UGT advierte que no permitirá retribuciones por debajo del SMI a trabajadoras de ayuda a domicilio

Para el sindicato, esta línea roja hay que ponerla en relación con el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que ha supuesto una reforma de las leyes de la discapacidad y la dependencia impulsada por el Gobierno para transformar el sistema de los cuidados con medidas como el reconocimiento automático del 33% de la discapacidad a todas las personas dependientes, el refuerzo de la ayuda a domicilio, la eliminación de las
incompatibilidades o el reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras.

De hecho, esta norma pretende reforzar el sistema y adaptarlo a los retos de las próximas décadas, muy marcados por el envejecimiento de la población y los cambios en el modelo familiar. Por eso, ha sido muy celebrada por las entidades sociales, pero, para la federación de servicios públicos de UGT, “el camino no termina aquí. El próximo paso ahora es mejorar las condiciones laborales de quienes sostienen el sistema de cuidados, pese a cobrar salarios cercanos al SMI y a la falta de personal”.

Y es que, la organización sindical considera imprescindible “dignificar las condiciones de quienes cuidan ya que una falta de financiación endémica del sistema ha provocado plantillas deficitarias, tanto en residencias y centros de día, como en los servicios de ayuda a domicilio o teleasistencia”. En consecuencia, las personas trabajadoras del sector, muy feminizado, sufren actualmente una elevada carga física y emocional por lo que resulta difícil captar nuevos profesionales para puestos de trabajo que pierden su atractivo por la precariedad.

El próximo objetivo, por tanto, para UGT, pasa por garantizar ese refuerzo mejorando las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sistema de dependencia, que abarcan desde asistentes, auxiliares de ayuda a domicilio y gerocultores hasta enfermeros, médicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales y psicólogos. Por eso, la próxima negociación será clave para el sindicato: “tenemos que ser capaces de plasmar en un Convenio Colectivo todas estas mejoras necesarias y blindarlas ante empresas incumplidoras como Aralia en el Ayuntamiento de Zamora, o nos veremos abocados a una conflictividad permanente”.

Para finalizar, UGT Servicios Públicos Castilla y León sigue insistiendo en que la externalización de servicios propios de la Junta de Castilla y Leon “no tiene justificación si lo único que se busca es el abaratamiento y la precarización de los servicios”, tal y como ha venido ocurriendo, y reclaman “cambiar a un modelo externalizado de calidad para los usuarios y de consolidación de derechos sociales o plantear la gestión pública de este servicio con medios propios de la Junta que permitan atender a nuestros mayores en su casa por profesionales cualificados, valorados y reconocidos”.