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Una deuda de honor: La gesta silenciada del Comandante Luis Báguena y sus guardias civiles en Guinea Ecuatorial
Francisco José Alonso Rodríguez
La historia de España está jalonada de episodios donde el cumplimiento del deber roza lo heroico, pero pocos han sido tan injustamente sepultados bajo el manto del olvido institucional como la evacuación de Guinea Ecuatorial entre febrero y abril de 1969. En aquellos meses de zozobra, tras una independencia que derivó de inmediato en la tiranía de Francisco Macías, un puñado de guardias civiles, bajo el mando templado y estratega del comandante Luis Báguena Salvador, logró una de las operaciones de rescate más exitosas y dramáticas del siglo XX: salvar la vida de más de 7000 compatriotas diseminados por la selva africana.
Hoy, casi seis décadas después, la Dirección General de la Guardia Civil y el Gobierno de España mantienen una flagrante deuda histórica con aquellos hombres. Su sacrificio, que puso en grave peligro sus propias vidas y haciendas, fue despachado en su momento como «materia reservada» por las autoridades franquistas y, posteriormente, ignorado por los sucesivos gobiernos democráticos. Es hora de levantar el secreto y hacer justicia a los últimos de Guinea
La propaganda de la época vendió la independencia de Guinea Ecuatorial, proclamada el 12 de octubre de 1968, como un proceso modélico y pacífico. La realidad en el terreno no tardó en tornarse dantesca. La victoria electoral de Francisco Macías —un líder de indiscutible inestabilidad psíquica y exacerbado discurso antiespañol— desató las fuerzas del caos. Alentadas por el nuevo régimen, las llamadas Juventudes en Marcha con Macías iniciaron una campaña de terror, violencia y arbitrariedad contra la población española y los opositores locales.
El país se colapsó económicamente en cuestión de semanas. Los cerca de diez mil residentes españoles, que sostenían el tejido productivo, las plantaciones de cacao y el comercio, se vieron atrapados en un clima preñado de amenazas de muerte, saqueos institucionales y detenciones ilegales. Con el recuerdo aún fresco y sangriento de las matanzas de europeos en el Congo a principios de la década, el temor a un exterminio indiscriminado en el territorio continental de Río Muni y en la isla de Fernando Poo (hoy Bioko) se convirtió en una certeza matemática.
En medio de este polvorín, España mantenía desplegado un batallón de la Guardia Civil. Al frente de estas fuerzas se encontraba el comandante Luis Báguena Salvador, una figura providencial para el destino de miles de personas. Nacido en la propia Guinea, Báguena no era un oficial foráneo ejecutando órdenes burocráticas; conocía íntimamente la psicología de los líderes guineanos, dominaba el idioma fang y poseía un prestigio respetado incluso por las milicias gubernamentales.
Cuando Madrid asumió la inevitable necesidad de evacuar a toda la población civil ante la deriva enajenada de Macías, la responsabilidad de ejecutar el repliegue recayó sobre los hombros de la Guardia Civil. La dificultad de la misión era extrema: en Río Muni, las familias españolas no estaban agrupadas, sino diseminadas en pequeñas factorías, misiones y plantaciones agrícolas aisladas en el corazón de una selva densa, comunicada por pistas impracticables y jalonada por controles militares hostiles comandados por el coronel Tray, un antiguo combatiente de la Guerra Civil española sediento de poder.
La orden de Báguena fue clara, firme y ejecutada con una disciplina espartana: vaciar el interior del país, escoltar a los civiles hacia los puertos de Bata y Santa Isabel (Malabo) y repeler las provocaciones sin desatar un conflicto abierto que sirviera de excusa para una matanza generalizada.
Los guardias civiles, sabiendo que sus propios hogares y bienes en Guinea quedaban expuestos al pillaje inmediato, priorizaron la vida de los colonos. Se adentraron en las plantaciones, organizaron convoyes improvisados y lidiaron, en un juego de alta tensión diplomática y militar, con las milicias de Macías que apuntaban con sus armas a las columnas de refugiados. Los agentes pusieron en juego sus vidas en cada puente, en cada puesto de control, actuando como escudos humanos para que los civiles pudieran embarcar en las naves de la Armada Española enviadas al rescate.
