Abandono en las puertas de la ciudad

Estamos más que acostumbrados a ser los pagadores. Pagadores de todo. Sería entendible si nuestros impuestos sirvieran para costear servicios de los que nos beneficiáramos todos, pero los datos oficiales del INE revelan una y otra vez que quienes menos tienen financian con sus bolsillos comodidades reservadas a las rentas más altas. Insólito e injustificable, máxime cuando quienes gobiernan —tanto en el ámbito estatal como en el local— proclaman defender los intereses de las familias con menores ingresos.

Una historia que arrancó allá por 1985, siendo presidente de la Junta el zamorano Demetrio Madrid. Aquel cierre fue el primero de una larga cadena de agravios ferroviarios contra este territorio. Vino después la gran promesa del AVE, ese tren que «pasaba por aquí» y del que, como ocurre con buena parte de la Región Leonesa, no nos hemos beneficiado lo suficiente ni en las mismas condiciones que otras ciudades privilegiadas por los trazados, destinado en la práctica a satisfacer las necesidades de las grandes urbes, mientras aquí, donde muchos trabajan en una ciudad y residen en otra, el transporte público sigue sin ser una alternativa real para asentar población. Sin trenes dignos, la despoblación no es un accidente: es una condena.

Si bien la mayor parte de las vías de la antigua Vía de la Plata se pierden campo a través, algunas discurren por el interior de núcleos urbanos. Es el caso de Zamora, donde estas infraestructuras llevan décadas sin recibir la menor atención por parte del organismo responsable de su custodia. Conviene ser preciso: no es Renfe quien debe responder aquí. Es ADIF —el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España— el titular y gestor de estas vías, el responsable directo de su mantenimiento y de todas las consecuencias derivadas de su abandono. Que las vías estén en desuso no exime a ADIF de sus obligaciones legales. El dominio público ferroviario sigue siendo suyo, y la ley le obliga a conservarlo en condiciones adecuadas.

El tramo más alarmante se localiza a la salida del túnel que da acceso al puente del ferrocarril. Allí el abandono ha alcanzado su máxima expresión: la vegetación ha crecido de forma incontrolada hasta hacer prácticamente imposible el tránsito, salvo en la estrecha franja ajardinada por el Ayuntamiento próxima a la bajada de Los Tres Árboles. Pero lo más grave no es el aspecto visual del entorno, sino su situación higiénica y sanitaria: las filtraciones de agua procedentes del interior del túnel vierten sin canalización alguna, sin conducción hacia el colector municipal, generando un encharcamiento crónico que alimenta una vegetación desbordada y propicia la proliferación de insectos, roedores y otros vectores de riesgo sanitario. Y todo ello en las mismísimas puertas de la ciudad, en un espacio que debería ser transitable y digno.

La normativa vigente en materia de higiene urbana, conservación del dominio público ferroviario y mantenimiento de infraestructuras en suelo urbano es inequívoca: lo que ocurre en este punto supone un incumplimiento flagrante y sostenido de las obligaciones que la ley impone a ADIF. No hay ambigüedad posible.

Pero aquí viene el segundo motivo de indignación, si cabe más llamativo. El Ayuntamiento de Zamora está gobernado por Izquierda Unida, una formación que sitúa la defensa de los más desfavorecidos y la protección del medio ambiente en el centro de su discurso político. ¿Cómo se explica entonces que el Consistorio no haya dirigido a ADIF ni una sola reclamación formal exigiendo la limpieza del tramo, la canalización de las filtraciones del túnel y la eliminación de los focos de insalubridad que afectan a los vecinos? No hablamos de que el Ayuntamiento tenga que ejecutar la obra —eso es competencia y obligación de ADIF—, sino de algo mucho más sencillo y al alcance de cualquier administración local: requerir formalmente a quien tiene la obligación de actuar que lo haga, y si no lo hace, denunciarlo ante los organismos competentes y ante la opinión pública.

Un gobierno municipal que sitúa la defensa de los más desfavorecidos y la protección del medio ambiente en el centro de su discurso tiene aquí, en este rincón degradado a las puertas de la ciudad, una prueba muy concreta de en qué se traduce esa defensa cuando llega el momento de exigírsela a una administración del Estado. El silencio del Consistorio ante el abandono de ADIF no es una posición neutral: es una renuncia.

Los zamoranos llevamos demasiado tiempo pagando por servicios que no recibimos y soportando las consecuencias de infraestructuras públicas que nadie cuida. Lo mínimo exigible es que el Ayuntamiento requiera a ADIF, por escrito y con carácter urgente, la limpieza y el saneamiento del tramo urbano, la canalización adecuada de las filtraciones del túnel y la eliminación definitiva de los focos de riesgo sanitario detectados. Y si ADIF no atiende ese requerimiento, que el Consistorio lo haga saber, alto y claro, a quien corresponda. No es un capricho: es una obligación legal que lleva años incumplida. Y mientras ADIF mira hacia otro lado y el Ayuntamiento calla, los zamoranos seguimos pagando —esta vez con nuestra salud y nuestro entorno— el abandono de unas vías que ya nadie recuerda que son de todos.