Comunicado del Foro Judicial Independiente ante el decreto de ampliación judicial

El pasado 9 de julio de 2026 se publicó en el BOE el Real Decreto nº 559/2026, de 8 de julio, de creación de quinientas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial.

Sin ningún género de dudas, esta norma constituye una buena noticia, en la medida en que responde a la reivindicación tantas veces expresada de incremento de la planta judicial. El objetivo final ha de ser que el número de efectivos en la carrera judicial sea acorde a las ratios de los países de nuestro entorno europeo, a fin de preservar que jueces y magistrados/as desarrollan su función en las condiciones de trabajo más adecuadas, sin tener que soportar una sobrecarga de trabajo inasumible, y de garantizar que el servicio público de justicia se presta con las debidas garantías de calidad, dando respuesta a las peticiones de tutela de los ciudadanos y ciudadanas en unos plazos de respuesta razonables.

Está claro que aún estamos muy lejos de alcanzar tales objetivos, de modo que este Real Decreto ha de entenderse sólo como un primer paso, que habrá de tener continuidad en próximos ejercicios.

Desde esa perspectiva, resulta poco esperanzador que la entrada en funcionamiento de las primeras plazas no esté prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, y que la mayor parte de las mismas no se hagan efectivas hasta junio y noviembre de 2027. El Ministro de Justicia, Sr. Bolaños, ha explicado en múltiples ocasiones que esta ampliación de plazas se enmarca en el contexto de la Ley Orgánica 1/2025, que supuso la implantación de los tribunales de instancia, de modo que a día de hoy es posible crear plazas judiciales, sin la consiguiente creación de todo un juzgado. Si es así, ignoramos por qué ha de tardarse tanto (hasta año y medio) en poner en práctica las nuevas plazas aprobadas.

Dicho de otro modo, en el mejor de los casos, esta creación de plazas judiciales no se traducirá en una efectiva reducción de las cargas de trabajo de jueces y magistrados hasta pasado mucho tiempo de su aprobación. Y no se ha dado explicación alguna para ello.

Por tanto, se hace si cabe más necesario que el Ministerio de Justicia atienda la petición hecha por varias asociaciones judiciales y por el Consejo General del Poder Judicial de revertir la decisión de no renovar a partir del 1 de julio de 2026 diversas comisiones de servicio que hasta ahora se venían aprobando para reforzar distintos órganos judiciales.

A pesar de este Real Decreto de creación de plazas judiciales, lo cierto es que, en términos globales, las cargas de trabajo que han de soportar los miembros del poder judicial a día de hoy son superiores a las que tenían que asumir el pasado 30 de junio.

Finalmente, aunque la Ley Orgánica 1/2025 ha supuesto la posibilidad de crear nuevas plazas judiciales sin crear a la vez nuevos órganos, es evidente que este Real Decreto de ampliación de la planta judicial obliga también a la ampliación en los mismos plazos temporales de las plantillas de fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, forenses, etc., en una proporción adecuada para que la reforma se traduzca en una efectiva mejora para el servicio público de justicia. Y ello resulta especialmente oportuno en el actual contexto, ya que la reciente implantación de tribunales de instancia está provocando en general la precarización de las oficinas judiciales, tanto por la limitación de personal que efectivamente desarrolla el trabajo, como por la reducción de los niveles de calidad del servicio prestado. Hemos solicitado del Ministerio de Justicia reunirnos para abordar esta cuestión, sin que hasta ahora hayamos tenido respuesta alguna.

Por tanto, aunque el Real Decreto constituya sin duda una buena noticia, no podemos quedarnos en el aplauso fácil. Si el conjunto de problemas de que adolece la justicia no se afronta de forma seria, la creación de plazas judiciales, con una implantación práctica tan diferida en el tiempo, puede acabar diluyéndose, o convertirse en un mero acto de propaganda que no redunde en un beneficio efectivo para todos. Esperemos que no sea así.

Comisión Gestora Nacional de FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE