LDHH
Irán bajo el terror del cadalso
Francisco José Alonso Rodríguez
La República Islámica de Irán atraviesa uno de sus periodos más sombríos en materia de derechos humanos de las últimas décadas. Tras el levantamiento nacional que estalló el 28 de diciembre de 2025 y alcanzó su punto álgido en enero de 2026, Teherán ha respondido con una maquinaria represiva voraz. Disparos letales, detenciones masivas y desapariciones forzadas se combinaron con apagones tecnológicos masivos. El objetivo de las autoridades era claro: aislar a los ciudadanos, sepultar las pruebas de la violencia estatal e impedir cualquier atisbo de organización popular.
Hoy, la batalla se ha trasladado de las calles a las cárceles y los tribunales. Los jóvenes arrestados durante las protestas afrontan interrogatorios bajo tortura, juicios exprés y la denegación sistemática de asistencia letrada. El poder judicial se ha transformado en un apéndice del aparato de seguridad del Estado, utilizando cargos ambiguos para convertir el derecho a la protesta en un delito capital.
El uso de la pena de muerte en Irán se ha consolidado como la principal herramienta de control social ante el colapso económico y la inestabilidad política. Los datos son alarmantes: en 2025, el régimen ejecutó a un mínimo de 2.167 personas, más del doble de las 993 registradas en 2024.
Esta tendencia no ha hecho más que agudizarse en 2026:
- Detenciones arbitrarias: Desde el 28 de febrero, aprovechando el contexto y la distracción de las condiciones de guerra, más de 6.000 personas han sido arrestadas (periodistas, defensores de derechos humanos y minorías).
- Ejecuciones políticas: En ese mismo periodo se ejecutó a un mínimo de 39 disidentes.
- El horror de mayo: Solo durante el mes de mayo de 2026, al menos 67 personas fueron ahorcadas en prisiones iraníes. De estas, 50 se ejecutaron en la total opacidad, sin anuncio oficial. Entre las víctimas figuraban una mujer, nueve manifestantes y seis acusados de espionaje.
Usan el código penal como herramienta política: Cargos jurídicos basados en la Sharía como Moharebeh (guerra contra Dios), baghi (rebelión) y efsad-e fel-arz (corrupción en la Tierra) son la norma en los Tribunales Revolucionarios para dictar sentencias de muerte de forma acelerad
La situación más crítica la sufren quienes participaron en las revueltas de enero. Actualmente, al menos 78 personas están condenadas a muerte por motivos políticos, de las cuales 41 fueron detenidas durante el último levantamiento. El dato más desgarrador es que al menos cinco de ellas son menores de edad en el momento de los presuntos delitos.
La persecución se ensaña con especial crueldad contra los sospechosos de simpatizar con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI/MEK), principal movimiento de oposición. En la prisión de Sheiban, en Ahvaz, la alarma es roja para cinco presos políticos: Masoud Jamei, Alireza Merdasi, Farshad Etemadifar, Reza Abdali y Hassan Maslavi. Con condenas firmes desde hace meses, su ejecución podría ser inminente.
Ante esta crisis, Maryam Rajavi, presidenta electa del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI), ha emitido un llamamiento urgente a las Naciones Unidas. Rajavi denuncia que el régimen utiliza la retórica bélica exterior para encubrir que "está fundamentalmente en guerra contra su propio pueblo", utilizando los patíbulos para contener una inevitable explosión de indignación popular.
El control de la información está resultando ser el aliado indispensable del terror. Tras el corte de redes en enero, Irán sufrió un apagón nacional de internet de 88 días, blindando al país en un vacío informativo absoluto que imposibilitó la denuncia segura de las violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos deambulan sin respuestas y los abogados que intentan ejercer defensas legítimas se convierten en los nuevos objetivos de los arrestos.
La comunidad internacional no puede limitar su respuesta a la habitual retórica de preocupación. Detener las ejecuciones políticas, exigir acceso a las prisiones y lograr la nulidad de los juicios injustos deben ser prioridades globales inmediatas. Los gobiernos democráticos deben imponer sanciones individuales severas contra los jueces, fiscales y jefes de inteligencia implicados en la tortura.
El levantamiento de enero de 2026 demostró que, a pesar del terror, la sociedad iraní sigue desafiante. La respuesta del régimen es el miedo; la de la comunidad internacional debe ser la presión y la acción urgente.
Politólogo. - Sociólogo. - Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. - Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD. HH.
