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Zapatero en TVE: el derecho a mentir y la sombra del engaño
Francisco José Alonso Rodríguez / Ignacio Moratijos
Habló José Luis Rodríguez Zapatero para no decir nada y, en el trayecto, las dudas que pretendía disipar no hicieron más que multiplicarse. Su reaparición en el programa Mañaneros de Televisión Española no fue un ejercicio de transparencia ni un acto de rendición de cuentas ante la sociedad, sino una cuidada puesta en escena propagandística. Una maniobra meditada para ofrecer refugio a los convencidos y ganar un tiempo precioso mientras la estrategia judicial avanza por derroteros muy distintos a los del discurso mediático.
Conviene recordar una premisa jurídica fundamental: en su condición de investigado e imputado, Zapatero goza del derecho constitucional a no declararse culpable, a no declarar contra sí mismo y, en la práctica, a no decir la verdad. Sin embargo, lo que resulta amparable en la estrategia de defensa de un juzgado resulta inaceptable como espectáculo de persuasión en el plató de la televisión pública. Pretender que el espectador firme un cheque en blanco basado en la mera fe personal —"no voy a pedir un acto de fe", dijo para acto seguido exigirlo con vehemencia— constituye una falta de respeto a la inteligencia ciudadana.
La intervención transmitió la inconfundible sensación de una voluntad forzada. La mano que meció la cuna para que el expresidente rompiera su silencio parece ser la del propio Ejecutivo, acuciado por la necesidad de frenar un desgaste político que amenazaba con salpicar de lleno a la actual dirección del Gobierno. El manual aconsejaba la pauta: salir a la arena, reiterar la inocencia y proyectar victimismo. El resultado fue un plato de pienso argumental apto solo para paladares incondicionales, diseñado para desviar el foco y evitar que el poder político aparezca como cómplice de un silencio insostenible.
Lejos de tranquilizar, la entrevista dejó al descubierto flagrantes contradicciones. Mientras ante las cámaras Zapatero prometía demostrar su inocencia, en la trastienda procesal buena parte de la estrategia se concentra en la búsqueda de nulidades y en esperar que la prescripción de los posibles delitos termine por extinguir la causa. Confiar la propia salvación al reloj o a la anulación de pruebas no es la conducta de quien no tiene nada que ocultar; es la actitud de quien busca eludir el fondo del asunto mientras se proclama impoluto ante la opinión pública.
El paroxismo de la escenificación se alcanzó con el capítulo de las joyas. Despachar un patrimonio de reserva de 1,3 millones de euros custodiado en una caja fuerte con un displicente "estaban ahí y nada más" o "no tenían uso ni destino" soliviantó a los espectadores. Esos fondos tenían un uso clarísimo como reserva patrimonial y un destino evidente. Tampoco resultaron creíbles las afectaciones de incredulidad sobre el cobro de comisiones o facturaciones de su entorno familiar a través de personas que hoy negocian su situación con la Justicia. Medir las palabras para no soliviantar a quienes aspiran a arrepentidos delata la prudencia de quien teme que otros ejerciten la memoria más de la cuenta.
Asimismo, intentar normalizar que una secretaría pacte conceptos e importes de facturación al margen de los servicios realmente prestados no fue un simple patinazo, sino la justificación de una práctica irregular. Lo habitual en un contexto transparente es que un servicio se facture a quien se presta y por el concepto real; cualquier desvío de esta regla esconde un chanchullo.
Al final de la emisión, las preguntas esenciales quedaron intactas: por qué una empresa rescatada con 53 millones de euros de dinero público derivó fondos que terminaron en la órbita de su entorno. Los espectadores nos levantamos del sofá exactamente igual que nos sentamos, tropezando de nuevo con invocaciones vacías a la presunción de inocencia. Una presunción que la ley le garantiza, pero que intervenciones como esta, orientadas al engaño y a la propaganda, no hacen más que debilitarlo ante la ciudadanía.
Politólogo. - Sociólogo. - Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. - Centro de Estudios Ateneos. - Medalla a las Libertades “Rafael del Riego”.- Mellada Internacional DD.HH.
Habló José Luis Rodríguez Zapatero para no decir nada y, en el trayecto, las dudas que pretendía disipar no hicieron más que multiplicarse. Su reaparición en el programa Mañaneros de Televisión Española no fue un ejercicio de transparencia ni un acto de rendición de cuentas ante la sociedad, sino una cuidada puesta en escena propagandística. Una maniobra meditada para ofrecer refugio a los convencidos y ganar un tiempo precioso mientras la estrategia judicial avanza por derroteros muy distintos a los del discurso mediático.
Conviene recordar una premisa jurídica fundamental: en su condición de investigado e imputado, Zapatero goza del derecho constitucional a no declararse culpable, a no declarar contra sí mismo y, en la práctica, a no decir la verdad. Sin embargo, lo que resulta amparable en la estrategia de defensa de un juzgado resulta inaceptable como espectáculo de persuasión en el plató de la televisión pública. Pretender que el espectador firme un cheque en blanco basado en la mera fe personal —"no voy a pedir un acto de fe", dijo para acto seguido exigirlo con vehemencia— constituye una falta de respeto a la inteligencia ciudadana.
