Playas invadidas

Vivimos un verano de calor, incendios y playas invadidas por inmigrantes buscando un futuro mejor, como si España fuera El Dorado y, llegando aquí, su futuro cambiara drásticamente. Para su desgracia, esta incursión orquestada con la connivencia de Marruecos y el pasotismo del gobierno de España, nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Solo cuando hemos visto a miles y miles de personas arriesgando su vida para entrar a Ceuta, desnudos, con un simple flotador, a sabiendas de que iban a ser perseguidos y, probablemente, repatriados a Marruecos, algunos lo han hecho de manera voluntaria, mientras que otros malviven en condiciones lamentables dispersos por la ciudad o escondidos en los montes para no ser capturados.

Poco se habla de los que han muerto en el mar, ellos no tienen rostro ni nombre; su familia no puede identificarles porque ni siquiera conocen su paradero. Ceuta está exhausta y temerosa. Las autoridades fueron unos días, pero es verano y el presidente está de vacaciones en La Mareta, que también tiene derecho. Los problemas son de otros, él debe reponerse y descansar que bastantes avatares políticos le esperan a la vuelta. ¡qué cuajo!

La inmigración es un problema que estos gobernantes no han sabido conducir; primero fue la regularización extraordinaria llevada a cabo por el gobierno socialista del sr. Zapatero a partir de 2005, ahí empezó aquello de “papeles para todos”, porque en eso de ser Hermanitas de la Caridad y practicar un buenismo disfrazado de interés políticos, aquí somos maestros; a partir de ahí los cayucos y pateras que arribaban a las costas canarias fueron un problema creciente; basta decir que en los últimos cinco años se estima que han llegado más de 115.000 personas, muchos de ellos MENAS, proliferando un auge migratorio que España no puede asumir, ya que los CIE no dan abasto para atender a tanta gente.

Por si esto fuera poco, y con el fin de obtener los votos socialistas que el sanchismo prevé perder en las próximas elecciones generales, el gobierno con su presidente al frente, en un giro de tuerca muy propio de él, ha aprobado un Real Decreto para la regularización administrativa de medio millón de personas migrantes en situación irregular; de lo que se beneficiarán aquellos que acrediten haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, tener una permanencia continuada en nuestro país de al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales. A esto hay que añadir, siempre con intereses espurios, casi dos millones y medio de descendientes de españoles que han solicitado la nacionalidad amparados por la Ley de Memoria Democrática.

Si hacemos cuentas, a mal que le vaya al sanchismo, cada vez contará con nuevos adeptos dispuestos a votarle por aquello de devolverle el favor.