SENTENCIA
El Tribunal Supremo condena a Ábalos y Koldo por el caso Mascarillas y exime a Aldama de entrar en prisión
El tribunal destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha notificado hoy la sentencia del llamado 'caso mascarillas', por la que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años por su implicación en el denominado caso Mascarillas. La sentencia considera acreditada la existencia de una trama destinada a obtener beneficios ilícitos mediante la adjudicación irregular de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia.
Según el fallo, la organización habría aprovechado la situación de emergencia sanitaria para canalizar contratos hacia la empresa Soluciones de Gestión, inflando los precios y obteniendo comisiones ilegales. La Fiscalía Anticorrupción sostuvo durante el juicio que Ábalos ocupaba una posición central dentro de la trama, al utilizar presuntamente su cargo para favorecer las adjudicaciones.
Durante el proceso judicial, el exministro defendió en todo momento su inocencia y denunció la existencia de una "presunción de culpabilidad" en su contra. Por su parte, Koldo García negó haber cobrado mordidas y mantuvo su respaldo a quien fue su superior en el Ministerio de Transportes.
La situación del empresario Víctor de Aldama ha sido diferente. El Supremo le ha impuesto una condena de cuatro años y medio de prisión por delitos relacionados con la trama, pero ha acordado suspender la ejecución de la pena debido a su colaboración con la Justicia. Durante el juicio, Aldama reconoció parcialmente los hechos y admitió su participación en varios delitos, entre ellos cohecho, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada.
La suspensión de la pena queda condicionada a que no vuelva a delinquir, presente informes semestrales sobre sus actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo pone fin a uno de los procedimientos judiciales más relevantes relacionados con la gestión de contratos públicos durante la pandemia, una causa que ha generado una gran repercusión política y mediática desde que se conocieron las primeras investigaciones.
Fotografía: Ministerio de Transportes
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años por su implicación en el denominado caso Mascarillas. La sentencia considera acreditada la existencia de una trama destinada a obtener beneficios ilícitos mediante la adjudicación irregular de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia.
Según el fallo, la organización habría aprovechado la situación de emergencia sanitaria para canalizar contratos hacia la empresa Soluciones de Gestión, inflando los precios y obteniendo comisiones ilegales. La Fiscalía Anticorrupción sostuvo durante el juicio que Ábalos ocupaba una posición central dentro de la trama, al utilizar presuntamente su cargo para favorecer las adjudicaciones.
Durante el proceso judicial, el exministro defendió en todo momento su inocencia y denunció la existencia de una "presunción de culpabilidad" en su contra. Por su parte, Koldo García negó haber cobrado mordidas y mantuvo su respaldo a quien fue su superior en el Ministerio de Transportes.
La situación del empresario Víctor de Aldama ha sido diferente. El Supremo le ha impuesto una condena de cuatro años y medio de prisión por delitos relacionados con la trama, pero ha acordado suspender la ejecución de la pena debido a su colaboración con la Justicia. Durante el juicio, Aldama reconoció parcialmente los hechos y admitió su participación en varios delitos, entre ellos cohecho, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada.
La suspensión de la pena queda condicionada a que no vuelva a delinquir, presente informes semestrales sobre sus actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo pone fin a uno de los procedimientos judiciales más relevantes relacionados con la gestión de contratos públicos durante la pandemia, una causa que ha generado una gran repercusión política y mediática desde que se conocieron las primeras investigaciones.
Fotografía: Ministerio de Transportes
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