La intervención transmitió la inconfundible sensación de una voluntad forzada. La mano que meció la cuna para que el expresidente rompiera su silencio parece ser la del propio Ejecutivo, acuciado por la necesidad de frenar un desgaste político que amenazaba con salpicar de lleno a la actual dirección del Gobierno. El manual aconsejaba la pauta: salir a la arena, reiterar la inocencia y proyectar victimismo. El resultado fue un plato de pienso argumental apto solo para paladares incondicionales, diseñado para desviar el foco y evitar que el poder político aparezca como cómplice de un silencio insostenible.
Lejos de tranquilizar, la entrevista dejó al descubierto flagrantes contradicciones. Mientras ante las cámaras Zapatero prometía demostrar su inocencia, en la trastienda procesal buena parte de la estrategia se concentra en la búsqueda de nulidades y en esperar que la prescripción de los posibles delitos termine por extinguir la causa. Confiar la propia salvación al reloj o a la anulación de pruebas no es la conducta de quien no tiene nada que ocultar; es la actitud de quien busca eludir el fondo del asunto mientras se proclama impoluto ante la opinión pública.
El paroxismo de la escenificación se alcanzó con el capítulo de las joyas. Despachar un patrimonio de reserva de 1,3 millones de euros custodiado en una caja fuerte con un displicente "estaban ahí y nada más" o "no tenían uso ni destino" soliviantó a los espectadores. Esos fondos tenían un uso clarísimo como reserva patrimonial y un destino evidente. Tampoco resultaron creíbles las afectaciones de incredulidad sobre el cobro de comisiones o facturaciones de su entorno familiar a través de personas que hoy negocian su situación con la Justicia. Medir las palabras para no soliviantar a quienes aspiran a arrepentidos delata la prudencia de quien teme que otros ejerciten la memoria más de la cuenta.
Asimismo, intentar normalizar que una secretaría pacte conceptos e importes de facturación al margen de los servicios realmente prestados no fue un simple patinazo, sino la justificación de una práctica irregular. Lo habitual en un contexto transparente es que un servicio se facture a quien se presta y por el concepto real; cualquier desvío de esta regla esconde un chanchullo.
Al final de la emisión, las preguntas esenciales quedaron intactas: por qué una empresa rescatada con 53 millones de euros de dinero público derivó fondos que terminaron en la órbita de su entorno. Los espectadores nos levantamos del sofá exactamente igual que nos sentamos, tropezando de nuevo con invocaciones vacías a la presunción de inocencia. Una presunción que la ley le garantiza, pero que intervenciones como esta, orientadas al engaño y a la propaganda, no hacen más que debilitarlo ante la ciudadanía.
Politólogo. - Sociólogo. - Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. - Centro de Estudios Ateneos. - Medalla a las Libertades “Rafael del Riego”.- Mellada Internacional DD.HH.
















Alfonso | Domingo, 26 de Julio de 2026 a las 08:43:37 horas
Algunas aclaraciones jurídicas de carácter general.
El querellado NO tiene que demostrar su inocencia, ni ante el juez, ni ante la opinión pública.
Es el querellante quien tiene que probar la autoría del delito.
Si no lo prueba podría ser acusado de difamación por atentar al honor de un inocente
El querellado NO TIENE DERECHO A MENTIR en sede judicial como algunos IGNORANTES jueces dicen cuando quieren declarar. Sólo puede negarse a declarar. Si renuncia a su derecho, pasa a la condición de testigo voluntario y por ello tiene la OBLIGACIÓN de decir la verdad
El juez NO TIENE QUE ESTAR INTIMAMENTE CONVENCIDO DE LA CULPABILIDAD O INOCENCIA del querellado, sólo puede condenar cuando las PRUEBAS de la autoría del delito SON APODÍCTICAS.
Este DELITO de prevaricación judicial NO es infrecuente
Por desgracia casi nunca es NI PERSEGUIDO por el Ministerio Fiscal ni por el CGPJ.
No se puede condenar a nadie, como recientemente se ha hecho, porque el acusado tenía POSIBLIDAD DE HABER COMETIDO EL DELITO que no se pudo probar que cometiera.
Que eso ocurra, produce DESCONFIANZA en la justicia al ver a delincuentes en la calle un mal menor pese a todo y a condenados en la cárcel o incluso en libertad tras sufrir un CALVARIO JUDICIAL no frustrado aun si fue declarado inocente porque ha sido víctima de una CRUCIFIXIÓN social.
Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contradiga lo actuado por los tribunales españoles , como ha hecho varias veces y en muchos de esos casos absolutamente escandalosos, nos permite CONFIAR EN LA JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, pero sólo si tiene dinero para acceder a ella.
La justicia sigue siendo un derecho fundamental, pero SÓLO DE RICOS.
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