UPL denuncia el uso indiscriminado de herbicidas en carreteras provinciales

La formación regionalista ha presentado denuncia ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora tras documentar fotográficamente, el pasado 15 de mayo de 2026, la aplicación masiva de productos fitosanitarios en los márgenes de la Carretera Provincial ZA-L-2693, a su paso por Castellanos (Puebla de Sanabria). UPL señala a la Diputación Provincial de Zamora como responsable y alerta del riesgo de contaminación difusa de los cursos de agua de la comarca.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha dado un paso más en su compromiso con la defensa del medio ambiente zamorano denunciando ante la Junta de Castilla y León el uso que la Diputación Provincial de Zamora hace de herbicidas totales no selectivos para el mantenimiento de los márgenes de sus carreteras provinciales. El caso concreto que ha motivado la denuncia se produjo en Castellanos, localidad de la comarca de Sanabria, donde el pasado 15 de mayo miembros de UPL fotografiaron una extensa franja de vegetación completamente necrosada a lo largo de las cunetas de la Carretera Provincial ZA-L-2693, resultado inequívoco de la aplicación de productos como el glifosato u otros herbicidas de acción sistémica.

Lo que a primera vista puede parecer un simple método de desbrozado tiene consecuencias ambientales graves y documentadas. Las cunetas de las carreteras actúan como canales de escorrentía que, en los episodios de lluvia, transportan hacia los arroyos y ríos todo aquello que se deposita en ellas: barro, sedimentos y, cuando se han aplicado herbicidas, residuos de estos productos. Es lo que los científicos denominan contaminación difusa: un tipo de contaminación que no sale de un único punto de vertido, sino que se distribuye a lo largo de todo un territorio, lo que la hace especialmente difícil de detectar, cuantificar y corregir. En Sanabria, con su rica red hidrográfica y sus espacios naturales de alto valor ecológico, el impacto potencial de esta práctica es especialmente preocupante.

La literatura científica es inequívoca respecto a los efectos del glifosato y otros herbicidas totales cuando alcanzan los cauces fluviales: destrucción de la vegetación de ribera, que ejerce funciones esenciales de filtro, refugio y estabilización de las orillas; mortandad de invertebrados acuáticos, base de la cadena alimentaria de ríos y arroyos; toxicidad aguda para anfibios en fase larvaria; contaminación de acuíferos que pueden ser fuente de abastecimiento de agua potable; y pérdida de biodiversidad en los propios márgenes, que eliminados como hábitat dejan de cumplir su función de corredor ecológico para polinizadores e insectos beneficiosos. La aplicación repetida año tras año genera además un efecto acumulativo en los suelos y sedimentos que agrava progresivamente el daño.

La normativa española y europea es clara y taxativa. El Real Decreto 1311/2012 sobre uso sostenible de productos fitosanitarios impone restricciones expresas a su aplicación en zonas próximas a masas de agua y exige la adopción de técnicas que minimicen la deriva y la escorrentía. La Directiva Marco del Agua obliga a garantizar el buen estado ecológico y químico de los cauces, objetivo directamente incompatible con aportes continuados de herbicidas. La Ley de Aguas tipifica como infracción grave el vertido de sustancias contaminantes al dominio público hidráulico, aunque sea de forma indirecta. Y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece una zona de policía de 100 metros en las márgenes de los cauces, dentro de la cual cualquier actividad que pueda afectar a las aguas requiere autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero. Nada de esto parece haberse tenido en cuenta.

Desde UPL consideran que la Diputación Provincial de Zamora, como titular de la red de carreteras provinciales, tiene la obligación de garantizar que los trabajos de mantenimiento de esas vías se realicen con pleno respeto a la legislación ambiental, con independencia de que los ejecute directamente o a través de empresas contratistas. Exigimos que se abandone de forma inmediata el uso de herbicidas no selectivos en los márgenes de carreteras provinciales y que se adopten métodos alternativos de control de la vegetación —mecánicos, manuales o de precisión— que no supongan riesgo alguno para el medio ambiente ni para la salud pública. Mientras tanto, han solicitado a la Junta de Castilla y León que inspeccione la zona, tome muestras de suelo y agua, identifique los productos empleados y, si se confirma la infracción, imponga las sanciones administrativas que correspondan y ordene la restauración de los terrenos afectados.

La denuncia ha sido formulada ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Zamora, con solicitud expresa de traslado a la Confederación Hidrográfica del Duero —competente sobre el dominio público hidráulico— y al Seprona de la Guardia Civil, para que actúen en el ámbito de sus respectivas competencias. UPL seguirá de cerca la tramitación del expediente y no descarta ampliar las acciones si la respuesta institucional no es suficiente.

Manuel Herrero Alonso