin embargo, ni las comunidades autónomas ni el Estado central han aplicado dicha reclasificación. Y no es la primera vez que la justicia ha tenido que recordar a la Administración sus propias obligaciones: en 2019, un juzgado de Canarias dictó sentencia reconociendo que las oposiciones a TCAE deben convocarse conforme al grupo C1, resolución que obligó a paralizar y anular las convocatorias incorrectamente realizadas en esa comunidad y cuya contundencia es extrapolable al resto del territorio nacional.

A ello se suma la obsolescencia de sus funciones, recogidas en una normativa de 1973 que no refleja la realidad asistencial actual; la ausencia de ratios regulados por ley que garanticen una atención segura; y la negativa a reconocerles como profesión sanitaria, pese a que los TCAE constituyen un colectivo esencial para el funcionamiento diario del sistema sanitario, sosteniendo la atención directa al paciente, garantizando cuidados básicos, apoyando procedimientos clínicos y asumiendo una carga asistencial creciente.

Resulta además obligado señalar la dimensión de género de esta injusticia. Se trata de un colectivo integrado de forma casi exclusiva por mujeres que durante la pandemia constituyeron la primera línea real de atención directa al paciente. Como ellas mismas denuncian: "Hemos estado en primera línea cuando más se nos necesitaba, y hoy seguimos siendo invisibles para quienes deciden desde los despachos." Que en 2026 estas profesionales sigan siendo retribuidas como si su titulación fuera la enseñanza obligatoria representa también una expresión más de la brecha salarial de género que persiste en la sanidad pública.

Los representantes de UPL, tras escuchar el detallado y documentado relato de las profesionales, trasladaron el compromiso del partido de convertir estas reivindicaciones en iniciativas parlamentarias concretas. Aquellas materias que son competencia de la Junta de Castilla y León —fundamentalmente las retribuciones y condiciones laborales del personal estatutario— serán objeto de proposiciones no de ley y preguntas parlamentarias que los procuradores de UPL en las Cortes de Castilla y León presentarán en las comisiones correspondientes. Las materias que dependen de la Administración General del Estado —en especial la reclasificación profesional y la actualización del Estatuto Marco— serán trasladadas mediante iniciativas que insten a la Junta a dar traslado al Gobierno de Madrid, exigiendo el cumplimiento de la legislación vigente.

Desde UPL se considera inadmisible que un colectivo mayoritariamente femenino, que constituyó la primera línea de atención durante la pandemia y que sostiene a diario la atención básica a los pacientes, siga siendo clasificado en un nivel que no refleja adecuadamente su ámbito de responsabilidades, su formación ni las exigencias clínicas que asume cada día. El partido leonesista se compromete a dar voz parlamentaria a quienes llevan demasiado tiempo siendo ignoradas por las administraciones que tienen la obligación de aplicar la ley.