Indignación en la Asociación de Fiscales (mayoritaria) con las actuaciones de la Fiscalia General

Porque somos fiscales

Como asociación que representa el sentir mayoritario de la Carrera Fiscal, queremos trasladar tanto a quienes la integran como al conjunto de la sociedad nuestra profunda indignación ante la insuficiente respuesta ofrecida por la Fiscalía General del Estado respecto de la presencia en sus dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes de nuestra carrera.

Nuestro deber es exigir explicaciones

Hasta ahora hemos optado por solicitar con discreción a la Inspección Fiscal que realizara las actuaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la determinación de las responsabilidades que procedieran. Lo hemos hecho por respeto a la institución. Pero precisamente porque somos fiscales, y porque nos debemos a la legalidad y a la sociedad, debemos afirmar que la explicación ofrecida por la Fiscalía General del Estado es insuficiente y deja sin respuesta cuestiones esenciales.

Demasiadas preguntas sin contestar

No se trata de una comparecencia ante cualquier fiscalía: la reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, fuera del horario ordinario de atención al público y con una intervención directa de responsables de primer nivel de la institución.

El vago comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado reconoce la existencia de reuniones mantenidas con un letrado y afirma expresamente que en ellas éste «informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante».

Sin embargo, no consta la apertura de diligencias encaminadas a verificar tales informaciones ni la adopción de actuación alguna conforme a los cauces ordinarios previstos por la propia institución. En particular, no se explica la aplicación de los criterios establecidos en la Circular 2/2022 de la Fiscalía General del Estado sobre la actividad extraprocesal en la investigación penal, precisamente el instrumento llamado a regular la respuesta institucional ante comunicaciones de esta naturaleza.

Resulta especialmente llamativo que esta ausencia de actuación se produzca respecto de una Circular elaborada cuando Diego Villafañe desempeñaba responsabilidades directamente vinculadas a la preparación y elaboración de los documentos internos de la Fiscalía General del Estado. Si los hechos comunicados carecían de la mínima relevancia penal, resulta difícil comprender la celebración de sucesivas reuniones y la intervención de los más altos responsables de la institución. Si, por el contrario, merecían algún grado de atención, resulta igualmente difícil entender por qué no se siguieron los procedimientos previstos por la propia Fiscalía para su análisis y eventual investigación.

Por el contrario, del resultado de una reunión inocua, de acuerdo con esta información, se dio cuenta del Fiscal General del Estado.

Si aquello carecía de relevancia, ¿por qué se informó al fiscal general? Si no justificaba actuación alguna, ¿por qué se concertó una reunión de estas características?, ¿Quién facilitó el acceso y autorizó una recepción tan excepcional?, ¿se concertó una cita con él y por eso hubo que dar cuenta?

La respuesta institucional conocida hasta el momento no despeja estas y otras dudas.

La transparencia no es opcional

Nos encontramos ante hechos que afectan directamente a instituciones esenciales del Estado, entre ellas la propia Fiscalía General. En una situación así, la obligación de transparencia debe ser máxima. La confianza de la ciudadanía en las instituciones exige explicaciones completas, verificables y públicas. La falta de aclaraciones no protege a la institución; por el contrario, compromete la credibilidad de la propia Fiscal General.

Defender la institución es defender a quienes fueron señalados

Este era el momento de reivindicar los valores constitucionales que inspiran la actuación del Ministerio Fiscal y de rechazar sin ambigüedades cualquier intento de intimidar o atacar a quienes ejercen sus funciones con independencia. Era también el momento de defender la honorabilidad de los fiscales afectados.

Nosotros sí lo hacemos. Defenderemos a quienes fueron objeto de señalamientos, del mismo modo que defenderemos el prestigio de toda la carrera fiscal.

Una actuación que exige responsabilidades

Lo ocurrido no puede quedar reducido a una explicación genérica e insuficiente. Y la evolución profesional de los responsables en este marco es aún más denunciable.

La Fiscalía General del Estado debe ofrecer una respuesta completa sobre cómo se produjo esta actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los cauces ordinarios que deben regir el funcionamiento de la institución.

La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades.

Comision Ejecutiva de la Asociación de Fiscales