El éxito de la operación raya en el milagro logístico y militar. En una movilización sin precedentes de más de 7000 personas en condiciones extremas de hostilidad, solo se tuvo que lamentar la muerte de un ciudadano español, tiroteado en una balsa en el río Benito. La pericia de Báguena y la templanza de sus hombres evitaron un baño de sangre que parecía inevitable
El castigo a tanta entrega fue el silencio. Para el gobierno español de finales de los sesenta, admitir el desastre absoluto en el que había derivado la descolonización significaba reconocer un fracaso geopolítico clamoroso. Por ello, mediante un decreto fulminante, los sucesos de Guinea fueron declarados materia reservada.
Los héroes regresaron a la metrópoli sin desfiles, sin medallas colectivas de relieve y con la orden estricta de no hablar de lo vivido. Sus haciendas, los ahorros de toda una vida de esfuerzo en el golfo de Guinea, se perdieron para siempre bajo el amparo de las expropiaciones de la dictadura de Macías, sin que el Estado español articulara indemnizaciones justas o un reconocimiento público equivalente al trauma y las pérdidas sufridas.
La llegada de la democracia tampoco reparó esta injusticia. El asunto quedó sepultado en los anaqueles polvorientos de la historia oficial. Salvo contados testimonios bibliográficos de los propios protagonistas en los años ochenta, y recientes esfuerzos documentales y literarios que han intentado tímidamente cubrir esta laguna, la gesta del comandante Báguena sigue siendo una gran desconocida para el gran público español.
La lealtad no puede ser pagada con el olvido. La Dirección General de la Guardia Civil tiene el deber moral de rescatar del anonimato la hoja de servicios de aquellos hombres que mantuvieron el honor del uniforme en las condiciones más ingratas y peligrosas que se recuerdan en la historia colonial de España. No se trata meramente de un ejercicio de nostalgia, sino de un acto de estricta justicia histórica y democrática.
El Gobierno de España, como continuador institucional del Estado, debe una disculpa y un homenaje público a los guardias civiles y a los miles de españoles que lo perdieron todo en Guinea Ecuatorial. Negar el reconocimiento a quienes salvaron 7000 vidas a costa de su propia seguridad es una cobardía política que violenta los valores de gratitud y honor de la nación. Los últimos de Guinea no fueron solo testigos de un naufragio colonial; fueron los salvavidas de miles de compatriotas, guiados por el temple insustituible de un comandante llamado Luis Báguena Salvador. Su deuda sigue pendiente.
Politólogo. - Sociólogo. - Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. - Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España. - Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.
La historia de España está jalonada de episodios donde el cumplimiento del deber roza lo heroico, pero pocos han sido tan injustamente sepultados bajo el manto del olvido institucional como la evacuación de Guinea Ecuatorial entre febrero y abril de 1969. En aquellos meses de zozobra, tras una independencia que derivó de inmediato en la tiranía de Francisco Macías, un puñado de guardias civiles, bajo el mando templado y estratega del comandante Luis Báguena Salvador, logró una de las operaciones de rescate más exitosas y dramáticas del siglo XX: salvar la vida de más de 7000 compatriotas diseminados por la selva africana.
Hoy, casi seis décadas después, la Dirección General de la Guardia Civil y el Gobierno de España mantienen una flagrante deuda histórica con aquellos hombres. Su sacrificio, que puso en grave peligro sus propias vidas y haciendas, fue despachado en su momento como «materia reservada» por las autoridades franquistas y, posteriormente, ignorado por los sucesivos gobiernos democráticos. Es hora de levantar el secreto y hacer justicia a los últimos de Guinea
La propaganda de la época vendió la independencia de Guinea Ecuatorial, proclamada el 12 de octubre de 1968, como un proceso modélico y pacífico. La realidad en el terreno no tardó en tornarse dantesca. La victoria electoral de Francisco Macías —un líder de indiscutible inestabilidad psíquica y exacerbado discurso antiespañol— desató las fuerzas del caos. Alentadas por el nuevo régimen, las llamadas Juventudes en Marcha con Macías iniciaron una campaña de terror, violencia y arbitrariedad contra la población española y los opositores locales.
El país se colapsó económicamente en cuestión de semanas. Los cerca de diez mil residentes españoles, que sostenían el tejido productivo, las plantaciones de cacao y el comercio, se vieron atrapados en un clima preñado de amenazas de muerte, saqueos institucionales y detenciones ilegales. Con el recuerdo aún fresco y sangriento de las matanzas de europeos en el Congo a principios de la década, el temor a un exterminio indiscriminado en el territorio continental de Río Muni y en la isla de Fernando Poo (hoy Bioko) se convirtió en una certeza matemática.