Junio 2026
La República Islámica de Irán atraviesa uno de sus periodos más sombríos en materia de derechos humanos de las últimas décadas. Tras el levantamiento nacional que estalló el 28 de diciembre de 2025 y alcanzó su punto álgido en enero de 2026, Teherán ha respondido con una maquinaria represiva voraz. Disparos letales, detenciones masivas y desapariciones forzadas se combinaron con apagones tecnológicos masivos. El objetivo de las autoridades era claro: aislar a los ciudadanos, sepultar las pruebas de la violencia estatal e impedir cualquier atisbo de organización popular.
Hoy, la batalla se ha trasladado de las calles a las cárceles y los tribunales. Los jóvenes arrestados durante las protestas afrontan interrogatorios bajo tortura, juicios exprés y la denegación sistemática de asistencia letrada. El poder judicial se ha transformado en un apéndice del aparato de seguridad del Estado, utilizando cargos ambiguos para convertir el derecho a la protesta en un delito capital.
El uso de la pena de muerte en Irán se ha consolidado como la principal herramienta de control social ante el colapso económico y la inestabilidad política. Los datos son alarmantes: en 2025, el régimen ejecutó a un mínimo de 2.167 personas, más del doble de las 993 registradas en 2024.
Esta tendencia no ha hecho más que agudizarse en 2026:
- Detenciones arbitrarias: Desde el 28 de febrero, aprovechando el contexto y la distracción de las condiciones de guerra, más de 6.000 personas han sido arrestadas (periodistas, defensores de derechos humanos y minorías).
- Ejecuciones políticas: En ese mismo periodo se ejecutó a un mínimo de 39 disidentes.
- El horror de mayo: Solo durante el mes de mayo de 2026, al menos 67 personas fueron ahorcadas en prisiones iraníes. De estas, 50 se ejecutaron en la total opacidad, sin anuncio oficial. Entre las víctimas figuraban una mujer, nueve manifestantes y seis acusados de espionaje.
Usan el código penal como herramienta política: Cargos jurídicos basados en la Sharía como Moharebeh (guerra contra Dios), baghi (rebelión) y efsad-e fel-arz (corrupción en la Tierra) son la norma en los Tribunales Revolucionarios para dictar sentencias de muerte de forma acelerad
La situación más crítica la sufren quienes participaron en las revueltas de enero. Actualmente, al menos 78 personas están condenadas a muerte por motivos políticos, de las cuales 41 fueron detenidas durante el último levantamiento. El dato más desgarrador es que al menos cinco de ellas son menores de edad en el momento de los presuntos delitos.
La persecución se ensaña con especial crueldad contra los sospechosos de simpatizar con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI/MEK), principal movimiento de oposición. En la prisión de Sheiban, en Ahvaz, la alarma es roja para cinco presos políticos: Masoud Jamei, Alireza Merdasi, Farshad Etemadifar, Reza Abdali y Hassan Maslavi. Con condenas firmes desde hace meses, su ejecución podría ser inminente.
Ante esta crisis, Maryam Rajavi, presidenta electa del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI), ha emitido un llamamiento urgente a las Naciones Unidas. Rajavi denuncia que el régimen utiliza la retórica bélica exterior para encubrir que "está fundamentalmente en guerra contra su propio pueblo", utilizando los patíbulos para contener una inevitable explosión de indignación popular.
El control de la información está resultando ser el aliado indispensable del terror. Tras el corte de redes en enero, Irán sufrió un apagón nacional de internet de 88 días, blindando al país en un vacío informativo absoluto que imposibilitó la denuncia segura de las violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos deambulan sin respuestas y los abogados que intentan ejercer defensas legítimas se convierten en los nuevos objetivos de los arrestos.
La comunidad internacional no puede limitar su respuesta a la habitual retórica de preocupación. Detener las ejecuciones políticas, exigir acceso a las prisiones y lograr la nulidad de los juicios injustos deben ser prioridades globales inmediatas. Los gobiernos democráticos deben imponer sanciones individuales severas contra los jueces, fiscales y jefes de inteligencia implicados en la tortura.
El levantamiento de enero de 2026 demostró que, a pesar del terror, la sociedad iraní sigue desafiante. La respuesta del régimen es el miedo; la de la comunidad internacional debe ser la presión y la acción urgente.
Politólogo. - Sociólogo. - Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. - Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD. HH.
Junio 2026
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