Ceuta, Melilla y la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo legal y diplomático

La presión migratoria sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha alcanzado un punto crítico que reabre, de forma dramática, el debate sobre la eficacia de las políticas de frontera en el sur de Europa. Las recientes declaraciones del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al desvelar la entrada de unos 1.500 migrantes en apenas una semana —lo que representa prácticamente el 2 % del censo total de la población local—, exigen abordar la realidad sin paños calientes ni eufemismos. La magnitud de las cifras no solo colapsa los servicios de acogida y satura las infraestructuras de la ciudad, sino que evidencia el fracaso de una gestión basada en componendas formales y discursos bienintencionados que no ofrecen soluciones reales a los problemas del terreno.

Durante años, la política migratoria y de custodia de las fronteras ha estado condicionada por una aproximación que elude abordar la raíz del problema y prioriza los gestos simbólicos sobre la efectividad legal e institucional. Esta postura, que con frecuencia ignora la capacidad de absorción y los recursos limitados de los territorio receptores, resulta insostenible cuando se aplica a enclaves geográficos tan vulnerables como Ceuta y Melilla.

El impacto de este enfoque se hace especialmente evidente en la tutela de los menores no acompañados. La asunción ilimitada y automática de la guardia e infraestructura por parte de la administración autonómica ha desbordado por completo la capacidad financiera y asistencial de la ciudad. Tratar la llegada masiva de menores como un mero trámite asistencial rutinario —en lugar de interpretarlo como un desafío directo a la seguridad fronteriza y a la sostenibilidad social— genera un efecto llamado que aprovechan las mafias de tráfico de seres humanos y que desprotege, en última instancia, a la propia población local y a los propios recursos del Estado.

Esta misma tibieza analítica y legislativa se percibe en otros ámbitos del ordenamiento jurídico interno, como el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles. La falta de contundencia en las leyes y la lentitud en los procedimientos de desalojo responden a una misma lógica en la que se flexibiliza el cumplimiento de las normas bajo pretextos sociales, debilitando el principio de autoridad, la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad. Tanto en la ocupación de viviendas como en la porosidad de las fronteras, la vulneración del marco legal termina naturalizándose si el Estado no ejerce sus prerrogativas con determinación.

Para frenar la constante presión en el perímetro fronterizo y restituir el control de los accesos a suelo español y comunitario, resulta imprescindible reevaluar y adecuar la legislación nacional.

         El debate en torno a las devoluciones en margen de frontera —las denominadas "devoluciones en caliente"— debe resolverse mediante reformas legislativas claras que doten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del respaldo normativo y operativo necesario.

Las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla no son únicamente límites autonómicos o nacionales; representan la frontera exterior de la Unión Europea en el continente africano. La imposibilidad de efectuar el rechazo inmediato en línea de frontera a quienes traspasan los espigones o vallados de manera irregular desactiva la capacidad disuasoria de los controles y genera un incentivo constante para el cruce. Modificar el marco legal para articular procedimientos de retorno inmediato seguros, ágiles y con plena cobertura normativa es un paso indispensable si se pretende evitar repeticiones de crisis históricas como la vivida en mayo de 2021. La seguridad jurídica de los agentes que custodian la valla no puede quedar a expensas de interpretaciones ambiguas mientras la presión en la línea fronteriza se multiplica día a día.

Cualquier análisis riguroso de la situación en el Norte de África pasa por definir con absoluta claridad el papel del Reino de Marruecos. Las relaciones de buena vecindad y cooperación no pueden sostenerse sobre la base de una asimetría permanente en la que España asume en soledad el impacto de los flujos migratorios procedentes o en tránsito por territorio marroquí.

Es prioritario exigir al Gobierno alauita un compromiso real, continuado y medible en la contención de las salidas desde sus costas y perímetros colindantes. El control de las fronteras es una responsabilidad bilateral. No resulta admisible que cientos de personas accedan a nado o a través de los espigones a diario sin que las fuerzas de seguridad del país vecino intercepten de manera decisiva dichos movimientos en su propia jurisdicción. La política exterior española debe condicionar la colaboración diplomática y económica a una implicación efectiva de Rabat en el sellado de sus fronteras y en la repatriación inmediata de sus propios nacionales, garantizando que el cumplimiento de los acuerdos multilaterales se traduzca en hechos concretos y no en meras declaraciones de intenciones.

La petición de un «mando único» y la consideración del escenario actual como una «emergencia nacional» formalizada por las autoridades ceutíes responde a la necesidad de unificar criterios operativos, optimizar recursos y proyectar un mensaje de firmeza institucional. La gestión de una frontera internacional no puede parcelarse ni depender de parches presupuestarios coyunturales.

Revertir la tendencia actual requiere abandonar esquemas teóricos desvinculados de la realidad sobre el terreno. El restablecimiento del orden en la frontera exige tres pilares fundamentales:

• Reforma legal contundente que garantice la operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la eficacia de los rechazos en frontera.

Firmes exigencias diplomáticas que demanden a Marruecos asumir plenamente sus deberes de custodia y repatriación.

• Fin de la condescendencia normativa, restaurando el principio de autoridad tanto en el control fronterizo como en la protección del marco legal interno frente a la ocupación o el fraude de ley.

Solo mediante un viraje realista y decidido hacia la protección efectiva del territorio estatal se podrá garantizar la seguridad, la estabilidad social y la viabilidad económica de Ceuta y Melilla a corto y largo plazo.

 Politólogo. - Sociólogo. - Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. - Centro de Estudios Ateneos. - Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD. HH