En medio de este polvorín, España mantenía desplegado un batallón de la Guardia Civil. Al frente de estas fuerzas se encontraba el comandante Luis Báguena Salvador, una figura providencial para el destino de miles de personas. Nacido en la propia Guinea, Báguena no era un oficial foráneo ejecutando órdenes burocráticas; conocía íntimamente la psicología de los líderes guineanos, dominaba el idioma fang y poseía un prestigio respetado incluso por las milicias gubernamentales.
Cuando Madrid asumió la inevitable necesidad de evacuar a toda la población civil ante la deriva enajenada de Macías, la responsabilidad de ejecutar el repliegue recayó sobre los hombros de la Guardia Civil. La dificultad de la misión era extrema: en Río Muni, las familias españolas no estaban agrupadas, sino diseminadas en pequeñas factorías, misiones y plantaciones agrícolas aisladas en el corazón de una selva densa, comunicada por pistas impracticables y jalonada por controles militares hostiles comandados por el coronel Tray, un antiguo combatiente de la Guerra Civil española sediento de poder.
La orden de Báguena fue clara, firme y ejecutada con una disciplina espartana: vaciar el interior del país, escoltar a los civiles hacia los puertos de Bata y Santa Isabel (Malabo) y repeler las provocaciones sin desatar un conflicto abierto que sirviera de excusa para una matanza generalizada.
Los guardias civiles, sabiendo que sus propios hogares y bienes en Guinea quedaban expuestos al pillaje inmediato, priorizaron la vida de los colonos. Se adentraron en las plantaciones, organizaron convoyes improvisados y lidiaron, en un juego de alta tensión diplomática y militar, con las milicias de Macías que apuntaban con sus armas a las columnas de refugiados. Los agentes pusieron en juego sus vidas en cada puente, en cada puesto de control, actuando como escudos humanos para que los civiles pudieran embarcar en las naves de la Armada Española enviadas al rescate.
El éxito de la operación raya en el milagro logístico y militar. En una movilización sin precedentes de más de 7000 personas en condiciones extremas de hostilidad, solo se tuvo que lamentar la muerte de un ciudadano español, tiroteado en una balsa en el río Benito. La pericia de Báguena y la templanza de sus hombres evitaron un baño de sangre que parecía inevitable
El castigo a tanta entrega fue el silencio. Para el gobierno español de finales de los sesenta, admitir el desastre absoluto en el que había derivado la descolonización significaba reconocer un fracaso geopolítico clamoroso. Por ello, mediante un decreto fulminante, los sucesos de Guinea fueron declarados materia reservada.
Los héroes regresaron a la metrópoli sin desfiles, sin medallas colectivas de relieve y con la orden estricta de no hablar de lo vivido. Sus haciendas, los ahorros de toda una vida de esfuerzo en el golfo de Guinea, se perdieron para siempre bajo el amparo de las expropiaciones de la dictadura de Macías, sin que el Estado español articulara indemnizaciones justas o un reconocimiento público equivalente al trauma y las pérdidas sufridas.
La llegada de la democracia tampoco reparó esta injusticia. El asunto quedó sepultado en los anaqueles polvorientos de la historia oficial. Salvo contados testimonios bibliográficos de los propios protagonistas en los años ochenta, y recientes esfuerzos documentales y literarios que han intentado tímidamente cubrir esta laguna, la gesta del comandante Báguena sigue siendo una gran desconocida para el gran público español.
La lealtad no puede ser pagada con el olvido. La Dirección General de la Guardia Civil tiene el deber moral de rescatar del anonimato la hoja de servicios de aquellos hombres que mantuvieron el honor del uniforme en las condiciones más ingratas y peligrosas que se recuerdan en la historia colonial de España. No se trata meramente de un ejercicio de nostalgia, sino de un acto de estricta justicia histórica y democrática.
El Gobierno de España, como continuador institucional del Estado, debe una disculpa y un homenaje público a los guardias civiles y a los miles de españoles que lo perdieron todo en Guinea Ecuatorial. Negar el reconocimiento a quienes salvaron 7000 vidas a costa de su propia seguridad es una cobardía política que violenta los valores de gratitud y honor de la nación. Los últimos de Guinea no fueron solo testigos de un naufragio colonial; fueron los salvavidas de miles de compatriotas, guiados por el temple insustituible de un comandante llamado Luis Báguena Salvador. Su deuda sigue pendiente.
Politólogo. - Sociólogo. - Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. - Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España. - Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.















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